Presidente del Cuech: “La educación superior pública ha venido jibarizándose en los últimos años”

De manera unánime, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, fue reelecto presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), por lo que continuará por un periodo de dos años al mando de la entidad que agrupa a las 18 universidades públicas del país.

En conversación con El Mostrador, Corrales aborda los principales desafíos que han marcado su gestión, relacionados en gran parte con el financiamiento de la educación pública superior, el que califica como “inédito en el mundo” y donde ha perseverado en “una agenda para cambiar el modelo de financiamiento desde el subsidio a la demanda, hacia otro que tenga una mayor presencia de aportes basales por parte del Estado”. Esto, a propósito de las dificultades económicas y crisis de matrículas que afectan a los planteles públicos.

“La educación superior pública representa algo así como el 15% del total de la matrícula en educación superior y eso ha tenido que ver precisamente con esas políticas de financiamiento que han establecido restricciones al crecimiento, pero que, además, han supuesto estímulos para que de alguna manera la gran parte de la matrícula termine teniendo que migrar hacia la educación privada”, advierte.

El rector UV también se refiere a las expectativas del proyecto de ley que se presentará en septiembre, relacionado con un nuevo modelo de financiamiento, en reemplazo del CAE.

“Nuestra expectativa es que haya mecanismos diferenciados para financiar a la educación superior pública y para financiar a la educación privada. (…) Si usted lee el programa del Presidente Gabriel Boric, dice que habrá una atención especial al financiamiento de las instituciones de educación superior estatales. Nosotros esperamos que esa promesa, o que aquello que aparece en el programa de Gobierno, efectivamente se haga realidad”, señala.

-¿Cuáles son los principales desafíos que tiene en agenda en estos dos nuevos años como presidente del Cuech?
-Tenemos algunos temas estructurales que hemos venido abordando en dos sentidos. Por una parte, aquellos relacionados con el financiamiento de la educación superior pública. Al igual que ocurre en los otros niveles de la educación superior, seguimos teniendo un sistema de financiamiento que opera a través del subsidio a la demanda, lo que es inédito en el mundo, no hay ningún otro país del mundo que financie su educación pública por medio del subsidio a la demanda. ¿Qué significa esto?: por medio del pago por estudiante matriculado.

Nosotros hemos venido problematizándolo, porque es evidente que hace que la educación pública tenga severas dificultades por varias razones. Supone una distorsión de la oferta, ya que el estímulo que reciben las instituciones que se financian por esta vía es obviamente a promover carreras que tengan matrícula y a dejar de dictar carreras que tengan baja matrícula. Porque, si tiene baja matrícula, entonces tiene pocos estudiantes, y si tiene pocos estudiantes, recibe pocos recursos.

Hoy día tenemos situaciones tan críticas como lo que sucede con las pedagogías, que enfrentan una severa crisis de matrícula, sin embargo, el país no puede permitir quedarse sin carreras de pedagogía y la educación pública es la llamada a sostener esa oferta en el tiempo. Por eso hemos desarrollado una agenda para cambiar el modelo de financiamiento desde el subsidio a la demanda, hacia otro que tenga una mayor presencia de aportes basales por parte del Estado.

Y en segundo lugar, también hemos estado abordando algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa que regula a las universidades públicas. Hoy día nosotros estamos plenamente adscritos al sistema público, por lo que operan sobre las universidades del Estado todas las regulaciones y todas las normas que operan sobre otras instituciones públicas. Con la gran diferencia que las universidades desarrollamos una misión que es completamente diferente a la de las otras instituciones. Esa normativa rigidiza mucho nuestro funcionamiento y nos impide cumplir adecuadamente nuestra misión. Esos son, yo diría, los dos grandes ejes en los que hemos venido trabajando durante estos dos años y en los que esperamos seguir trabajando en lo que viene.

-En términos del modelo de financiamiento, ¿qué avances han tenido en concreto?
-Estamos trabajando en una agenda con la Subsecretaría de Educación Superior para poder reformar estructuralmente la forma en que la educación superior, al menos la pública, se financia. Hoy día el debate ha estado centrado en torno a la cuestión del CAE, y a la eventual condonación, o los eventuales beneficios que puedan tener las personas que accedieron a esa forma de financiar sus estudios. Pero eso es solo una parte del problema. No quiere decir que no sea importante, pero es solo una parte.

Hoy día la gran dificultad que enfrenta la educación superior pública precisamente tiene que ver con que, por ejemplo, políticas como la gratuidad se han transformado o han terminado siendo un mecanismo de traslado masivo de recursos públicos hacia instituciones privadas. ¿Y eso en qué se ha traducido? Bueno, se ha traducido en que finalmente la educación superior pública ha venido jibarizándose durante los últimos años.

La educación superior pública representa algo así como el 15% del total de la matrícula en educación superior y eso ha tenido que ver precisamente con esas políticas de financiamiento que han establecido restricciones al crecimiento. Pero que además han supuesto estímulos para que el sector privado se desarrolle y para que de alguna manera la gran parte de la matrícula termine teniendo que migrar hacia la educación privada.

Y hemos venido trabajando en un modelo que permita que los aportes basales representen una proporción mayor de financiamiento. Nosotros, como universidades públicas, hemos planteado que debiéramos progresivamente llegar a que al menos el 50% del financiamiento de las instituciones sea a través de aportes basales. Hoy día, en promedio, esos aportes basales no superan el 15%. Y ahí hemos establecido una agenda con el Ejecutivo, que por supuesto tiene complejidades, porque supone algunas modificaciones legales que tienen que discutirse en el Parlamento.

-¿Cuáles son sus expectativas sobre el proyecto de ley que el Gobierno va a presentar en septiembre respecto al nuevo modelo de financiamiento de la educación superior?
-Nuestra expectativa, por una parte, es que haya mecanismos diferenciados para financiar a la educación superior pública y para financiar a la educación privada. En eso Chile es un caso muy curioso, porque tenemos mecanismos de financiamiento para ambos tipos de educación que cumplen roles diferentes, que es completamente equivalente, que es indiferenciado. Lo primero que esperamos es que la educación pública en todos sus niveles, pero también en el nivel de la educación superior, tenga una forma de financiamiento diferenciado de la educación privada. Que se sostenga al menos en un 50% con aportes basales, que nos permitan cumplir con nuestras misiones distintivas.

En segundo lugar, tenemos la expectativa de que ese financiamiento sea un financiamiento suficiente. Hoy día la gratuidad financia a los estudiantes solo durante el tiempo de duración teórica de las carreras. Sin embargo, no hay casi ningún estudiante que termine la carrera en el tiempo de duración teórica. Siempre hemos planteado que el financiamiento debe basarse en un modelo que llamamos de N+1, es decir, la duración teórica de la carrera más un año, que es lo que se considera en los estándares internacionales como titulación oportuna.

La falta de ese año de financiamiento hoy día está provocando un estrés financiero en todo el sistema de educación superior que es muy significativo y que ha llevado a algunas universidades, en hechos que han sido públicos, a enfrentar graves dificultades económicas.

Y en tercer lugar, tenemos la expectativa de que ese proyecto sea sostenible desde el punto de vista público, en lo que tiene que ver con los beneficios asociados a las personas que optaron al CAE. Porque ya sabemos que se trata de montos enormes, que el erario público no está en condiciones de soportar. Se hablaba de entre 11 y 13 mil millones de dólares, que equivalen a varios presupuestos anuales de la educación superior. Por lo tanto, esperamos que esa promesa que ha hecho el Gobierno, de que el proyecto que se presentará va a ser sostenible desde el punto de vista fiscal, se cumpla, porque de lo contrario todo el sistema de financiamiento va a entrar en crisis.

-En las conversaciones que ustedes han tenido con la Subsecretaría de Educación Superior, ¿hay garantías de que las propuestas vayan en esa dirección?
-Más que nosotros pedir garantías, lo que esperamos es que el Ejecutivo cumpla lo que ha anunciado. El propio Ejecutivo ha utilizado la expresión autocontenida, que es una reforma autocontenida, es decir, que no va a implicar un mayor gasto público, al menos no un gasto público que sea inasumible hoy día por el presupuesto fiscal.

Por lo tanto, más que nosotros pedir garantías, lo que esperamos es que esos anuncios o esos parámetros que el Gobierno ha fijado para llevar adelante este proyecto se cumplan. Esperamos que lo que aparece en el programa de Gobierno respecto de las universidades del Estado también se cumpla. Si usted lee el programa del Presidente Gabriel Boric, dice que habrá una atención especial al financiamiento de las instituciones de educación superior estatales. Nosotros esperamos que esa promesa, o que aquello que aparece en el programa de Gobierno, efectivamente se haga realidad.

La verdad es que durante estos dos últimos dos años, salvo algunas cuestiones muy puntuales, hemos estado más bien a la espera de que esas promesas se cumplan. No podríamos decir que hemos tenido grandes avances en esa materia. Sin embargo, es justo señalar que en las últimas reuniones que hemos sostenido con la subsecretaría se nos ha presentando un cierto plan de trabajo en lo que resta de Gobierno para poder materializar esos compromisos.

-¿Cuál es su posición en particular sobre las manifestaciones en las universidades a propósito del conflicto en Gaza y lo que ha pasado en la Universidad de Chile, por ejemplo? ¿Hay una especie de paradoja en relación al tema de las manifestaciones y que, al mismo tiempo, sean los espacios universitarios donde se puede dinamizar este tipo de debates?
-Las universidades públicas tenemos un compromiso con el respeto de los derechos humanos y con la no violencia. Por lo tanto, lo que ocurre hoy día en Oriente Medio no nos ha dejado indiferentes. De hecho, las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades del Estado emitimos una declaración muy contundente haciendo un llamado a la paz.

En segundo lugar, no hay ninguna paradoja. Las universidades públicas somos espacios pluralistas de discusión, de crítica a lo que ocurre en la sociedad cuando no se ajusta a ciertos valores que nuestras instituciones promueven. Por lo tanto, no es de extrañar que al interior de nuestras instituciones se den debates intensos que aborden las problemáticas reales que ocurren en el mundo. No somos solo espacios para estudiar profesiones, somos ante todo espacios de reflexión, espacios de diálogo, espacios de debate. Y, por lo tanto, que nuestras y nuestros estudiantes se comprometan en estos temas es parte de lo que define a la vida universitaria.

Cosa diferente, sin embargo, es que con el argumento de estos debates, eventualmente se produzcan situaciones o hechos de fuerza como algunos que pudimos conocer, en el caso particular de la Universidad de Chile, aunque no solo en la Universidad de Chile.

Me refiero a que grupos intenten interrumpir actos académicos donde personas van a exponer sus puntos de vista, a que eventualmente se impida el libre tránsito al interior de los edificios institucionales o se busque obstaculizar el normal funcionamiento de las instituciones. Todas esas expresiones son precisamente incompatibles con los valores que nosotros profesamos. Desde ese punto de vista, por supuesto hemos hecho un llamado de atención en el sentido de que no hay ningún debate que no pueda ser dado al interior de una universidad pública y, sin embargo, debemos también ser coherentes con la forma en que damos esos debates.

Voy a poner un ejemplo, lamentamos mucho la aparición de ese cartel irrespetuoso en el que se veía a la rectora de Devés siendo besada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nos parece que esas no son las formas y agradecemos que los estudiantes hayan reflexionado y retirado ese cartel que por supuesto es ofensivo, injusto con el rol que la rectora Devés ha jugado.

Ahora, respecto a la demanda por la ruptura de relaciones con instituciones universitarias israelíes, como terminar con convenios o con fórmulas de colaboración con universidades de Israel, creemos en la autonomía universitaria. Cada universidad debe evaluar, en un proceso de discusión racional, si es que ese le parece un camino apropiado o no. Cada comunidad universitaria debe llegar a sus propias conclusiones respecto de esto. Hemos visto reacciones diferentes en la Usach, en la Chile y en otras instituciones.

Eso debe ser parte del debate que cada institución tenga, porque los convenios responden también a ciertos propósitos y principios, por lo tanto, cada comunidad tiene derecho a reflexionar acerca de si esos principios se están cumpliendo en un caso determinado. Ahora, si usted me pregunta mi opinión en particular, a mí me parece que romper mecánicamente convenios o formas de colaboración por sí mismo, no necesariamente es una respuesta adecuada. Eso requiere reflexión, requiere debate, pero nosotros estamos abiertos a que en nuestras instituciones esa discusión por supuesto se dé.