El Juzgado de Garantía de Arica accedió esta mañana a la petición de la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Arica de realizar la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas Vargas, fallecido en una marcha de instrucción militar en Pacollo el 27 de abril, con el fin de efectuar una segunda autopsia bajo el Protocolo de Minnesota, dado que la necropsia ejecutada por orden de la Fiscalía Militar de Arica, no consideró esta metodología internacional prevista para casos de muertes bajo la custodia de agentes del Estado.
La jueza Garantía, Paulina Zúñiga decidió esta medida, de acuerdo al artículo 320 del Código Procesal Penal, en el sentido de autorizar diligencias que permitan el esclarecimiento de un caso a través de una pericia específica.
“Sin duda que se trata de una diligencia que resulta de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados”, sentenció la magistrada y dispuso que una vez concluido el peritaje, deberá procederse a la “inmediata” sepultura del cuerpo, cuyos restos fueron enterrados en un cementerio de Santiago.
En la audiencia participó la madre del conscripto fallecido, Romy Vargas, quien fue consultada por la magistrada sobre su parecer respecto de la pericia, indicando que no tenía inconvenientes con la exhumación.
La fecha para la autopsia es aún incierta, pero el Ministerio Público señaló que la ejecutará “lo antes posible”. Para su desarrollo, todavía está pendiente si el Ministerio Público recurrirá a personal del Servicio Médico Legal o a un perito privado. Asimismo, el organismo confirmó que contará con un veedor para este procedimiento.
En paralelo, el organismo trabaja aceleradamente con un equipo de la PDI en la toma de declaraciones a conscriptos y sus madres que decidieron abandonar el servicio militar y fueron trasladados a Santiago la primera semana de mayo, tras la muerte del soldado, la afectación de 2 reclutas con bacterias que les provocaron graves secuelas en sus extremidades, y el aislamiento de casi 50 efectivos por cuadros depresivos-suicidas e influenza.
En la audiencia judicial alegó la directora regional subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Melissa Figueroa. La abogada expresó la necesidad de realizar este nuevo procedimiento para determinar si hubo “conductas dolosas u omisivas” por parte de los mandos castrenses, que tuvieron a cargo la instrucción de los 240 soldados de la Brigada Reforzada “Huamachuco”.
Del mismo modo, la Fiscalía deberá revisar los 5 tomos con más de 1.500 fojas del proceso iniciado por la justicia militar y que le fue derivado recién el pasado 5 de julio, tras la decisión de la Corte Suprema de asignar la competencia de esta causa a la justicia civil.
Capitán se asume imputado
Una solicitud inesperada ocurrió en la audiencia por parte la Defensoría Penal Pública, tras notificar el defensor público regional, Sergio Zenteno, que asumía el patrocinio del capitán del Ejército, Michael Fritz, en la condición de “imputado” que el oficial tenía en la causa, dado su rol como jefe de la compañía en la que Franco Vargas marchó y perdió la vida.
La afirmación de Zenteno fue corregida por el Fiscal Regional, Mario Carrera, quien participaba en la audiencia vía telemática. El abogado precisó que, hasta el momento, en la causa que lleva la justicia ordinaria “no existen imputados por parte del Ministerio Público aún”, sino que sólo había personas en calidad de testigos.
Al final, la Defensoría Penal Pública consiguió que se aprobara su solicitud de participar en la nueva autopsia con el médico legista, Bastián Caillaux e insistió en que Fritz tuvo la calidad de “inculpado” en la investigación de la justicia militar y que por eso comparació ante a Corte Suprema cuando se debatió la contienda de competencia sobre el caso.
La jueza Zúñiga dispuso que el perito de la Defensoría presencie la pericia, examine interna y externamente los órganos, analice las muestras y tome fotografías.
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