PAÍS
Solo en 2024, 19 menores de edad migrantes llegaron solos a Chile por pasos no habilitados. Algunos no sobrevivieron y otros fueron abandonados. La jueza de Familia, María Olga Troncoso, alerta sobre la desesperación de estos niños, que prefieren escapar de las hacinadas residencias de Mejor Niñez.
Son al menos siete horas de caminata desde Bolivia hasta Chile, y para algunos representa la quinta frontera atravesada desde Venezuela. Bajo un sol implacable y sin sombra, muchos luchan por recuperar el aliento a una altitud de más de 3 mil metros.
Solamente este año, 19 menores de edad extranjeros han ingresado solos a Chile por pasos no habilitados. La mayoría son adolescentes, aunque también se reportó el trágico fallecimiento de dos bebés, uno con problemas de salud preexistentes y otro que llegó sin vida en los brazos de su madre.
Entre 2020 y 2024, se ha registrado la llegada de casi 250 adolescentes que han cruzado solos la frontera o han sido abandonados en ella.
Para la jueza María Olga Troncoso, del Juzgado de Familia de Iquique –hoy jueza titular en Santiago–, la historia de una joven venezolana que logró volver a Perú con su hermano, tras sufrir un aborto y haber sido echada a la calle por su propia tía, es un pequeño oasis y al mismo tiempo una muestra de eficacia en un sistema que, a su juicio, está lejos de ser ideal.
La magistrada reconoce que la respuesta ha sido insuficiente. Y al “desfase” de los protocolos en regiones en comparación con el norte se suma la situación de niños, niñas y adolescentes a la deriva y en cuyos casos no se ha podido lograr la reunificación familiar. Su destino, las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), las mismas donde el Poder Judicial identificó problemas de hacinamiento y largas listas de espera. Frente a ellas, los adolescentes prefieren fugarse.
“No hay una respuesta adecuada a su circunstancia, a la situación migratoria que han vivido, muchas veces de abandono, deserción escolar, buscando una fuente laboral. Vienen huyendo de maltrato, de pobreza, de crisis económica, de crisis política, vienen huyendo de realidades tremendas y la respuesta acá no es la adecuada a su vivencia”, señala la jueza Troncoso.
La magistrada expresa que, si bien la primera respuesta de Carabineros y las Fuerzas Armadas ha sido oportuna y adecuada, le preocupa la situación en Mejor Niñez, que está en pleno proceso de transición y busca dejar atrás el estigmatizado Servicio Nacional de Menores (Sename).
“La respuesta de niños migrantes ante residencias sobrepobladas es fugarse y muchas veces nos quedamos buscándolos para siempre, porque les perdemos la pista”, lamenta, enfatizando la necesidad urgente de mejorar las instalaciones y los programas de apoyo.
“El Estado no ha otorgado una alternativa, por ejemplo, un cuidado comunitario, casas abiertas, como hay en otros países. La respuesta que les damos es exactamente la misma respuesta que un niño al que le han sido gravemente vulnerados sus derechos, que es chileno, que sí tiene redes familiares en Chile, el mismo tipo de programa, el mismo tipo de intervención, el mismo tipo de residencia. No hay ninguna otra alternativa, no ha habido un trabajo que vaya caminando hacia un modelo que se ajuste más a lo que ellos puedan necesitar”, agrega la magistrada.
La jueza Troncoso subraya que algunos, esperando una terapia reparatoria o aguardando una regularización migratoria, cumplen la mayoría de edad en la residencia y, sin documentación, el destino es la calle.
“Entran como menores de edad, con todos los derechos que tienen los menores de edad en Chile, pero si no nos ponemos las pilas, los transformamos en adultos en situación irregular que van a terminar quedándose en trabajos informales o sin aspirar a estudios en nuestro país”, dice.
La jueza recuerda épocas en Iquique en que el 100% de los adolescentes ingresados a residencia evadían, se fugaban. Ahora, con algunos avances, se ha logrado “un poco más de adherencia”.
Consultada por cuál ha sido la respuesta del servicio Mejor Niñez, dice que, “por lo menos en el norte, nada más que aumentar los cupos y evaluar alternativas de residencias especializadas, pero no se ha concretado”.
“Chile no tiene ningún modelo de protección especializado para niñez migrante”, señala. Para la jueza, la falta de estructuras adecuadas para atender las necesidades específicas de estos niños cuesta vidas o nos deja “toda una generación de niños creciendo en la calle y que van a seguir creciendo en nuestro país”.
Uno de los grandes desafíos, según Troncoso, es trasladar el conocimiento y la formación desarrollados en el norte del país a otras regiones. “Hay un desfase”, reitera, refiriéndose a su experiencia reciente, tras ser nombrada jueza titular en la capital.
La problemática se extiende también a la aplicación de la Ley de Extranjería, que sanciona solo a los mayores de edad al ingresar por pasos no habilitados. “Es que ese es el punto, porque es una decisión del Servicio de Migración, no del juez de Familia”, aclara Troncoso. A menudo, los niños quedan desprotegidos cuando sus familiares son expulsados, poniendo a prueba la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales.
A pesar de estos retos, la jueza ve esperanza en las medidas iniciales tomadas y en la voluntad de algunos sectores para mejorar.
La elaboración de una cartilla con información para funcionarios del Poder Judicial sobre la protección de niños y adolescentes migrantes es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, recalca que “la respuesta es insuficiente” y que “después de cuatro años, aún es impresentable que digamos no estamos preparados para garantizar derechos de niñas y adolescentes migrantes“.
“Por supuesto que ha habido avances, tenemos la Ley de Protección Integral, tenemos representación especializada, pero hoy día, ante el colectivo migrante de niñez y adolescencia, no veo una garantía efectiva de sus derechos, y no lo veo porque creo que no ha sido prioridad todavía. No se ha tomado con la seriedad que se debiese tomar, ni con el cumplimiento de los compromisos internacionales que Chile debiese cumplir”, remarca.
Durante todo lo que va del 2024, el Poder Judicial cifra en 2.513 la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han ingresado a Chile, únicamente por Colchane. Desde el 2020 hasta el 2023, ingresaron cerca de 18 mil, entre los que lo hicieron solos y acompañados.
“Preparémonos, ya llevamos años de migración, instituciones robustas, planificación a largo plazo, proyección de vida de estos niños chiquititos. La respuesta siempre es más bien reactiva, solucionemos el problema, rápido”, sentencia la jueza Troncoso, para quien el Poder Judicial “sí ha escuchado”.
Recién en junio de este año, aunque con trabajo previo, en colaboración con las Fuerzas Armadas, las policías, entidades estatales como las subsecretarías de Derechos Humanos y de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y organismos como la Defensoría de la Niñez, se difundió una guía para funcionarios, una “cartilla para evaluar y determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana”.
En palabras del ministro de la Corte Suprema y encargado de Niñez y Adolescencia, Diego Simpértigue, los diálogos sostenidos con las demás instituciones permitieron evidenciar que “estamos ante una generación de jóvenes que vivirá parte de su infancia y adolescencia inmersa en un proceso migratorio, y las consecuencias y el impacto que esto tiene para su desarrollo psicológico, cultural e intelectual, son desconocidas y dependerá de las condiciones de protección y garantía de sus derechos que le brindemos a nuestro país”.
La cartilla viene a hacerse cargo de una realidad que no es nueva. Y la jueza Troncoso sabe que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, porque “Chile ya no es un país en que la migración nos resulta ajena o desconocida. A lo mejor, hace cuatro o cinco años podríamos decirlo”.
