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De acuerdo a un informe elaborado por el académico UDP Claudio Fuentes, la cantidad de leyes sitúa a la administración Boric como la con el mayor número de proyectos ratificados en esta materia entre 1990 y 2021.
Un total de 54 leyes de seguridad pública se han aprobado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, siendo la administración con el mayor número de proyectos ratificados en esta materia entre 1990 y 2021.
Los datos fueron obtenidos gracias a un informe realizado por el académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, quien analizó los proyectos legislativos relacionados con la seguridad pública presentados al Congreso Nacional entre el 11 de marzo de 2022 y el 19 de abril de 2024.
Del total de leyes aprobadas, el 59,6% se enfocan en políticas punitivas (normas que acentúan el control y el castigo) y el 40,4% en medidas preventivas (destinadas a mejorar la institucionalidad para evitar problemas futuros). El informe advierte que el enfoque en leyes punitivas desvía la atención de áreas cruciales como la investigación criminal, el rastreo de dinero ilícito y referidos al sistema penitenciario, lo que podría generar un efecto “búmeran”.
Esto, porque se agudizan los niveles de hacinamiento de las cárceles del país y generar dinámicas de mayor articulación de personas bajo reclusión en dichos recintos.
Para obtener los datos de este informe, se analizaron 1.917 proyectos presentados en el Congreso Nacional, de los cuales 429 involucran directamente temas relacionados con la seguridad pública ciudadana. Las principales propuestas tienen que ver con medidas para endurecer penas y limitar las salidas alternativas a condenados, que representan el 46% del total. Le siguen políticas de prevención, con un 13%, y reformas (principalmente al Código de Procedimiento Penal), con 9,7%.
Al respecto, el autor del informe señaló que identificó dos momentos críticos en la presentación de propuestas en el ámbito de la seguridad: agosto de 2022 y abril de 2023. “Esto tiene una explicación coyuntural asociada a un fuerte debate público sobre la delincuencia”, explica.
“En los cinco primeros meses del gobierno de Boric se debatió intensamente sobre la denominada ‘crisis de seguridad’. Por otra parte, tras el fallecimiento de tres carabineros en servicio, en abril de 2023 el Gobierno y el Congreso Nacional acordaron tramitar de modo prioritario un paquete de proyectos legislativos”, añade Fuentes.
Como la mayor cantidad de leyes aprobadas son punitivas, el sistema penitenciario sería el más perjudicado (37,3%), seguido por las policías (12,4%) y las Fuerzas Armadas (10,1%).
La investigación advierte que, de no mediar una reforma muy significativa al sistema penitenciario, “las reformas legales tendrán un efecto directo en el incremento en los niveles de hacinamiento. Las estadísticas disponibles a la fecha muestran el aumento constante de la población bajo sistema cerrado desde el año 2021 a la fecha, lo que sin duda podría tener consecuencias complejas de no mediar reformas en las condiciones de las cárceles”.
Finalmente, indican que abordar el fenómeno de la criminalidad mediante la creación de nuevos delitos o la ampliación de los existentes no garantiza necesariamente una mejora en las capacidades de detección e investigación de las agencias estatales. Además, el incremento de penas no necesariamente disuade el crimen como se espera.
