La Corte Suprema entregó el pasado viernes al ministro de Justicia, Luis Cordero, una propuesta que incluye siete ejes clave para reformar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Esta iniciativa, impulsada por el máximo tribunal, surge a raíz de las filtraciones de conversaciones de WhatsApp en las que terceros intentaban influir en los nombramientos de diversos cargos judiciales.
Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, recibió de manos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, el documento “Bases para una propuesta de reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial”. El texto fue trabajado y concordado por el Pleno de ministros y ministras del máximo tribunal con la intención de colaborar con los órganos colegisladores en la idea de reformar el actual sistema.
Hoy, la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó la propuesta como “muy valiosa”. En declaraciones a la prensa, Tohá explicó que “hay un aporte a un debate que se va a dar”. Añadió que en el Gobierno ya están trabajando en una agenda donde esta contribución va a ser muy importante.
Tohá aseguró que la propuesta no se elaboró de manera apresurada, sino que sistematiza reflexiones y aportes acumulados a lo largo del tiempo. El objetivo es que los nombramientos en el Poder Judicial, especialmente en niveles intermedios e inferiores, sean gestionados por un cuerpo dedicado exclusivamente a esta labor, alejando esta responsabilidad de los jueces activos y presidentes de cortes nacionales.
Además, la ministra subrayó un punto crucial de la propuesta de la Corte Suprema, que coincide con los esfuerzos del Gobierno: los nombramientos de auxiliares de la administración de justicia, como notarios y conservadores, deben realizarse fuera del Poder Judicial. “Ahí se ha descubierto un punto de vulnerabilidad muy complejo, unas endogamias que no le hacen bien a la institucionalidad y en eso tenemos plena coincidencia”, afirmó Tohá.
El Gobierno, expresó la ministra, está trabajando en una propuesta que alineará con estas recomendaciones, especialmente en lo que respecta a los notarios y conservadores. “Estamos muy agradecidos del aporte que hizo la Corte Suprema a este debate; el Gobierno va a trabajar una propuesta, y en lo que se refiere a los notarios y conservadores, estamos trabajando desde ya bastante adelantados y en una misma línea”, aseguró.
Finalmente, Tohá destacó la importancia de mejorar la institucionalidad en respuesta a las situaciones complicadas y polémicas que han surgido en el Poder Judicial en los últimos tiempos. “La manera de responder a ello es que donde hay dudas se investigue, se sancione, pero además, se mejore la institucionalidad. Creo que eso es muy importante, que la Corte está apuntando en esa dirección, en lugar de cerrarse a que las cosas cambien, hay una disposición a mejorarlas”, concluyó.
Tras recibir el documento, el ministro Cordero destacó la relevancia del rol histórico que tiene la propuesta señalando que: “Estamos en un lugar que acaba de cumplir 200 años, 200 años con el mismo sistema. El reconocimiento de la necesidad de una reforma al sistema de nombramiento, no solo responde simplemente a la contingencia, es reconocer una reforma a un sistema que ha estado anclado en un modelo institucional que tiene 200 años en nuestro país”.
“El Ejecutivo considera que el actual sistema que tenemos es un sistema que requiere de perfeccionamientos, pero eso en buena parte va a depender del mecanismo de consenso del órgano colegiado de sistema de nombramiento. Uno puede perfeccionar el procedimiento, pero si va a cambiar el órgano, uno tiene que tener mucha claridad cuál es el problema que quiere resolver”, reafirmó el secretario de Estado.
Por su parte, la ministra vocera María Soledad Melo, señaló que “es un gran momento este en que nuestro presidente, Ricardo Blanco, ha dado cumplimiento al encargo que le ha hecho el tribunal pleno de hacer entrega al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, de una propuesta que recoge la opinión del pleno de la Corte Suprema que se ha venido manifestando desde hace diez años, de separar la función jurisdiccional de aquellas que no lo son”.
Consulta el acta de la Corte Suprema.
Puntos relevantes de la propuesta
El documento establece siete bases para la modificación del sistema:
1. Separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son: Se reitera la necesidad de separación de las funciones jurisdiccionales, a objeto que quienes imparten justicia se dediquen exclusivamente a dicha tarea. Desde el año 2014 ha sido un principio ratificado por la Corte Suprema en numerosas ocasiones.
2. Creación de un órgano autónomo a cargo de las funciones no jurisdiccionales: La forma de lograr la separación de estas funciones ha de ser la creación de uno o más órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que debiera estar dotado de autonomía constitucional.
3. Funciones no jurisdiccionales que sería de competencia de el órgano u los órganos:
a)Formación y Capacitación.
b)Carrera funcionaria.
c)Calificación o Evaluación del desempeño
d)Responsabilidad disciplinaria.
e)Administración y Gestión de Recursos.
f)Control de la gestión y oportunidad de las resoluciones judiciales
g)Comunicación y difusión
4. Desconcentración funcional y territorial del gobierno judicial:
Se estima que podría ser adecuado alojar las diversas funciones de gobierno en más de un órgano, a fin de evitar una concentración de atribuciones.
Dada la envergadura que implica el traspaso de estas funciones no jurisdiccionales, se hace posible instar por avances paulatinos, pudiendo ser oportuno comenzar por un sistema de nombramientos.
En concreto, se propone la creación de tres Consejos o Unidades macrozonales (zona norte, centro y sur del país) que tendrían a su cargo las respectivas funciones de nombramientos en los correspondientes territorios, que ejercerán sus atribuciones de manera coordinada entre ellos y con el Consejo o instancia Nacional.
5. Aspectos particulares nombamientos
En cuanto al nombramiento de los ministros y ministras y fiscal judicial de la Corte Suprema, por mayoría, se estima que resulta adecuado mantener la participación de los tres Poderes del Estado.
Respecto de notarios, conservadores y archiveros, ya se ha expresado la convicción por suprimirlos de la órbita de la administración de justicia, debiendo, por tanto, excluirse cualquier participación del órgano de gobierno judicial, respecto de dichos funcionarios.
6. Composición del órgano de nombramientos.
Se estima que el o los órganos abocados a las funciones de nombramientos debieran ser de composición mixta -internos y externos a la judicatura-, con mayoría de integrantes de la judicatura.
En forma específica, se considera que el Consejo o instancia Nacional, junto con estar conformado mayoritariamente por miembros de la judicatura, podría ser integrado, además, por representantes del Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Colegio de Abogados y de las facultades de Derecho de las universidades reconocidas por el Estado.
Para las Unidades o Consejos Regionales, se estima necesario que se pueda replicar la figura del Consejo o instancia Nacional, con un criterio de proporcionalidad en el número de sus integrantes según el tamaño de las cortes involucradas
La designación de los miembros que provengan de la judicatura, tanto en el Consejo o Instancia Nacional como en los Consejos o Unidades Macrozonales, debiera realizarse mediante un sorteo entre los magistrados y magistradas que hubiesen manifestado su interés en el cargo específico.
7. Apoyo administrativo al nuevo órgano
Finalmente establece que “se hace presente que, respecto de los notarios, conservadores y archiveros, ya se ha expresado la convicción por suprimirlos de la órbita de la administración de justicia, debiendo, por tanto, excluirse cualquier participación del órgano de gobierno judicial respecto de esos funcionarios. De este modo, se estima imperioso excluir, al más breve plazo, a estos auxiliares de la tutela del Poder Judicial, pudiendo adoptarse una fórmula legal que, a corto plazo, concrete dicho propósito; sin perjuicio de lo cual la fiscalía judicial podría, en el intertanto, mantener la tuición sobre aquéllos” señala el documento.
