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Foto: fundacionpaicavi.cl
La directora de la residencia Quillahua de Buin fue detenida por negarse a recibir a una adolescente con una orden judicial de ingreso, argumentando, entre otras cosas, la presencia en el hogar de una niña agredida. Desde Mejor Niñez afirman que el tribunal debió seguir el protocolo establecido.
El arresto de la directora del Hogar de niñas Quillahua, perteneciente a la Fundación Paicaví —colaborador del Estado—, ha desencadenado una controversia en torno a los protocolos de protección infantil y las acciones judiciales. El incidente, ocurrido el pasado 26 de junio, se originó cuando dos carabineros llegaron al hogar con una orden judicial para ingresar a una menor de 17 años, la cual había agredido previamente a otra residente del hogar.
A través de una carta enviada el sábado a El Mercurio, el presidente de Fundación Paicaví, Ricardo Leiva, lamentó profundamente las circunstancias que rodearon la detención de la directora del hogar, sosteniendo que “nunca hemos negado la protección a una niña”.
“Ella fue arrestada y esposada, advirtiéndosele que podrían volver para intentar nuevamente el ingreso de la menor, deteniendo a tantos adultos como fuera necesario por desacato a la orden emanada del Tribunal de Familia de Buin, lo que en la práctica habría significado dejar el Hogar a las menores de edad sin adultos a su cargo”, detalló el titular de Paicaví.
Leiva detalló que la directora fue arrestada y tratada como una delincuente común, permaneciendo encerrada varias horas en un calabozo, con el riesgo de pasar la noche allí. “Nunca hemos negado la protección a una niña que intenta ingresar al Hogar, solo reconocemos que en este caso no tenemos las herramientas que se requieren para atenderla, atención a la cual tiene derecho y es deber del Estado otorgársela”, subrayó.
Hoy, la directora metropolitana del Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia (también conocido como Mejor Niñez), Marcela Gaete, reiteró la preocupación por el incidente, enfatizando que esto se pudo haber evitado si el tribunal hubiese seguido el protocolo establecido.
“Lamentamos las condiciones que tuvo que atravesar la directora de Residencia Quillahua, pues tenemos la profunda convicción de que esto se pudo haber evitado, si en vez de derivar directamente a la adolescente, el tribunal hubiese seguido el protocolo establecido en la norma (ley 21.032), que regula la asignación de cupos en coordinación con el Servicio”, declaró.
El artículo 19 de la mencionada ley señala que:
“Esta situación nos preocupa principalmente porque la prioridad es, siempre, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio de Protección”, manifestó la directora regional, agregaron que finalmente gestionario que la derivación de la adolescente involucrada hacia otra residencia, lo cual se concretó exitosamente.
