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En cuatro informes enviados a los tribunales en que los reos venezolanos tienen causas pendientes –y a los que tuvo acceso El Mostrador–, Gendarmería detalló el nivel de violencia empleada por los delincuentes, a los que se pudo contener con medidas extremas, como la sujeción de pies y manos.
La seguidilla de violentos desórdenes y destrozos protagonizados por miembros de distintas bandas criminales derivadas del Tren de Aragua (TDA) que se registraron desde el 6 de junio y durante 2 semanas en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, obligó a Gendarmería de Chile a adoptar drásticos castigos en contra de los responsables, con el fin de contener el motín y generar un precedente ejemplarizador para evitar su repetición.
A través de cuatro informes elaborados por la institución penitenciaria –a los que accedió El Mostrador– y que fueron despachados a los tribunales donde los imputados de nacionalidad venezolana tienen causas judiciales en trámite, se requirió la aprobación de los castigos propuestos a raíz de los episodios ocurridos los días 6, 12, 13 y 17 de junio. Dentro de las sanciones figuran la prohibición de recibir visitas en periodos de 15, 20 y 30 días y la imposibilidad de recepcionar encomiendas.
Los documentos a los que accedió en forma exclusiva El Mostrador, revelan el nivel de violencia y descontrol que presentó el prolongado motín, el cual solo fue posible contener tras la aplicación de una medida extrema: la utilización de sujeción de manos y pies. A través de este método, se logró la inmovilización de los internos y, con ello, el cese de los destrozos que dejaron a 12 gendarmes heridos y 47 celdas dañadas de un total de 60, con un costo aproximado de 200 millones de pesos.
En los cuatro informes se proponen las sanciones más graves que establece el Decreto N° 538, “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra vigente desde el 21 de agosto de 1998.
Lea aquí los informes:
El primer informe se refiere a los incidentes ocurridos el 6 de junio, el primer día del motín. A través del Ordinario N°492/24 del 12 de junio pasado, Gendarmería solicitó la aplicación de un castigo a uno de los líderes de la banda criminal Los Gallegos, el venezolano Daniel Márquez Meléndez, alias “El Ruso”, el mismo que fue sorprendido con una llave maestra para abrir esposas a fines de abril y al que el juez de Garantía Daniel Urrutia le autorizó realizar llamadas telefónicas a su pareja.
Esta vez la institución penitenciaria denunció que Márquez, en medio de los desórdenes iniciados en la noche anterior por un corte de energía, estaba rompiendo la ventana de la celda 2-35 que ocupaba. La situación fue observada desde el circuito de cámaras de vigilancia, por lo que una dupla de gendarmes acudió al sector.
Allí, “El Ruso” desató la violencia que le ha caracterizado desde su captura, no sin antes lanzar una advertencia ad portas del allanamiento: “Si abren la puerta de la celda, les voy a dar cualquier jugo”, les dijo mientras era observado desde la ventanilla. Y su amenaza la cumplió cabalmente, agrediendo a un sargento segundo y a un mayor cuando intentaban esposarlo.
Según el reporte de Gendarmería, “se procede a habilitar la celda para dialogar con el interno que deponga su actuar, el cual responde de forma prepotente y alterada, lanzándose hacia el cabo segundo Jaime Plaza Alarcón, donde le propina un golpe en su rostro y a la vez a quien suscribe de igual forma recibe un golpe en su rostro, sin provocar lesiones, razón por la cual, se procede a la intervención con el personal, aplicándole las medidas de seguridad (esposas), trasladándolo hasta el sector de subterráneo a fin de efectuar el procedimiento de rigor”, señala el documento.
En ese procedimiento, se constató que la celda de Márquez Meléndez presentaba destrozos en la cerámica y las ventanas y, tras un chequeo médico, el sujeto registró heridas cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo y derecho autoinferidas.
La institución propuso como sanción la privación total de visitas por 20 días, ya que determinó que el interno había cometido la falta grave prevista en la letra b) del artículo 78 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, es decir, la resistencia activa al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones; y otra contemplada en la letra e), específicamente la de inutilizar o dañar de consideración, deliberadamente, dependencias, materiales o efectos del establecimiento, o las pertenencias de otras personas.
Para reforzar su solicitud, Gendarmería acompañó un reporte anexo, el cual resume la seguidilla de castigos que ha debido aplicar al acusado desde su ingreso al sistema penitenciario.
Desde agosto de 2023 y hasta mayo de este año, según el reporte, “El Ruso” registra 10 sanciones por infracciones graves al reglamento, dentro de las cuales figuran el porte de una llave maestra, agresiones, insultos y amenazas a funcionarios, porte de armas blancas hechizas, resistencia al cumplimiento de órdenes, desórdenes, huelgas de hambre y forzamiento a otros internos para que participen en motines.
Un segundo informe de Gendarmería quedó registrado en el Ordinario N°506/24 del 16 de junio, por los incidentes ocurridos cuatro días antes y donde se advierte que el conflicto se había tornado inmanejable.
En ese reporte se detalla la “furia” con que el grupo de internos venezolanos, ligados a distintas facciones del Tren de Aragua, las emprendió contra las instalaciones del sector de Alta Seguridad que habían sido inauguradas en marzo del año pasado, siendo destacadas como un ejemplo de dignidad por la infraestructura y de rigidez por el sistema implementado de acuerdo con normativas internacionales de derechos humanos, para presos de alta complejidad.
Gendarmería detalló en ese escrito que, cuando eran las 9 de la mañana y se procedía al desencierro el pasado 12 de junio, constataron severos daños en 8 celdas. El panorama refería al paso de un huracán que había arrasado con baños, cañerías, ventanas, lozas para los colchones y enchufes.
Esta vez fueron identificados como responsables nuevamente Daniel Márquez Meléndez, “El Ruso”, y los también miembros de “Los Gallegos”, Jorvis Parra Viloria, alias “El Pichi”; Jorve Galavis García, alias “El Culito”; Emilio Jones Alvarado, alias “Culón”. Además fueron sindicados como autores de los daños Néstor Mojica López y Jorkenidy Torres Marchan, involucrados en el secuestro de un empresario en Rancagua; Ovicmarlixon Garcés Briceño, imputado por el homicidio del suboficial de Carabineros Daniel Palma; y José Sánchez Álvarez, acusado del doble asesinato de los agricultores Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57) en Rengo.
Gendarmería imputó a este violento grupo de internos las faltas previstas en los artículos 78 y 79 letras e) y 80 letra d) del Reglamento Penitenciario, es decir, inutilizar o dañar de consideración, deliberadamente, dependencias, materiales o efectos del establecimiento, o las pertenencias de otras personas; dañar los mismos bienes con negligencia temeraria o culpa grave; y la participación culpable en actos que afecten el orden y el aseo de recintos del establecimiento.
Para todos propuso como sanción la prohibición de visitas durante 30 días al penal.
El 13 de junio también fue un día problemático para Gendarmería. Al comenzar la mañana, a las 08:35 horas, el acusado en el juicio contra “Los Gallegos”, Jorvis Parra Viloria, alias “El Pichi”, volvió a rebelarse. Esta vez lo hizo negándose a asistir a la audiencia del juicio oral que se efectúa desde Arica y que debía seguir por Zoom desde una sala habilitada en Alta Seguridad.
El Ordinario N°505/24 detalló que ese día un teniente a cargo del servicio nocturno, “en compañía de dispositivo de grupo especial antimotines (g.e.a.m), procede en búsqueda del interno Jorvis Parra Viloria, rut n° 14.888.547-8, habitante de la celda 4-12 para conexión por vía Zoom de audiencia en tribunal de juicio oral en lo penal de Arica correspondiente a causa ruc n° 21000943519-8, en donde el interno antes mencionado se niega a concurrir a dicho juicio”.
Por este episodio, Parra fue acusado de infringir el artículo 79 letra i) del Reglamento Penitenciario, específicamente, la de “negarse a concurrir a los tribunales, fiscalía o lugares que se indique por mandato de la autoridad competente”. Por estos hechos, la institución propuso como castigo la prohibición de recibir encomiendas por 15 días.
En el informe de Gendarmería, se mencionan cuatro sanciones anteriores entre agosto de 2023 y marzo de este año aplicadas a Parra, por entorpecer los allanamientos, fabricación de armas blancas hechizas y participación en huelgas y motines.
Cuando ya habían pasado 11 días del incesante motín, se generó un grave incidente hasta ahora desconocido. A través del Ordinario 556/24 del 21 de junio, Gendarmería reportó que cuatro de los acusados de la banda de “Los Gallegos” desataron, el 17 de junio, una violenta gresca durante un receso del juicio oral que se desarrolla telemáticamente desde Arica.
Según ese informe, a las 10:45 horas, el acusado Jorvis Parra Viloria, alias “El Pichi”, dio un manotazo al computador que permitía la transmisión de la audiencia. Luego Jorve Galavis García, alias “El Culito”, lanzó una silla plástica al mismo aparato, momento en que los funcionarios penitenciarios los llamaron a deponer su actitud.
El episodio no terminó allí, ya que Daniel Márquez Meléndez, alias “El Ruso”, decidió involucrarse también y dio un golpe fallido con su cabeza a un gendarme. Asimismo, el interno Leafar Arvelaes Torres, alias “El Peluca”, le lanzó una patada al mismo funcionario, pero como estaba engrillado tampoco logró golpearlo.
Para este grupo, Gendarmería propuso privación total de visitas por un período de 20 días. Las faltas al reglamento que reportó la institución fueron la resistencia activa al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones; desobediencia pasiva a las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones; y mal comportamiento en los traslados y permanencia en tribunales, actuaciones judiciales dispuestas por el tribunal o la autoridad competente, o en comisiones exteriores (gritar, mofarse del público, insultar y otros actos similares) o realizar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, sin grave escándalo y trascendencia.
En paralelo a la aplicación de castigos previstos en el Reglamento Penitenciario, Gendarmería decidió presentar una querella criminal por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado en contra de los 17 participantes en el motín.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entidad que informó que la audiencia de formalización se hará el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas.
