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Fotos: AgenciaUNO
Ciper reveló que el 76% de las indicaciones presentadas por los diputados Bobadilla (UDI), Moreira (UDI) y Berger (ind-RN) son muy similares al informe de la gremial pesquera Sonapesca, lo que vuelve a suscitar preocupaciones sobre la influencia del sector privado en la discusión de la Ley de Pesca.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir las indicaciones de la nueva Ley de Pesca, un proyecto ingresado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a finales de 2023. Y, aunque el debate recién comienza, ya se vislumbra la necesidad de monitorear la posible influencia del sector privado en la discusión parlamentaria.
La iniciativa tiene dos objetivos principales: establecer nuevas bases legales para el sector pesquero y abordar el proceso legislativo de la actual ley, afectada por casos de corrupción, como el del exsenador Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho, y el del exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, sentenciado por delitos tributarios y soborno.
El medio Ciper revisó las indicaciones presentadas y descubrió que el 76% de las propuestas patrocinadas por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son casi un calco de un informe de Sonapesca, la gremial empresarial del sector pesquero.
El informe de Sonapesca, titulado “Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21”, fue elaborado por la consultora Acuiestudios y entregado a la comisión el pasado 2 de mayo. Este documento de más de 200 páginas desglosa la propuesta gubernamental y sugiere cambios a la mayoría de sus artículos. Entre los autores del informe destaca la abogada Jéssica Fuentes, exfuncionaria de la Subsecretaría de Pesca durante el primer gobierno del fallecido Sebastián Piñera, cuando se gestó la controvertida ley anterior.
Los diputados Bobadilla, Moreira y Berger presentaron un total de 276 indicaciones, de las cuales, de acuerdo al citado medio de investigación periodística, 211 son idénticas a las de Sonapesca y otras 41 muestran leves diferencias de redacción. Inicialmente, también contaban con la firma del diputado Eric Aedo (DC), quien luego retiró su apoyo alegando razones técnicas y la sospecha sobre el origen de las indicaciones.
Sergio Bobadilla, conocido por su relación con la industria pesquera, ha estado bajo escrutinio en el pasado por sus vínculos con Asipes, la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío. En 2019, fue citado a declarar por pagos de $26 millones recibidos entre 2014 y 2016 de esta agrupación empresarial.
Aunque es común que los legisladores reciban propuestas de diversos actores durante los debates legislativos, el caso actual llama la atención por el elevado número de sugerencias copiadas directamente de Sonapesca. Esta situación preocupa debido al historial de influencias opacas en la legislación pesquera anterior, que culminó en condenas judiciales.
Entre las indicaciones extraídas del informe de Sonapesca, algunas afectan directamente a la pesca artesanal y otras buscan suavizar las sanciones por comercializar o almacenar especies vedadas. La gremial empresarial agrupa a 11 asociaciones pesqueras y cerca de 100 compañías, siendo presidida actualmente por Osciel Velásquez, empresario de extracción de camarones y langostinos.
Ciper señala que Sonapesca confirmó que su informe también fue enviado al Ministerio de Economía y que algunas de sus recomendaciones fueron consideradas en las indicaciones presentadas por los diputados. Según la gremial, las propuestas de ley gubernamentales presentan importantes falencias y defectos estructurales que justifican las sugerencias del sector privado.
El senador Fidel Espinoza (PS) manifestó en su cuenta de X que “quieren enviar a los parlamentarios que hicieron copy paste con 211 indicaciones de la nueva Ley de Pesca que se tramita en la Cámara a la comisión de ética. Eso no sirve de nada. Deben enviar los antecedentes a la Fiscalía. Ya basta. Debe suspenderse tramitación actual. Ya está corrupta”.
Cabe mencionar que en el contexto de la ley anterior —también conocida como Ley Longueira—, en 2017, si bien reconoció la correspondencia con empresas pesqueras, la entonces presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sostuvo que no influyó su labor legislativa, a pesar de que correos —también revelados por Ciper— mostraban una estrecha coordinación entre ella y Luis Felipe Moncada, entonces gerente de Asipes. JVR declaró en calidad de imputada en la investigación por posibles delitos de cohecho y fraude al Fisco, pero finalmente fue sobreseída.
El debate sobre la nueva Ley de Pesca continúa, con la atención puesta en la posible influencia de Sonapesca y otros actores privados en las decisiones legislativas. La historia reciente de corrupción en la legislación pesquera chilena resalta la necesidad de una vigilancia rigurosa para asegurar un proceso transparente y equitativo.
