PAÍS
Confusas decisiones ha tomado la Corte Suprema sobre el posible tráfico de influencias de algunos de sus miembros. Primero evade investigar, y luego, ante las críticas, anuncia que pasarán los antecedentes a la Comisión de ética, y ahora rectifica señalando que no hay ministros investigados.
Pese a los ríos de tinta que han corrido en las últimas semanas, luego de las revelaciones relativas a distintos chats de WhatsApp en que aparecen ministros de la Corte Suprema o familiares suyos implicados en posibles tráficos de influencias, un acta de “certificación”, que se escribió de forma paralela y separada al acta del pleno del máximo tribunal del país, deja en claro que ninguno de los magistrados mencionados en los distintos casos es investigado y que a la fecha “solo se están recabando antecedentes” generales, como indica el documento.
Cabe recordar que luego de la última filtración, en que Ciperchile expuso los chats de Gonzalo Migueles (pareja de la ministra Angela Vivanco) en que este aparece ofreciendo un doctorado y la fiscalía centro norte al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y efectuando gestiones para el nombramiento del conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, decidió convocar a un pleno extraordinario, el 19 de junio pasado.
Pese a las expectativas que generó dicha instancia, sólo se decidió designar una nueva vocera (la ministra María Soledad Melo) y “avanzar en la redacción de un código de ética judicial”, desechándose convocar la comisión de ética de la Corte, a fin de que esta analizara la actuación de sus miembros.
En un plot twist, sin embargo, y luego del vendaval de críticas que recibieron los magistrados, cinco días más tarde, tres el pleno regular de los días lunes, el ministro Blanco anunció que sí se convocaría a la Comisión de ética “para conocer de los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocido”, según dijo. De acuerdo con el comunicado emitido por el Poder Judicial al respecto, dicha comisión quedó conformada por Blanco, Mario Carroza y Adelita Ravanales, además de Carmen Gloria Chevesich, en calidad de suplente.
Cuatro días después de eso, la Comisión de ética envió un oficio al fiscal nacional, Angel Valencia, pidiendo que, según informó La Tercera, “Exportar como texto plano las conversaciones vía WhatsApp contenidas en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público en contra de Juan Antonio Poblete y Luis Hermosilla, donde aparecen mencionados ministros de corte e incumbentes, adjuntando por separado los archivos multimedia de esas conversaciones”,
Sin embargo, Valencia respondió que no podía acceder a la solicitud, aludiendo a que esos antecedentes están contenidos en investigaciones penales que son secretas para los terceros ajenos al procedimiento.
El nuevo giro
El pleno de ayer lunes estuvo muy tenso y significó un nuevo capítulo en esta serie por entregas, pues tres de los ministros que hasta el momento aparecen involucrados en forma directa o indirecta en los chats (María Teresa Letelier, Angela Vivanco y Jean Pierre Matus) pusieron “en conocimiento de este tribunal la circunstancia de haberse enterado por los medios de comunicación social de un oficio que habría sido enviado por la Comisión de Ética al Ministerio Público, en el margen de una investigación que se estaría llevando a cabo por hechos que los afectaría”.
En otras palabras, los ministros dijeron haberse enterado por la prensa de que se había iniciado una investigación y que ellos eran los investigados, dado que se estaban pidiendo las conversaciones relativas a ellos, pese a que “a la fecha no han sido notificados de alguna investigación que los afecte, como prescribe el artículo décimo cuarto del acta N°262-2007, recalcando además el deber de reserva que impone el artículo décimo sexto del acta antes mencionada”.
Ante ello, Blanco se defendió argumentando que “si bien se ha constituido la Comisión de Ética, a la fecha solo se están recabando antecedentes, sin que la investigación, por ahora, se refiera a un miembro determinado de esta Corte”.
Del mismo modo, dijo que “si con posterioridad pudiere existir mérito para ello, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Acta N° 262-2007 y se harán de manera reservada las respectivas notificaciones. Por último, indica que en el oficio enviado al Ministerio Público no se mencionó el nombre de algún ministro de este tribunal, sólo se requirieron los chats de conversaciones de los señores Hermosilla y Poblete en los que pudiesen aparecer miembros de esa Corte. Dicho oficio se tramitó con la debida reserva y por mano para evitar filtraciones”.
Sin embargo, eso no es todo. Fuentes conocedoras de lo ocurrido ayer informaron a El Mostrador que el documento donde consta todo lo anterior no fue incluido en el acta regular de la sesión, sino que fue anexada como documento aparte en calidad de “certificación”. Al pleno asistieron 16 ministros y la sesión terminó a las 19.17 horas del lunes.
