PAÍS
El subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano dijo sobre el allanamiento en Villa Francia que “no hay ningún territorio que esté fuera de la ley en Chile”. En cuanto al caso de Eduardo Macaya, dijo que le encantaría “un sistema que nos garantice a todos el mismo acceso a la justicia”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, abordó el caso de Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI Javier Macaya, quien fue condenado por dos delitos de abuso sexual pero que no quedó en prisión preventiva a la espera de recibir su sentencia; y lo ocurrido con el allanamiento en Villa Francia.
En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, al ser consultado si existe una justicia para ricos y otra para pobres, Altamirano expresó: “No quisiera personalizarlo en ningún caso específico, pero yo creo que sería faltarle el respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos que nos escuchan. Evidentemente me encantaría, por ponerlo así, que existiera un sistema que nos garantice a todos el mismo acceso a la justicia”.
Altamirano subrayó la necesidad de un acceso igualitario a la justicia, criticando las diferencias en el trato judicial para diversos casos. “Esto incluye el caso de alcaldes, empresarios, fuerzas militares, abuso sexual y violencia eclesial”, dijo. Aunque reconoció avances con la reforma procesal penal, afirmó que “en ese ejercicio permanente de mejorar nuestra democracia, este es un aspecto que es central”.
Sobre el allanamiento en Villa Francia, Altamirano destacó que fue un procedimiento del Ministerio Público y no del Ejecutivo, enfatizando la autonomía de dicha institución. “Todos tenemos que defender al Estado de Derecho, no hay ningún territorio que esté fuera de la ley en Chile”, afirmó. Enfatizó que las fuerzas policiales deben respetar estrictamente los protocolos: “Es necesario que existan órdenes de allanamiento y que exista la posibilidad de que el Poder Legislativo haga fiscalización”.
En ese sentido, rechazó cualquier justificación para la lucha armada en el contexto actual, debido a la presencia de armas en lugares icónicos de Villa Francia, como el comedor social y la radio, afirmando que “no estamos ni en 1978 ni en 1986. Aquí hay que ser, entre todos, muy garantes del Estado de Derecho”. Altamirano agregó que “tenemos una base de entendimiento entre todas las fuerzas que estamos a cargo de ciertas responsabilidades políticas” y que se debe definir claramente “qué es lo aceptable y lo que no es aceptable”.
“Más que hablar de montaje yo trataría de que tengamos mucha conversación respecto a los antecedentes que a veces veces son delicados, pero que en base a eso siempre pongamos por delante el Estado de Derecho. Yo quiero decir, además, políticamente, un aspecto. Yo creo que ya hace mucho tiempo que Chile despejó el camino democrático y no hay ningún espacio para lucha armada”, recalcó.
En esta materia, tuvo palabras para el Partido Comunista y sus críticas por el allanamiento en Villa Francia, acusando que fue un montaje del Ejecutivo. “Yo quisiera hablar de otro tema que yo veo con mucha preocupación desde hace varios meses y es que como ha ocurrido tantas veces en la historia de la humanidad, se va creando un cierto chivo expiatorio”, dijo, apuntando que “el Partido Comunista empieza a hacer que encargue las culpas de todas nuestras diferencias en el gobierno o todas nuestras diferencias en los entendimientos políticos”.
El subsecretario señaló que este enfoque es un exceso y no se condice con la realidad de un partido que, a diferencia de otros partidos comunistas en el mundo, ha tenido una posición institucional y respetuosa del Estado de Derecho. “Me parece que hace mucho daño y es muy peligroso”, afirmó Altamirano, recordando los trágicos episodios de la historia chilena donde se ha recurrido a la creación de chivos expiatorios.
Finalmente, Altamirano enfatizó la necesidad de distinguir entre una crítica política legítima y cargar a un sector político con todos los males de la política nacional, lo cual calificó como “totalmente desproporcionado y no se condice con la realidad”.
Sobre el ataque en Cañete, Altamirano destacó la rápida acción del Gobierno para esclarecer los hechos y aseguró que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos en general tiene más bien a activarse en la medida que no hayan respuestas estatales a la altura”. Subrayó la importancia de que los carabineros cuenten con la preparación y equipamiento adecuado para no exponer sus vidas.
“Es una discusión que usa, en el campo de los derechos humanos, una discusión muy antigua, que solamente pueden ser quienes violan los derechos humanos los agentes del Estado, una discusión que ha tenido varias varias varias capas de interpretación”, apuntó.
Altamirano reconoció que la tragedia en Cañete refleja una responsabilidad estatal en asegurar que sus agentes estén adecuadamente protegidos: “La muerte no puede ser más terrible lo que pasó, sin embargo, aquí también habría una responsabilidad del Estado, por lo tanto, esa adecuación, yo creo que como país hemos dado los pasos correctos en términos de garantizarle a los funcionarios policiales que tengan las herramientas adecuadas”.
El subsecretario resaltó la importancia de no perder de vista que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a la dignidad, aunque los roles que les correspondan sean distintos. “En el caso de los carabineros, la muerte no puede ser más terrible, pero también hay una responsabilidad del Estado en proporcionar estructura y capacidad armamentística adecuada”, comentó.
