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El caso de las gift cards es solo la punta del iceberg. Funcionarios de Mejor Niñez y del Sename llaman a los ministerios de Desarrollo Social y de Justicia a analizar responsabilidades políticas ante “experimentos mal diseñados”. Consideran que “la esperanza de un mejor servicio no ha sido real”.
Desde el 1 de octubre de 2021, el servicio estatal conocido como Mejor Niñez tiene la responsabilidad de la protección especializada a las infancias y adolescencias vulneradas. A partir de esa fecha, oficinas de protección de derechos, programas de diagnóstico y ambulatorios, familias de acogida, residencias y adopciones, quedaron a cargo del nuevo organismo.
En paralelo, el Servicio Nacional de Menores (Sename) –cuyo cierre definitivo está pensado para 2026– quedó a cargo de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil, es decir, de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años, así como de los programas de apoyo para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes.
Esas funciones las siguen desarrollando funcionarios del Sename hasta que entre en vigencia en todo el país el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente está en implementación por macrozonas.
En medio del rediseño y pese a los avances, se han registrado críticas situaciones que no solo preocupan e involucran a funcionarios de Sename y Mejor Niñez. Hacinamiento, listas de espera con sobrecupo, mal manejo de fondos públicos y casos de abuso sexual persisten, levantando alarmas también en el Congreso. En ambas Cámaras se han solicitado sesiones especiales para abordar la crisis, emplazando tanto al Gobierno como a la Defensoría de la Niñez y a la Fiscalía.
Pero la situación preocupa especialmente a los trabajadores, quienes, si bien reconocen logros como el necesario cierre de los masivos CREAD, hasta ahora sienten que se ha roto la promesa de una “mejor niñez”. Por eso, piden analizar responsabilidades políticas a raíz de una implementación “improvisada”.
Hoy, las asociaciones sindicales del Servicio Nacional de Menores (Antrase), del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (Anfur) y del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Antrap) reiteran su inquietud ante la actual situación que atraviesan la infancia y la adolescencia en Chile.
Tras una reunión con la directora nacional subrogante de Mejor Niñez, Victoria Becerra, los trabajadores de los tres servicios (Antrase, Anfur y Antrap) denunciaron públicamente, una vez más, las “persistentes deficiencias” en los recientes cambios implementados, subrayando que el cierre del Sename, lejos de resolver problemas, ha evidenciado aún más las fallas de un sistema de protección que prometía mejoras significativas pero que, según indican, ha quedado corto en su ejecución.
En palabras de los representantes sindicales, “la esperanza de un mejor servicio no ha sido real”, criticando duramente la aplicación de políticas públicas mal diseñadas y promesas incumplidas. Señalan que los “experimentos” implementados no responden a las necesidades reales de protección y reinserción de niños, niñas y adolescentes, incumpliendo así la promesa nacional de ofrecer servicios adecuados para este sector vulnerable de la sociedad.
Además, han manifestado su firme oposición a la “improvisación” y “falta de diseño coherente con la realidad nacional” en los nuevos servicios implementados, los cuales –a su juicio– adolecen de inadecuado respaldo técnico y presupuestario. Acusan que estas deficiencias han relegado el tema de la infancia a un tercer plano, a pesar de ser declarada prioridad nacional desde el acuerdo por la infancia suscrito en el Gobierno anterior.
Y es que “poner a los niños primeros en la fila” fue la promesa del gran Acuerdo Nacional por la Infancia, impulsado en 2018 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y firmado también por el entonces diputado Gabriel Boric, cuya participación le valió críticas dentro de su propio sector. Ese acuerdo dio paso a todo el rediseño en ejecución, hoy de la mano de la administración del Presidente Boric.
En un llamado directo, Antrap, Anfur y Antrase exigen al Ministerio de Desarrollo Social y su titular, la ministra Javiera Toro; a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; al ministro de Justicia, Luis Cordero; y al subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, “que analicen la responsabilidad política en la implementación de servicios mal diseñados e implementados”.
Además, solicitan que la directora nacional subrogante de Mejor Niñez, Victoria Becerra, pida disculpas públicas y defina el término “cultura Sename”, utilizado en una entrevista con este medio.
“Pretender traspasar, como chivo expiatorio, a los trabajadores los problemas actuales del Servicio Nacional de Protección Especializado, nos parece un grave error”, señalan desde las asociaciones sindicales.
Asimismo, alertan a la comunidad sobre complejos problemas detectados en la macrozona norte, donde comenzó la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, el cual –según indican– reproduce los errores observados en la creación de Mejor Niñez, los mismos que la Defensoría de la Niñez advirtió desde 2018.
Desde Antrase, por ejemplo, sostienen que no se cumplió con la dotación adecuada para el desarrollo institucional y no se respetaron los grados comprometidos con algunos funcionarios, emplazando también a la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, los sindicatos hacen un llamado urgente a todos los actores políticos y sociales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, a abordar de manera prioritaria y coordinada las necesidades críticas planteadas por los trabajadores de estos servicios. Instan a trabajar en conjunto para evitar una nueva crisis en la atención de la infancia y adolescencia en Chile.
Antrap, Anfur y Antrase mantienen reuniones semanales y jornadas de reflexión y movilización, con miras a trabajar en un documento único que sirva como propuesta, desde los trabajadores, para dar una salida dialogada a este estado de crisis, aunque no descartan un llamado a paro nacional –con turnos éticos, precisan– o la realización de una marcha por la niñez y la adolescencia.
El Mostrador reveló que millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas han sido mal utilizados por los propios funcionarios de Mejor Niñez, incluso para fines personales. Hoy, sumado a todos los desafíos del rediseño para dejar atrás el desprestigiado Sename, se investiga el destino de varios millones que el servicio desembolsó para comprar gift cards canjeables en tiendas del retail y que se implementaron en residencias administradas por el Estado precisamente en el proceso de transformación. Esto aumentó la indignación en los trabajadores.
Desde la Subsecretaría de la Niñez han sostenido que esta modalidad llegó para dejar atrás el burocrático sistema de compras públicas y hoy permite compras personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales de niños, niñas y adolescentes. En principio, se implementó en familias de acogida (pañales, fórmulas de alimentación, leche, vestuario y otros enseres de primera necesidad), y luego para residencias de tipo familiar de administración directa, evitando así la compra al mayoreo de elementos y artículos estándar.
En diálogo con este medio, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, reconoció graves problemas de control con el uso de las gift cards en residencias administradas por Mejor Niñez, lo cual está siendo investigado.
El caso se descubrió casi por accidente en Arica, en enero de este año, a raíz de la alerta del vendedor de una multitienda. Esto llevó a una revisión peso a peso a nivel nacional, dando paso a tres denuncias presentadas al Ministerio Público (por el caso de Arica), cuatro sumarios administrativos iniciados (en Arica, Maule, RM y la Dirección Nacional, por irregularidades en la gestión financiera) y tres funcionarios suspendidos de manera preventiva (también de Arica).
Luego de detectar el uso indebido de este instrumento en tres direcciones regionales, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ordenó, el 30 de abril de 2024, la suspensión del uso y la entrega de las tarjetas, lo que –aseguran– no interrumpe ni ralentiza las compras de cara al invierno. Esto, junto con reforzar los mecanismos de control.
Según datos del servicio, la suspensión de uso y la devolución de tarjetas a la Dirección Nacional, que a la fecha cuenta con 25 mil tarjetas recuperadas, equivalen a $2.500 millones (más de la mitad de los $4.500 millones que el servicio desembolsó para comprar gift cards desde el año 2021).
El monto observado en la Región de Arica y Parinacota asciende a más de $45 millones. Mientras, en Valparaíso, más del 90% de las operaciones revisadas presenta observaciones en la pertinencia y respaldo de las rendiciones presentadas. Asimismo, más del 60% de los montos auditados en la Región Metropolitana y Maule se encuentra observado (gastos sin rendir, otros sin registro, compras injustificadas).
En Talca, por ejemplo, Antrap reveló que sostuvieron una reunión el 24 de enero con la directora regional, en la que los dirigentes dieron cuenta del tema de las gift cards, estando al tanto de lo sucedido en Arica. El sumario se abrió el 28 de marzo y los trabajadores se preguntan qué sucedió en ese lapso.
Las gift cards se utilizan desde el inicio del Servicio de Protección en octubre de 2021, pero se venían usando en el Sename al menos desde 2018.
