PAÍS
Los protagonistas de esta historia no son Richard Gere y Julia Roberts, pero los hechos que se desencadenaron luego de conocerse son dignos de una serie de ficción, pues terminaron con cuatro miembros de la organización criminal transnacional sentenciados a altas penas en Puerto Montt.
Corría septiembre de 2021 y, pese a la pandemia y los coletazos del estallido social, algunos rubros comerciales seguían tan boyantes como siempre, especialmente el comercio sexual. Cierta madrugada de ese mes, un profesional con domicilio en Puerto Montt se encontraba en su casa, junto a un amigo, y decidieron buscar un par de escorts.
Para ello, ingresaron a una página web que publica avisos de trabajadoras sexuales en la zona sur del país y seleccionaron a dos. Convinieron la tarifa (145 mil pesos per cápita, por dos horas de servicios sexuales) y ambas llegaron muy pronto al domicilio donde las esperaban.
Las cosas no salieron como el solicitante del servicio lo esperaba. Como él mismo se lo diría con posterioridad a la policía civil, estaba habituado a contratar prostitutas y, de hecho, dedicaba parte importante de sus ingresos mensuales a ello. Fue por eso que, cuando las dos jovencitas venezolanas arribaron, notó algo extraño, especialmente en una de ellas, la misma que había seleccionado en la página web. Se veía desganada, triste y, definitivamente, sin ninguna intención de ejercer su oficio. Como diría más tarde a la PDI, la muchacha no sonreía en momento alguno.
Ambos se pusieron a conversar y ella le explicó que llevaba muy poco tiempo en Chile y en Puerto Montt. El hombre empatizó con ella y transfirió el dinero que había transado a una cuenta de banco que estaba a nombre de un sujeto extranjero.
Luego de ello, fue a dejarlas hasta el lugar donde vivían, que no era más que un prostíbulo encubierto, ubicado en la esquina de calles San Felipe con Benavente, en pleno centro de la capital regional.
Como intercambiaron números, comenzaron a chatear y, de a poco, la joven le fue contando que era prisionera de una organización criminal, que la había captado en Colombia, ofreciéndole llevarla a Chile a cambio de 4 millones de pesos, que ella debía regresar ejerciendo el comercio sexual. Aceptó, solo para percatarse –una vez en Talca, que fue la primera ciudad en la cual estuvo– que le quitaban la mayor parte del dinero que producía, que la obligaban a trabajar casi todo el día, sin descanso, y que estaba amenazada.
Además, la muchacha indicó a su nuevo amigo chileno que eran varias las mujeres que estaban viviendo lo mismo. En sus mensajes, le decía derechamente que la estaban explotando, que se quería escapar de allí y que el momento ideal para hacerlo era en las mañanas, porque a esa hora “los chamos” estaban durmiendo, en referencia a los venezolanos que la explotaban.
Habitué de foros virtuales de comercio sexual, el individuo descubrió, además, que había varios sujetos que comentaban haber tenido “experiencias” semejantes con las venezolanas de Puerto Montt. Uno de ellos, que se identificaba como “Kalifa del Sur”, decía que supo de ellas por “un datito under que me conseguí”, pero que “mi experiencia fue horrible”.
Otro, un tal “Alex Valdiviano”, decía que “decliné de inmediato” tras saber que eran venezolanas, asegurando que “las weonas pasaron por el paso Colchane a pata pelá, jaja”. Un tercero aseguraba que ir donde ellas “es casi la crónica de un guatazo anunciado”.
Con todos esos antecedentes, el hombre se acercó a la PDI de Puerto Montt. Luego de pedir que su nombre no quedara registrado, explicó lo que estaba sucediendo y así fue como, a inicios de diciembre de 2021, un oficial de la PDI, autorizado para dichos fines por la Fiscalía Local de Puerto Montt, comenzó a actuar como agente encubierto, pidiendo una cita con la víctima por medio de la página en la cual esta se anunciaba.
De ese modo, comenzó una de las primeras investigaciones en Chile respecto del Tren de Aragua (casi coetánea con las que había en Iquique y Arica), organización criminal transnacional cuyo principal negocio es, precisamente, el tráfico de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación fue asumida por el persecutor Marcelo Maldonado, actual fiscal jefe de Calbuco, y en ella trabajó un equipo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Puerto Montt, apoyado por detectives de las Brigadas de Trata de Personas y de Lavado de Activos de Santiago.
Los detectives infiltraron al grupo y sus comunicaciones y comenzaron a efectuar una serie de descubrimientos muy importantes. El primero de ellos fue que los implicados en los hechos formaban parte de una célula del Tren de Aragua (TDA) que ingresaba a mujeres por pasos no habilitados en Chacalluta (donde contaban con una casa en medio del desierto) y también por Colchane.
En la indagatoria se descubrió, además, que aprovechando la plataforma “Tu empresa en un día” (cuya única exigencia es un RUT chileno) los sujetos crearon una empresa de fachada: “Luna Manicure” SpA, domiciliada en Temuco, la que utilizaban para lavar el dinero obtenido de la explotación sexual, que no era poco.
Algunas de las mujeres indicaron a la policía que generaban a la banda ganancias por 4 millones de pesos mensuales, de los cuales ellas recibían una fracción solo suficiente para sus gastos básicos.
En la indagatoria se calculó que las mujeres explotadas por el grupo llegaron a ser unas 40, lo que da una idea de los ingresos con que contaba el grupo.
El cabecilla del mismo, de hecho, Héctor Almérida Osto, se jactó en sus redes sociales de la compra de un auto nuevo, sobre el cual escribió “de mí pa mí”, como si fuera un regalo que se hubiera hecho a sí mismo. En las redes también era frecuente verlo ostentando ropa y zapatillas deportivas de elevado valor (como se ve en la foto principal), pero como se determinó en la investigación, dicho vehículo, así como otras especies, fueron adquiridos con dinero proveniente de la explotación de las jóvenes, 12 de las cuales finalmente prestaron testimonio en el juicio que se desarrolló en Puerto Montt y que terminó con elevadas condenas para los cuatro individuos que fueron acusados (hay otras dos personas que forman parte de la banda y que se encuentran prófugas).
En la indagación se determinó que los sujetos encabezados por Almérida operaban en función de una franquicia del Tren de Aragua.
En otras palabras, el grupo original les había autorizado a utilizar el nombre de ellos y el sistema de “trochas” o “asesores”, como denominan a los traficantes de personas que tienen en Colombia, Perú, Bolivia y Chile, que se encargan de mover a los migrantes de país en país, pasando fronteras en forma clandestina.
Además de que las mujeres estaban permanentemente amenazas –como varias lo denunciaron durante el juicio oral– con la vida de sus seres queridos en Venezuela, también se les recordaba en forma permanente que, si escapaban e intentaban regresar, no lo podrían hacer, dado que el TDA maneja todas las “trochas” en el trayecto migratorio de regreso.
Sin embargo, en medio de todo el tiempo que estuvieron en Chile las víctimas fueron literalmente disputadas por el grupo de Almérida, por sujetos pertenecientes al “Tren del Desastre”, que es otra facción del Tren de Aragua, y que era representada por un sujeto al que le decían “Arturito”, y por el TDA mismo.
De hecho, pese a que durante el proceso los ahora condenados dijeron varias veces que ellos nada tenían que ver con el Tren de Aragua y que este los amenazaba, en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Iquique contra el grupo aparecen claras vinculaciones a nivel de lavado de activos y no solo eso: una de las víctimas, que llegó en 2020 a Iquique, logró pagar la “multa” (el dinero por el traslado), tras lo cual logró ser liberada, por lo cual ella comenzó a poner avisos ofreciendo sus servicios, hasta que cierta noche la contactó un supuesto cliente, quien la fue a ver.
Luego de mantener relaciones, le dijo que se llamaba “Estrella” (el mismo seudónimo que utilizaba el máximo líder del TDA en esa ciudad, Carlos González Vaca) y que debía comenzar a pagarle 100 mil pesos semanales, diciéndole que sabían todo acerca de ella y de su familia y que, si no lo hacía, debía atenerse a las consecuencias, tras lo cual la golpeó con la cacha de una pistola.
Posteriormente apareció otro sujeto en escena, quien le dijo que se llamaba “Satanás”, el mismo apodo del sicario Hernán Landaeta Garlotti, que acaba de liderar el motín de la cárcel de Alta Seguridad en Santiago, quien le advirtió que tuviera cuidado, pues ellos eran del TDA. Unos días después la llamaron, indicándole que estaban afuera de su departamento, en una van, y que debía pagar los 100 mil pesos semanales, los que ella comenzó entonces a pagar cada sábado a “Estrella”.
Varias mujeres, como si fueran objetos, fueron “quitadas” a la célula de Almérida por otros sujetos del TDA, debido a que se atrasaron con el pago de la franquicia. Ello motivó que uno de los miembros del grupo debiera viajar hasta Venezuela, a fin de negociar con el tren en su territorio, luego de lo cual las cosas volvieron a la “normalidad”.
El fiscal Maldonado explicó a El Mostrador que, efectuadas las primeras diligencias investigativas e identificados los miembros de la banda, así como las cuentas corrientes y redes sociales que utilizaban, se allanaron los domicilios que tenían en Puerto Montt, Osorno y Temuco, encontrándose –como ya sucedió en el caso de “Los Gallegos”, en Arica– “cuadernos con anotaciones en las cuales se da cuenta de los registros que se llevaban, incluso pagos que se hacían a líderes del tren de Aragua que se encontraban en Venezuela”.
Debido a ello, el persecutor calificó la condena como “histórica, inédita y simbólica, en el sentido de significativa”. Según explicó, es una sentencia histórica “porque es la primera vez que se condena, en nuestra región por lo menos, por delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ello hace levantar las alertas necesariamente a lo que está sucediendo como fenómeno criminal en una zona tan lejana del centro de nuestro país”.
Además, agregó que es inédita, porque en Chile “es la primera ocasión en la cual se logra condenar a personas vinculadas al Tren de Aragua, a esta organización criminal que está en toda Sudamérica”.
Al respecto, detalló que, ante el amedrentamiento de que eran objeto las víctimas, estas “eran explotadas, atendiendo a 10 o a 15 clientes diarios, incluso en algunas oportunidades sin descanso, viviendo en el mismo lugar donde trabajaban, siendo explotadas incluso durante periodos de enfermedad o incluso durante los periodos menstruales que ellas tenían, atentando en contra de su dignidad”.
Además, destacó que “también es un fallo simbólico, significativo, en lo que dice relación con la reparación de justicia para las víctimas, en primer lugar porque al líder de la organización se le sanciona con la pena más alta posible dentro del ordenamiento jurídico, como es la reclusión perpetua, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tanto en el caso de mayores como de menores de edad, lo que significa que esta persona va a permanecer privada de libertad por el resto de su vida, y que si pudiera en algún momento optar a algún tipo de beneficio penitenciario, va a poder hacerlo recién después de 20 años de su pena, lo que no significa necesariamente que se le van a dar”.
Además, destacó que, aparte del presidio perpetuo, ese mismo sujeto (Héctor José Almérida Osto) fue condenado también a otras dos penas de 5 años y un día por lavado de activos y asociación ilícita, añadiendo que “es una persona joven, de 25 años, por lo que no antes de los 55 años va a poder recién optar a su libertad como opción”.
Su padre, en tanto, Héctor Almérida Robles, fue condenado a una pena de 20 años por el delito de trata de personas, además de una condena adicional de 5 años y un día por el delito de lavado de activos.
Jean Carlos Ustariz Mendoza, en tanto, recibió 16 años por trata de personas, y Yexon Santiso Linares 15 años y un día. Ambos, además, fueron condenados a 5 años y un día por lavado de activos y a 541 días por asociación ilícita.
Respecto del delito de lavado de activos, el fiscal Maldonado precisó que, además de la compra del auto y de un celular de alta gama, parte del dinero que ellos ingresaban a distintas cuentas bancarias eran transferidos al extranjero: “Solo en febrero del año 2022, estas personas enviaron cerca de 8.500 dólares hacia el extranjero a través de casas de cambio”.
La sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt fue dictada por los jueces Andrés Villagra, Jorge Díaz y Cristian Rojas, y contrasta fuertemente con la emitida días atrás por el TOP de Arica, en el cual fueron enjuiciados tres miembros del “Tren del Coro”, un grupo formado por descolgados de “Los Gallegos”, quienes recibieron penas de 12 y 11 años.
