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En la inauguración de una residencia infantil en Temuco, funcionarios del servicio “Mejor Niñez” celebraron la nueva infraestructura, pero criticaron la insuficiencia del sistema de protección y la falta de cumplimiento de promesas. Denuncian malas condiciones laborales y exigen medidas urgentes.
Tras encabezar una manifestación pacífica durante la inauguración de una nueva residencia de primera infancia en Temuco, Blanca Berrocal, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Anfusepna), expresó una contundente crítica al actual estado del sistema de protección infantil en Chile.
Berrocal, quien también es secretaria General de la Federación Nacional de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Fenamia), destacó el valor de la nueva infraestructura como un avance significativo para la dignidad de los niños y niñas bajo la protección del Estado. “Consideramos un tremendo logro para el servicio en cuanto a infraestructura que le dará dignidad a los más pequeños”, señaló. Sin embargo, la inauguración estuvo marcada por una fuerte denuncia hacia las autoridades por la insuficiencia de las orientaciones técnicas y la oferta programática del servicio, que, según Berrocal, no cubren adecuadamente las demandas de la niñez.
Recordemos que varias asociaciones de funcionarios han señalado que el único cambio real que ha habido es el del nombre. Y es que, en estricto rigor, el nuevo servicio de protección especializada —también conocido como Mejor Niñez— ya no es el desprestigiado Sename. Aunque el rediseño estará en curso al menos hasta el 2026, el hacinamiento en residencias estatales, casos de abuso sexual y mal uso de fondos públicos, no hacen sino recordar los más oscuros episodios del antiguo organismo.
La dirigente fue enfática en su reclamo al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric, recordando las promesas de campaña sobre la priorización de los niños, niñas y adolescentes en la política pública. “Estamos diciendo que no vamos a seguir permitiendo que se juegue con la dignidad y el cuidado de los más pequeños”, afirmó. Además, denunció la falta de dirección clara y el incumplimiento de la ley de garantía de derechos, subrayando la ineptitud del intersector y los tribunales en la protección infantil.
Berrocal también llamó la atención sobre las precarias condiciones laborales de los funcionarios en diferentes regiones, mencionando específicamente el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) “Arrullo” en la Región del Bío Bío. “Hace dos semanas esta residencia está sin agua caliente para que los niños más pequeños se puedan duchar”, denunció, describiendo la situación como una falla básica que el Estado debería prever.
En su declaración, Berrocal dejó claro que los trabajadores del sector no seguirán siendo “cómplices “de lo que calificó como una puesta en marcha “paupérrima, devastadora y maltratadora” del sistema de protección infantil. “Decimos basta, no vamos a ser cómplices de una puesta en marcha que ya lleva tres años”, concluyó, haciendo un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas inmediatas y efectivas para mejorar la situación.
Las y los dirigentes nacionales presentes en la capital regional de La Araucanía de Anfusepna, también destacaron como un avance la nueva infraestructura, pero afirmaron que “las orientaciones técnicas y los modelos que se crearon se hicieron sin el sentido de la realidad”.
El abogado Rodrigo Bustos, dirigente de la asociación de funcionarios en Concepción, expuso que, en la Región del Bío Bío, “tenemos una infraestructura vacía desde el mes de febrero porque no se logró planificar la contratación del personal que se iba a ir a esa residencia y el personal que se iba a quedar con los niños de otra edad que también son sujetos de atención del servicio”.
Eso, añadió el dirigente provincial de Anfusepna, “da cuenta de una improvisación por parte de la Dirección Nacional del Servicio y que afecta en específico al ejercicio de las funciones de los trabajadores que, no teniendo las orientaciones ni tampoco los medios del personal para cumplir sus funciones, cuando se producen errores respecto al cuidado, son sancionados”.
Bustos añadió que esta realidad se extrapola también a la Región Metropolitana y “en otras unidades también de modelos de atención que tienen que ser reformados”.
El abogado finalmente resaltó que la de Temuco fue una manifestación de carácter pacífica y “con el ánimo de aportar a la autoridad para que enmienden rumbo y que haga efectivamente una reforma en favor de la infancia y la adolescencia que sean conducentes a mejorar la situación de ellos”.
