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Expolicía de grupo antisecuestros venezolano queda en prisión tras secuestrar a una mujer PAÍS

Expolicía de grupo antisecuestros venezolano queda en prisión tras secuestrar a una mujer

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Investigación de la Fiscalía y la PDI culminó con la detención de dos sujetos por secuestro extorsivo y robo con intimidación. Uno de ellos, como lo evidencian sus redes sociales, perteneció a equipo de elite de la Guardia Nacional Bolivariana.


El trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama y funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Copiapó, permitió la detención de dos personas por su participación en los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación y violencia en contra de una mujer en Copiapó.

Uno de los detenidos, identificado como Simayker Ortiz Torres, de 27 años, fue funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cual formó parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de dicho cuerpo policial. Creado en 2013, es un comando de élite, que como lo dice su nombre, se dedica a la investigación y represión de los delitos de secuestros y extorsión.

Respecto del caso, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, subprefecto Patricio Arévalo, indicó que a partir de las diligencias ordenadas por el fiscal de turno en horas de la madrugada de ayer se realizaron distintas entrevistas y el análisis del sitio del suceso, pudiendo con ello determinar la participación de dos ciudadanos venezolanos en los hechos denunciados.

Según indicó el oficial, “ambos involucrados abordaron a la mujer víctima en el interior de un local de comida rápida en Copiapó, a quien agredieron, sustrajeron especies personales y la subieron a un vehículo para mantenerla secuestrada por alrededor de dos horas, mientras le pedían información de un tercero que había participado del robo de un auto de uno de los participantes del secuestro. La víctima fue luego liberada en el sector de las tomas de Andacollo en esta ciudad”.

La audiencia de formalización de estos delitos fue asumida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, quien argumentó que los hechos indagados comenzaron con el robo de un vehículo a uno de los imputados, quien junto al segundo detenido y a otros sujetos aun no identificados quisieron hacer justicia por sus propias manos, ubicando el auto sustraído en el local de comida rápida, lugar en que interceptaron a una mujer que acompañaba a quien ellos sindicaban como el responsable de la sustracción del móvil, sujeto que se dio a la fuga.

“A pesar de que existe certeza que la mujer no tenía relación alguna con el robo, la agredieron, le robaron sus pertenencias y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad por aproximadamente dos horas, mientras de manera paralela era extorsionada para que entregara información del autor del robo del vehículo, acción que llevó a los detenidos a cometer dos delitos que acarrean penas de crimen y cuyas investigaciones fueron formalizadas, tales como el secuestro extorsivo y el robo con violencia e intimidación”, dijo el fiscal.

Durante la audiencia, este explicó que Ortiz exhibía en sus redes sociales imágenes en las que vestía el uniforme del CONAS y que, “frente a ello, los alegatos referidos a que desconocía que la acción que estaba cometiendo involucraba un delito no tiene lógica, pues esta persona se dedicaba en su país de origen a prevenir precisamente este tipo de ilícitos”, concluyó el fiscal.

Imágenes

En la audiencia en que se presentaron los cargos en contra de ambos detenidos, la fiscalía presentó distinta evidencia reunida en esta etapa inicial de la causa, entre ella las imágenes de las cámaras de seguridad del local en que fue interceptada la víctima, que muestran como tres sujetos con sus rostros tapados descienden desde dos vehículos, a las 23.10 horas del martes, y sacan por la fuerza a la víctima desde dentro del local en que se encontraba

En su resolución, el juez de turno indicó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público corroboraron la participación de los detenidos, decretando su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

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