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Créditos: Agencia Uno
El sistema de nombramientos del Poder Judicial es un debate antiguo y nuevamente se pone en el foco tras el caso Audios. En el mundo político hay acuerdo para una reforma, pero aún no hay claridad de los detalles técnicos y fundamentales. Eso ha estancado un debate que lleva, por lo menos, 10 años.
Mañana, miércoles 19, la Corte Suprema suspenderá sus funciones para realizar un Pleno Extraordinario, a fin de analizar la situación que hoy tiene en el foco de la polémica al Poder Judicial. Luego de que Ciper revelara chats entre exjueces, ministros de la Corte e incluso con exministros de Estado de la administración Piñera II, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, propuso retomar el debate de reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial y también sus calificaciones.
Esto, como consecuencia de las revelaciones de los chats entre el exjuez de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, con el ministro Mario Carroza, así como con los extitulares de Defensa Mario Desbordes y Alberto Espina (actual consejero del Consejo de Defensa del Estado), por nombramientos tanto de magistrados del mismo máximo tribunal, entre ellos, María Teresa Letelier, como de notarios.
El sábado, el mismo medio publicó un reportaje en donde se revela que Gonzalo Migueles, esposo de la ministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, le habría ofrecido un doctorado y la Fiscalía Centro Norte al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, en medio de las postulaciones para el puesto de Fiscal Nacional. Migueles, además, habría estado involucrado con el nombramiento de Luis Fischer como Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, contactando a los otros postulantes para que desistieran de su carrera.
En el mundo político existe amplio acuerdo de que el sistema se debe reformar, y hay quienes –a la luz de la polémica– quieren darle urgencia, pero hay otros, como el Ejecutivo por ejemplo, que advierten que las conversaciones más complejas están por presentarse. Ayer, en el Comité Político ampliado que se llevó a cabo en La Moneda, no se abordó el tema en profundidad. Sin embargo, sí les advirtieron a los asistentes que hay que prestarle atención al sistema de nombramientos y a la polémica que habita en el Poder Judicial.
También preocupa en Palacio, además del tema de los jueces, lo que ocurre en el Ministerio Público, en cuanto a favores. Ahora bien, en el Ejecutivo se reconoce que la reforma al sistema de nombramientos es una conversación que se viene dando hace mucho y que es un tema que exige ser tratado con cuidado.
En dicho contexto, la diputada Camila Musante (Ind-PDD) se reunió el viernes con el presidente de la Corte Suprema para presentar y buscar su respaldo al proyecto de reforma constitucional que modifica el actual sistema de nombramientos. Musante explicó que este proyecto “requiere de máxima urgencia”, pues existe “un Poder Judicial que hoy está contaminado por la corrupción, por los nombramientos a dedo del señor Hermosilla, del exministro Desbordes y no sabemos cuántos personeros políticos más”.
La diputada le comentó a El Mostrador que, si bien han existido comentarios valorables respecto de su proyecto, “las voluntades no se miden en declaraciones de prensa, sino con acciones concretas”, y explicó que para que se discuta en la Comisión de Constitución de la Cámara hay dos caminos: el Ejecutivo le pone urgencia al proyecto o el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), lo pone en tabla. “Ni lo uno ni lo otro han resultado como caminos para la discusión y el debate legislativo”, puntualizó Musante.
Al respecto, la parlamentaria indicó que el aspecto clave a modificar es que se cree “un órgano autónomo, independiente, con los tres poderes del Estado e incluso profesores de Derecho, que sean quienes nombren a los jueces y ministros”. Eso, para generar “un contrapeso”, precisa la parlamentaria, porque “cuando hay tanta incidencia política, se abren los márgenes para que los señores Hermosilla, Desbordes, etcétera, vengan a nombrar a dedo, y eso es lo que busca blindar este proyecto, busca blindar la independencia del Poder Judicial de las presiones externas y de las presiones internas”. Sobre esto, la diputada afirmó que la Asociación Nacional de Magistrados ha respaldado la iniciativa.
El Mostrador contactó al diputado Calisto, quien aseguró que “en el mundo político hay consenso en que el sistema de nombramiento de jueces debe ser reformado. Necesitamos un sistema que asegure mayor transparencia y probidad”. Ahora, aunque valoró la señal de Musante, dijo que “lamentablemente es inconstitucional, pues irroga gasto público, lo que es una facultad exclusiva del Presidente de la República”. Musante descartó ese hecho y afirmó que la iniciativa sí pasó el examen de admisibilidad. Sin embargo, Calisto comentó a este medio que “soy partidario de que un proyecto tan importante como este debe nacer desde el Ejecutivo”.
En el mismo sentido, el diputado Calisto sostuvo que la línea de Musante es positiva, pero “hay que analizarla con tiempo y no apresurarse en una posible tramitación”. En específico, el parlamentario cree que se le debe prestar atención a “la conformación del Consejo”, pues es “un organismo compuesto por 19 personas, cuya conformación mayoritaria son miembros del Poder Judicial y los demás miembros se distribuyen entre los otros poderes del Estado, me parece que no es equilibrado”. Dicho eso, añadió que “asegurar el equilibrio es fundamental, para que ningún poder pudiese utilizar sus influencias que permitan el nombramiento de ministros y ministras de Corte”, detalló.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversó con El Mostrador y destacó que sobre la reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial hay un debate de larga data y existe acuerdo hace bastante tiempo acerca de reformar el sistema. El ministro indicó que “la propia Corte Suprema, desde el año 2015, es partidaria de separar gobierno judicial de función jurisdiccional, dejando las materias de gobierno judicial, es decir, nombramiento, calificaciones, disciplina y gestión administrativa de los tribunales en un organismo distinto”, lo que vendría a ser el diagnóstico general compartido.
A eso se suma un amplio consenso entre especialistas sobre la materia y el hecho de que en los dos procesos constituyentes se buscó la modificación del régimen de nombramiento. De esas propuestas, la de la Comisión Experta buscó la creación de un sistema de gobierno judicial compuesto por cuatro órganos que funcionarían autónomamente, de forma coordinada entre sí y con la Corte Suprema, a través de una Comisión Coordinadora de Justicia. Estos órganos eran el Consejo de Nombramientos Judiciales, el de Gestión Administrativa y Presupuestaria, un Comité de Disciplina y un órgano de Formación y Capacitación.
Sobre esto, el ministro Cordero explicó que dicha propuesta descansa en “los criterios convencionales en los cuales existían aproximaciones para esto” y eso no los exime de observaciones. En definitiva, el titular de Justicia señaló que en “todas las opciones se ganan cosas y se pierden cosas. Pero lo relevante es que estamos de acuerdo y por eso lo quiero poner en una perspectiva más allá de la contingencia”.
El secretario de Estado insistió en que “este es un problema que excede la contingencia, excede el escándalo” y “quizás situaciones contingentes permiten los impulsos finales en donde usted tiene que aprovechar la oportunidad y es una oportunidad muy acotada para entrar”, explicó, aunque agregó que “el Ejecutivo en esto quiere ser eficaz, no quiere simplemente ser testimonial”.
En ese sentido, Cordero explicó que, si bien hay amplio consenso, las preguntas que complejizan el avance todavía no están del todo en discusión: ¿debe ser un organismo donde se concentran todas las atribuciones o debe ser un organismo con competencias separadas? ¿Cuál es el rol que le corresponde a la política en la designación de los miembros de ese Consejo? ¿En el Consejo debe haber una mayoría judicial o no?
Sobre esas preguntas, dijo que “la reflexión y la posición del Ejecutivo es, asumiendo que tenemos ese consenso, bueno, entonces veamos genuinamente el detalle, porque es la única manera de poder resolver adecuadamente estas otras preguntas que nadie quiere responder, porque al responder esas preguntas ahora, inmediatamente, generan posiciones distintas”.
Por su parte, la académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exintegrante del Ministerio Público, María Elena Santibáñez, coincidió con el diagnóstico sobre los nombramientos en el Poder Judicial: “Hoy la forma de nombramiento no resiste mucho análisis, parece ser que efectivamente tiene que haber cambios”.
Ante ello, sostuvo que una alternativa es crear un Consejo de la Magistratura, que permitiría dejar fuera la injerencia política que pudiese haber en los nombramientos, y tomar en mayor consideración los elementos técnicos y la carrera judicial. En definitiva, “un organismo que sea lo más transparente”, precisó.
En ese sentido, Santibáñez señaló que un aspecto clave a reformar es el que tiene que ver con dividir la función jurisdiccional de la administrativa, porque la primera “desgasta mucho y hace que se pierda mucho tiempo, en circunstancias que lo más importante es el conocimiento y fallo de las causas judiciales”. Y sobre lo administrativo, la académica planteó que podría “quedar en manos de otros profesionales asociados a las distintas materias que se tratan”.
