PAÍS
Informes sobre dirigentes sociales fueron elaborados por personal de seguridad de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente. En el municipio de Lo Barnechea, donde dicen que dejaron de confeccionarlos en 2021, trabajaron varios excarabineros con prontuario.
–Hace algunos meses recibí de forma extraoficial una información bastante delicada –sostuvo el concejal Francisco Madrid, casi al finalizar la última sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el jueves de la semana pasada en calle El Rodeo 12777, en la comuna de Lo Barnechea.
Tras ello, Madrid se refirió a la existencia de una serie de “minutas informativas”, donde se especificarían datos personales de eventuales “sujetos de interés”, que en realidad eran dirigentes sociales, en fichas que contenían direcciones, números de RUT, fotografías y hasta consulta de antecedentes judiciales, entre otros, y que fueron elaboradas por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente, AMSZO, agrupación que concentra los recursos en seguridad de las municipalidades de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, encabezadas por los alcaldes Cristóbal Lira, Daniela Peñaloza y Camila Merino, respectivamente. Los registros fueron confeccionados posestallido social, situación que la autoridad comunal calificó como “bastante cuestionable”.
–Uno podría llegar a entender que se investigue a personas con actividades penales, pero, según la información que manejo, este no sería el caso. Además, las labores de inteligencia corresponden a otras instituciones, como Carabineros y la Policía de Investigaciones –puntualizó.
Para asombro de los demás concejales, Madrid aseguró que la información recibida de manera anónima había sido confirmada por la secretaria ejecutiva de la AMSZO, Pilar Giannini, en un correo enviado a su casilla a mediados del año pasado.
En dicha misiva, Giannini reconoce la existencia de tareas de investigación realizadas en contra de los propios vecinos, pues le dice que las fichas investigativas habrían sido “eliminadas” y que “no se realizan desde el año 2021”. Además, argumenta que el objetivo de estas era recopilar información desde “fuentes abiertas” acerca de “sujetos particulares que tuviesen la capacidad de movilizar personas”. Todo con el único fin –dice textual– de “planificar servicios preventivos ante eventuales inconvenientes”.
El Mostrador pidió una versión al respecto a Giannini, quien declinó referirse al tema.
Respuesta recibida por el concejal Francisco Madrid.
“Es un acérrimo participante de marchas y manifestaciones antes, durante el estallido social y todo tipo de eventos que se realice en la comuna en contra de autoridades comunales y gubernamentales. A su vez, habría postulado en los comicios de concejales y alcalde de la comuna de Lo Barnechea”, se lee en una de las fichas, relativa a Luciano Pardo Ulloa, expresidente de la junta de vecinos San Lucas, fundador del sindicato de Terpel y excandidato a concejal el año 2016.
Pardo se enteró por este medio que su nombre, rostro, domicilio, patente vehicular y consulta de antecedentes judiciales figuraban en el expediente número 174, elaborado por Lo Barnechea Seguridad, la repartición municipal de seguridad ciudadana de la comuna y brazo armado de AMSZO en ella.
Lo primero que dijo Pardo, luego de revisar su perfil investigativo, es algo que siempre, asegura, había pensado: “Esto va en la esencia de estos gallos, se creen pequeños dictadores, quieren tener todo bajo control y, además, se permiten gastar recursos persiguiendo a personas, en vez de realizar obras sociales”.
Ficha autorizada para su publicación por el dirigente social Luciano Pardo. Las tachaduras fueron realizadas por este medio.
Solo en lo que va de este año, el municipio dirigido por el exsubsecretario de Prevención del Delito durante el primer Gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Cristóbal Lira, aportó a la AMSZO más de 2.300 millones –de un total anual de casi 9 mil millones aprobados– y a Lo Barnechea Seguridad otros 720 millones, para todo el año 2023.
El dirigente vecinal asegura no tener “mérito” alguno para convertirse en blanco investigativo del municipio, pero su nombre aparece como miembro del grupo “Salvemos Lo Barnechea”, organización vecinal opositora al nuevo Plan Regulador comunal ese año 2021, información consignada en el informe, luego que Pardo posteara una noticia en el Facebook “Barnecheinos”.
La información señalaba que el jefe de prensa de la Subsecretaría del Interior en ese entonces, Oliver Carrasco, trabajaba simultáneamente en los municipios UDI de Lo Barnechea y La Reina, percibiendo en total más de 10 millones de pesos mensuales. La noticia, aparecida en Interferencia, destacaba que tanto el periodista como el jefe comunal habían coincidido en la mencionada subsecretaría.
Para Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente, “la vigilancia y elaboración de perfiles de seguridad por vecinos que se expresan libremente en redes sociales respecto de algún tema de la municipalidad es, sin duda, una violación a los derechos ciudadanos, como el de expresarse libremente”.
–Si se generaron informes, si esos informes se les entregaron a las autoridades y si se usaron esos datos para tomar decisiones sobre esos vecinos, es grave. ¿Con qué fines se elaboraron? ¿Fueron perseguidos de alguna manera esos vecinos? La autoridad tendrá que aclararlo –agrega Lyon.
En este caso, la autoridad sería la AMSZO, representada por el directorio compuesto por los tres alcaldes que pertenecen a la organización: el presidente Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea; la vicepresidenta Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes; y la secretaria Camila Merino, alcaldesa de Vitacura.
La misión del organismo –según figura en su propio sitio web– es fomentar “la participación en materia de seguridad ciudadana a través del uso estratégico de sus recursos y servicios”, coordinando “acciones conjuntas entre los municipios y sus recursos humanos y tecnológicos, creando una red de seguridad ciudadana amplia y eficiente”. Solo el año pasado, la AMSZO recibió por parte de los tres municipios de la zona oriente de Santiago más de 10.500 millones de pesos.
La ficha de Pardo, realizada con recursos de la asociación, consigna una serie de pantallazos de publicaciones suyas en Facebook, así como la consulta de sus antecedentes en Poder Judicial, además de la fotografía de la patente de su vehículo, tomada en su lugar de trabajo, situación que confirmaría que el dirigente social habría sido objeto de seguimiento.
Identificación del vehículo de Luciano Pardo. Las tachaduras fueron realizadas por este medio.
Otra cosa. La ficha del colectivero tendría el número 174 y habría sido fechada en agosto de 2021, lo que hace presumir que existiría más de un centenar de perfiles antes que este, lo que pone en cuestionamiento si la práctica se extendió a los otros dos municipios, salpicando los periodos de Lavín y Torrealba.
El Mostrador accedió, además, a la ficha del abogado Pablo Parada, integrante de la misma orgánica de Pardo y también excandidato a concejal por la comuna. Su ficha, la número 162, contiene pantallazos de publicaciones aparecidas en el Instagram del grupo “Salvemos Lo Barnechea” y “Camino a Farellones”, todas relacionadas con el cambio del Plan Regulador. Parada, consultado al respecto, declinó participar en esta investigación.
Consultado por las tareas realizadas por el municipio de Lo Barnechea, al alero de la AMSZO, el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, asume que en este caso es importante plantearse una serie de interrogantes. “¿Por qué se dedica el municipio a hacer el mismo tipo de cosas que hacen los gobiernos sobre inteligencia o las mafias?”, se pregunta de entrada.
Y luego continúa:
–¿Cuál era el propósito? ¿En base a qué atribución legal andan haciendo fichas sobre adversarios políticos? ¿De cuántas personas más tienen expedientes? ¿Es una práctica habitual? ¿Quién los autorizó? Porque yo, en verdad, no veo ninguna facultad en lo que hicieron.
El Mostrador se comunicó con los tres municipios a cargo de la AMSZO, intentando aclarar las dudas generadas sobre las fichas de seguridad realizadas en contra de vecinos. Las Condes y Vitacura prefirieron no referirse al tema, siendo la comuna de Lo Barnechea la única que decidió hablar del asunto.
Sobre las fichas confeccionadas, la municipalidad encabezada por Cristóbal Lira aseguró, a través de su oficina de prensa, que decidieron elaborar este tipo de documentos tras el incendio de una caseta de seguridad ciudadana, durante el estallido social.
Asimismo, en concordancia con lo indicado por Giannini a Madrid, se trataría de información obtenida a través de fuentes abiertas “respecto de personas que se estarían vinculando para realizar incidentes, protestas, a través de llamados a manifestarse por redes sociales y, en base a eso, se recabó información para poder prevenir incidentes”, según dijeron.
Respecto a la foto de la patente de un vehículo, tomada en el lugar de trabajo de uno de los investigados, desde el municipio de Lo Barnechea descartaron que se tratara de un seguimiento.
“Lo que se hacía era tomar imágenes, fotografías, se grababan videos y se consultaban las patentes… si hay un auto estacionado afuera de una casa, se saca una foto a la patente y se googlea, eso entrega información… Aquí no hubo un trabajo de inteligencia”, expresaron desde el municipio.
Fuentes que conocen de cerca las operaciones, sin embargo, aseguraron a El Mostrador que las personas que realizaban los trabajos de inteligencia y confeccionaban las fichas pertenecían a una unidad especial, con prerrogativas particulares, que trabajaba al interior de la misma municipalidad.
Para Juan José Lyon, el solo hecho de recopilar antecedentes de este tipo evoca momentos vinculados a la dictadura militar, como sucedió con las fichas de Colonia Dignidad, las que también eran confeccionadas por un organismo no militar ni policial (una secta, en ese caso), en las cuales igualmente figuraban datos como los nombres, RUT, direcciones de personas, así como también, respecto de muchas de ellas, se efectuaban seguimientos y fotografías relativas a sus vehículos.
–La creación de perfiles, con información privada, de quienes expresan su disidencia con la administración comunal, recuerda a las prácticas de regímenes totalitarios, donde quienes disienten quedan en una lista de enemigos –sostiene al respecto Lyon.
Si bien es efectivo que los municipios tienen atribuciones en materia de seguridad comunal, contempladas en la Ley Nº 18.695, Contraloría sostuvo en un dictamen del año 2017 que estas facultades eran válidas “siempre que ello no implique invadir las atribuciones de los organismos competentes en la materia”, o sea, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Frente a lo anterior, el concejal Francisco Madrid acaba de presentar un requerimiento al organismo fiscalizador para que se pronuncie sobre la legalidad de los actos, incluyendo el hecho de que él apareciera en las fichas siendo “el único concejal de izquierda” activo en el municipio, y el eventual encubrimiento de los hechos por parte de AMSZO, tras la eliminación de tales fichas.
–Todos esos antecedentes quedaron adjuntos en la solicitud, así que espero que Contraloría pueda pronunciarse al respecto, sentando un precedente, y solicite un sumario administrativo para detectar quiénes fueron los responsables de llevar a cabo estas labores de inteligencia municipal. No queremos que nuestro municipio replique prácticas nefastas de la CNI en dictadura, donde se investigaba a personas en la total oscuridad –dice Madrid.
Si bien existirían responsables a nivel de mando institucional, particularmente al interior de AMSZO, el reclutamiento de funcionarios de seguridad con prontuario, involucrados en robos y homicidios, tal como apareció en algunos medios de comunicación, plantea serias dudas respecto de si estos participaron o no en la elaboración de las fichas.
Se trata de tres patrulleros y un alto funcionario de Lo Barnechea Seguridad, todos excarabineros dados de baja y luego contratados por la AMSZO, quienes trabajaron durante el periodo en que se elaboraron las fichas investigativas. De los primeros, destaca el caso de Sebastián Tapia Claro, condenado por robo con intimidación, en el año 2017, tras participar en el asalto a una multitienda en Estación Central.
De todos los funcionarios con antecedentes judiciales, cuyo paso en el municipio coincidió con el periodo en cuestión, el único que se mantiene trabajando en la asociación es Alejandro Jorquera, director de Operaciones de Barnechea Seguridad, acusado de participar en el crimen de un obrero en el año 2006.
Patrulleros de Lo Barnechea. Foto de AMSZO.
