PAÍS
El 8 de agosto, por primera vez, serán imputados en una misma causa los responsables del motín de la cárcel de alta seguridad, entre los cuales se encuentran los reos más peligrosos del país.
En uno de los primeros coletazos formales que deja el motín del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), que comenzó el 6 de junio pasado y se extendió por al menos 11 días, para el próximo 8 de agosto fue fijada la primera audiencia de formalización respecto de dichos incidentes, puntualmente por los delitos de amenazas y atentados contra la autoridad, a raíz de lo ocurrido en la madrugada y mañana de ese día.
Como informó El Mostrador, pasadas las cero horas de aquel día se produjo un corte de electricidad masivo en el sector de Pedro Montt, luego del cual comenzaron a producirse incidentes en el Repas, en medio de los cuales tres internos amenazaron de muerte a los gendarmes que efectuaba una ronda nocturna por las celdas, diciéndoles: “Soy asesino aquí (y) todos lados, los podemos asesinar en el calle, donde sea”.
Posteriormente, los mismos sujetos, más otros internos, liderados por el sicario del Tren de Aragua (TDA) Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como “Satanás”, se reunieron en el patio número tres de la cárcel y confeccionaron armas cortantes a partir de las patas metálicas de una mesa de ping-pong. Cuando una veintena de gendarmes ingresó al lugar a reducirlos, todos los reos protegieron en forma automática a “Satanás”.
Una vez reducidos, los sujetos comenzaron a destruir en forma individual sus celdas, generando daños que Gendarmería estima en 197 millones de pesos.
Ante ello, tras la denuncia respectiva, se inició una investigación a cargo de Alika Sukni, fiscal del centro de justicia, quien pidió formalizar a 17 sujetos, la mayoría de ellos integrantes del TDA, pero en el listado también figuran miembros de otras organizaciones criminales transnacionales, como Los Gallegos y Los Pulpos, por lo que dicha audiencia, fijada para las 11 de la mañana del 8 de agosto, en la sala 302 del edificio A del Centro de Justicia, será la primera en que se formalizará en una sola causa a miembros de los grupos más peligrosos que hay en Chile.
La resolución de la magistrada Carla Capello, del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, indica que además de la notificación a los imputados, debe solicitarse “su oportuno traslado por intermedio de GENCHI (Unidad Especial de Alta Seguridad) con las medidas y resguardos necesarios, al locutorio o sala de audiencias que corresponda”. De ese modo, la juez dejó abierta la posibilidad de que los reos sean conducidos hasta la sala del cuarto piso del Repas, donde se habilitó un espacio en el cual los internos pertenecientes a Los Gallegos pueden conectarse telemáticamente al juicio que se sigue en contra de ellos en Arica.
Cabe indicar que entre los formalizados se encuentra, además de “Satanás”, uno los más importantes líderes del TDA en Chile, Edwards Nava Navarro.
También están los miembros de ese grupo imputados por el homicidio del suboficial Daniel Palma, es decir, Ovicmarlixon Garcés Briceño, David Fuentes Escalona y Lermi Albarrán Angulo; así como los acusados por el secuestro de un empresario en Rancagua: Danyerson Carreño Díaz, Angelo Cerdeño, Néstor Mojica, Brian Sánchez Muñoz, Leonardo Vásquez Yzaguirre y Jorkenidy Torres Marchan.
Otro integrante del TDA que será formalizado es Wuilberth Olivares Peña, uno de los detenidos por el crimen del mayor Emmanuel Sánchez, asesinado en la comuna de Independencia.
Otro de los soldados del Tren de Aragua que será imputado ese día es Francisco Valero Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva, debido a su participación en el violento asesinato de dos agricultores que fueron asaltados en el acceso a Malloa, en febrero pasado.
También será formalizado el líder de la “Plaza de los secuestros” del TDA, Wilken Rondón Márquez, y su segundo, José Candurín Meléndez, ambos parte de “Los Piratas de Aragua”, que participaron en varios secuestros con homicidios en Santiago y la Región de Valparaíso.
Igualmente será acusado Luis Daga Lozano, “Pacolo”, líder de “Los Pulpos nueva generación”, grupo originario de Trujillo (Perú) y que se especializa en extorsión a comerciantes, pero que a su haber tiene también varios homicidios, así como Javier Valencia González, vinculado en su país natal (Colombia) a las Autodefensas Unidas, los paramilitares de extrema derecha, hoy dedicados al narcotráfico.
Valencia, conocido como “Zeus”, tiene a su haber varios homicidios, como líder de una organización criminal que se había tomado un campamento completo en Antofagasta, el cual fue desarticulado hace un par de meses por la Fiscalía de esa ciudad y la policía civil.
Además de ello, el jueves pasado Gendarmería presentó tres querellas en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, por un delito de amenazas, así como por daños y lesiones.
La primera querella es en contra del líder de TDA más importante jamás detenido en Chile, Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”. Según el libelo, presentado ante el mismo tribunal (Séptimo Juzgado de Garantía), el 18 de junio, es decir, un día después de concluido el motín, un gendarme trasladó a “Estrella” hasta el subterráneo, “para concretar una visita familiar a través del locutorio”.
Según el documento, “sin provocación alguna de parte del funcionario penitenciario”, el reo lo amenazó llamándolo por su nombre, tras lo cual le dijo “te vamos a colgar en el patio, que yo tengo una cuchilla en mi celda”, hecho que –indica la acusación– quedó grabado en la cámara GoPro del gendarme.
Además de este caso, la institución se querelló por las amenazas y lesiones graves, menos graves y leves que ese día sufrieron 12 oficiales y suboficiales, acusando (en el segundo caso) delito de maltrato de obra a miembro de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, Gendarmería se querelló por daños calificados, aseverando que el motín se desarrolló entre el 6 y el 17 de junio, generando “grave conmoción pública” y aseverando que fue protagonizado por “por internos que son considerados de alta peligrosidad, vinculados a delitos graves y bandas transnacionales, que pretenden por medio de estos desórdenes imponer su ilegítima autoridad al interior del Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad”.
De acuerdo con la acción judicial, durante esos 11 días hubo a lo menos “15 eventos extraordinarios, de diversa naturaleza”, aseverando que el monto exacto de los daños es de $197.071.440, “los cuales incluyen la destrucción de infraestructura, como también destrozos de mobiliario fiscal y seguridad, como es el caso de las cámaras de CCTV y el sistema de red de agua potable”.
Lee la resolución de formalización
