Reforma al sistema de nombramientos judiciales: consenso en que no puede haber cambios precipitados

Hoy, a la nueve de la mañana, los ministros de la Corte Suprema, encabezados por su presidente Ricardo Blanco, darán inicio al Pleno extraordinario en que el cual analizarán y evaluarán los últimos hechos que han acaecido en el Poder Judicial, a raíz de la filtración de mensajes de WhatsApp en los que se revela un presunto tráfico de influencias entre exjueces, integrantes de Cortes y ministros de Gobierno del segundo mandato de Sebastián Piñera.

Desde el Congreso, diputados de diversos colores políticos ya hablan de una reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial y plantean que la discusión, a la luz de la polémica, debe darse de manera urgente. Sin embargo, el debate lleva por lo menos 10 años y existe amplio consenso entre especialistas, e incluso en la Corte Suprema, en que debe haber una reforma, pero de todas maneras debe darse una discusión con tiempo.

Como informó El Mostrador ayer, existe amplio consenso en orden a la necesidad de una reforma en designación de jueces, y entre quienes piensan que se debe dar un debate eficaz está el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostiene que “creo que es relevante escuchar la opinión de la Corte”, a propósito del Pleno que se llevará a cabo hoy.

Además, asegura que hay varios insumos sobre la materia: “Nosotros conocemos las opiniones de la Corte Suprema del 2015 y la de los dos procesos constituyentes”, además, se agrega el proyecto de ley de la diputada Camila Musante y una reforma que se trató de llevar a cabo durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

Ciper publicó los chats que evidencian que Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, habría ofrecido un doctorado y la Fiscalía Centro Norte al fiscal de Aysén, Carlos Palma, luego de que este no fuera designado como Fiscal Nacional. Vivanco, a través de un comunicado, se defendió, asegurando lo siguiente: “Son mensajes personales de él. Aquí ha habido un exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte”, señaló la ministra.

A su vez, Migueles, consultado por Ciper, se desmarcó afirmando que no es funcionario público, por lo cual “cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros solo me representa a mí”. Además, según consignó La Tercera, Vivanco le mandó un WhatsApp al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, manifestándole su preocupación “por la desafortunada participación de un fiscal del Ministerio Público en este reportaje”, en alusión al fiscal Palma, quien a su vez dijo a Ciper que él no había pedido favor alguno y que le había enviado el pantallazo de la conversación a Luis Hermosilla (amigo de Migueles) para hacerle presente su molestia por lo que calificó como una “suerte de oferta”.

Si embargo, según informó el medio mencionado, Valencia no le respondió a Vivanco, sino que le “dejó el visto”, tras lo cual le solicitaron a la ministra del máximo tribunal del país que pidiera una audiencia formalmente, a través de correo electrónico institucional.

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El abogado, profesor del Departamento de Derecho Público de la UDP, director del Programa de Doctorado de la misma casa de estudios y catedrático de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), Javier Couso, en conversación con El Mostrador, entregó su análisis respecto a los hechos ocurridos en el Poder Judicial y los pasos que debería transitar la reforma que se haga al sistema. A modo preliminar, comenta que no debería darse una discusión al alero de la polémica.

Señalando que lo ocurrido es grave, afirma que “lo primero es que se investigue a cabalidad lo ocurrido (con énfasis acerca de por qué sucedió)”. Sobre eso, precisa, “solo una vez investigado a fondo lo sucedido me parece que procede introducir cambios al sistema de nombramientos de jueces”.

En ese sentido, el académico coincide en que no hay que actuar a la luz del escándalo: “Hay que evitar que se reforme precipitadamente el sistema, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, si se hace apurado y sin una evaluación nítida de las causas del problema”. Asegura que lo que está en juego –la independencia judicial y la probidad al interior de la judicatura– “es tan importante que lo peor sería legislar apurado, que suele equivaler a legislar mal. Utilizo la expresión ‘legislar’ informalmente, porque la reforma al sistema de nombramientos de jueces demandará una reforma constitucional, así como reformas legales”, puntualiza.

Entre las propuestas que se barajan, una que suena en boca de distintas personas es que el sistema de nombramientos esté a cargo de un organismo autónomo. Al respecto, Couso advierte que dicho sistema “también podría estar expuesto a tráfico de influencias o a su politización, así que debe estar no solo muy bien diseñado –quizá incluyendo el rol de ese ente con confirmación del Senado para integrantes de la Corte Suprema y de Apelaciones–, sino que debe seguir habiendo un fuerte y permanente escrutinio de la prensa y la sociedad civil”.

“Si ha entrado la lacra de la corrupción a la judicatura, no bastará con una reingeniería constitucional o legal, sino con un cambio cultural”, dice Couso, “y eso toma tiempo”, subraya.

Hecha la advertencia, indica que la clave de la reforma al sistema de nombramientos es, en suma, saber “qué tan profundos son los niveles de tráfico de influencias y faltas a la probidad, qué llevó a que ocurriera esto, qué señala la experiencia comparada en cuanto a diseños que minimicen la oportunidad de que esto se repita y cómo propiciar el cambio de una cultura judicial jerárquica, en que (algunos) de quienes están en la cima de dicha estructura se sienten impunes”.

En definitiva, Couso cree que “hay que evitar que se desprestigie a la (mayoría) de las y los jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones, que son íntegros, por las aparentes faltas a la probidad de unos pocos”.