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Fernando Chomali, en su homilía inaugural como arzobispo, declaró que la Iglesia católica no opinaba de política. Desde entonces ha hecho todo lo contrario. Es más, ahora busca que Contraloría no tome razón de un decreto, para impedir el cumplimiento de una ley de la República.
A pesar de que el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, apenas asumir declaró que no opinaría de política, desde aquel momento el líder de la Iglesia católica chilena no ha hecho más que opinar sobre distintas materias políticas que están en plena discusión legislativa, como son el aborto y la eutanasia.
Todo ello ha sido acompañado por una ofensiva jurídica por parte de la Conferencia Episcopal, mediante el ingreso de un escrito a Contraloría que busca declarar ilegal las modificaciones al reglamento de la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La circular publicada por el Ministerio de Salud tiene como objetivo, entre otras cosas, promover la contratación de personal médico no objetor, con el fin de dar garantías de acceso a esta prestación, tal como habilita la legislación promulgada en 2017.
A juicio de la institución religiosa, el reglamento “adolece de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad”, y asegura que coarta al personal que puede ser objetor, limitándose a quienes estén “directamente relacionados con el procedimiento de interrupción del embarazo”. El escrito –que cuenta con una redacción muy similar al ingresado por el diputado Diego Schalper (RN) a través de la ONG Comunidad y Justicia– advierte sobre un “favorecimiento arbitrario de los no objetores en la distribución de turno y en la contratación de personal médico”.
En ese sentido, en entrevista con CNN, el arzobispo Chomali señaló que los médicos que realizan abortos “se equivocan”, y aseguró que ha conversado “con muchos políticos para hacerles ver que el talante de una sociedad se mide en la capacidad que tenemos de cuidar a los más débiles”.
Para la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en un Estado laico el debate se nutre de las diferentes posiciones que puedan sostener las organizaciones y actorías. “El debate debe nutrirse de distintas voces, esta no puede ni debe ser una discusión solo con la Iglesia católica, eso no está a la altura de un país democrático y laico. Es importante recordar que entre 1931 y 1989 –por casi 60 años– en nuestro país las mujeres podían acceder al aborto, pues el Código Sanitario lo permitía legalmente por razones terapéuticas, lo que admitía una interpretación amplia. En agosto de 1989, a 4 meses de que la ciudadanía pudiese elegir democráticamente a un Presidente, la Junta Militar decidió –sin mediar debate alguno– prohibirlo. Por eso es tan importante esta invitación a un debate democrático sobre este tema”, subraya.
Respecto a la objeción de conciencia, la ministra puntualiza que “es importante plantear que, luego de siete años de implementación de esta ley de tres causales –la cual cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía–, no se ha logrado garantizar la continuidad del servicio a las mujeres y niñas que quieran acceder a una de las causales en los hospitales públicos de Chile”. Lo anterior, debido a que “18 de 68 establecimientos que se encuentran habilitados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, tienen más de 2/3 de los obstetras que se acogen a la objeción de conciencia en la causal 3, y existen 5 establecimientos en que hay un 100% de objetores de conciencia para la causal de violación”.
“Por supuesto que la condena de determinados grupos o personas no contribuye al objetivo de garantizar este derecho a las mujeres que lo requieran, pues, de acuerdo con algunos estudios académicos, lo que tenemos es un alto número de ‘objetores pasivos’, es decir, que no son profesionales que estén en contra de realizar el procedimiento, sino que tienen miedo de que los juzguen dentro de su equipo, o sus jefaturas o, bien, que no fueron capacitados. Por eso, precisamente, a través del nuevo reglamento estamos buscando entregar capacitación y ordenar la red, y en ningún caso eliminar la objeción de conciencia, que es un instrumento legítimo y asentado que no tiene que ver solo con el aborto”, agrega.
En diciembre de 2023, Fernando Chomali asumió como nuevo arzobispo de Santiago. Durante su primera homilía, hizo una aclaración respecto a sus funciones: “Muchos lamentablemente han visto este nombramiento como un nombramiento con tinte político. No, la Iglesia no se mete en política, no es lo suyo”, afirmó en la Catedral Metropolitana.
Sin embargo, la autoridad religiosa no ha tenido mayores reparos al asegurar que, tanto el Presidente Gabriel Boric como los políticos en general, se “equivocan” al legislar sobre aborto y eutanasia. Además de defender el requerimiento presentado en Contraloría y reiterar que “no está de acuerdo con las tres causales, porque es, al final del día, nos guste o no nos guste, un acto de eliminar un ser humano inocente que podemos haber sido cualquiera de nosotros”.
Para la doctora en Derecho y académica de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga, es adecuado hablar de una ofensiva por parte de la Iglesia católica, porque lo que demostraron “en la discusión previa de la ley que despenalizó el aborto en tres causales y en esta intervención ante la Contraloría, es precisamente una ofensiva política, que desborda la discusión concreta de intereses individuales que podrían quedar protegidos por la vía de la objeción de conciencia. Y se transforma, en cambio, en la promoción de un tipo de creencia colectiva, que es por supuesto legítima, pero que ya ha sido canalizada en la discusión previa del aborto”.
“Creo que la declaración de la Iglesia ha sido muy explícita de que lo que están rediscutiendo es el régimen de aborto, y la discusión concreta de la objeción de conciencia tiene menos que ver con la protección de creencias religiosas a las que adscriben determinados sujetos y más que ver con la intención de poner obstáculos y generar una especie de derogación en los hechos de una norma que ya ha sido aprobada y que reconoce los derechos procreativos de las mujeres”, afirma Zúñiga.
Respecto al asidero jurídico del requerimiento presentado por la Iglesia, la abogada de la Universidad de Chile y máster en Filosofía Política y del Derecho, Elisa Walker, señala que, a diferencia de lo que sostiene la Conferencia Episcopal, “la propuesta de Reglamento sobre objeción de conciencia no tiene vicios de ilegalidad. Por el contrario, el texto asegura que la Ley Nº 21.030 se implemente en forma adecuada y que también resguarde la ley de derechos y deberes de los pacientes”.
“La ley de las tres causales establece que la objeción de conciencia en ningún caso debe privar a la mujer de acceder a la interrupción del embarazo. Por lo mismo, es muy razonable tener un sistema eficiente de información, exigiendo que haya un formulario único que se deba completar para ser objetor y que se tenga una lista actualizada de quienes son objetores. Asimismo, el Estado tiene recursos limitados y es importante priorizar que su personal pueda atender a las mujeres que están en alguna de las tres causales. Estos ejemplos dan cuenta de que la propuesta de reglamento da cumplimiento a diversas leyes y, por lo mismo, el reclamo de ilegalidad es infundado”, dice.
El arzobispo Fernando Chomali también ha criticado a través de la prensa a la comunidad médica no objetora, señalando que “tienen una visión materialista de la medicina”. En esa línea, Walker indica que en nuestro país “los médicos no objetores ofrecen apoyo a mujeres que viven situaciones extremas y desgarradoras, como lo es el haber sido violada, que su vida corra riesgo y tener un embarazo inviable. Los médicos que dan apoyo a esas mujeres cuando ellas quieren interrumpir sus embarazos, están haciendo un gesto de humanidad”.
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humano UDP, Lidia Casas, advierte que los profesionales de la salud que permiten el cumplimiento de la ley que despenaliza el aborto en tres causales lo hacen en función de un actuar ético, “porque se ponen a disposición de las necesidades de sus pacientes”. Casas también afirma que, más allá del Estado laico, la Conferencia Episcopal sí interviene en las discusiones públicas.
“Es una institución con una visión política sobre la organización social, las relaciones entre los sexos, la sexualidad o la reproducción e incluso la cultura, con mayor o menor éxito. Lo hizo hace pocos meses en una presentación ante el Tribunal Constitucional en el requerimiento de Chile Vamos en contra de la Ley de Violencia en Contra de las Mujeres, rechazando la obligatoriedad de una educación no sexista en las escuelas. Instó a que jueces consideren que aquello que ha sido aprobado democráticamente sea declarado inconstitucional, porque tiene una visión distinta del rol de la educación, y que hablar de género en la escuela le disputa el poder que cree que es absoluto para las familias”, agrega la profesora de la Facultad de Derecho UDP.
El acto equívoco del Presidente Gabriel Boric, al que aludió la máxima autoridad eclesiástica del país, es el anuncio del proyecto sobre aborto legal que será presentado en diciembre de este año, según lo confirmó la ministra Antonia Orellana.
Consultada sobre cómo proyecta este debate y la eventual incidencia de la iglesia, la secretaria de Estado señala que la “invitación es a debatir, pero poniendo siempre por delante la experiencia de las mujeres. La Ley de Aborto en tres causales es un buen ejemplo de que, cuando se piensa en la experiencia de las mujeres y su poder de decisión, se puede llegar a un consenso”.
“Un estudio del CEP, que analizó la discusión del aborto en Chile durante 24 años, muestra cómo la sociedad chilena ha ido abriendo su opinión sobre el aborto, lo que evidencia la importancia de propiciar un debate democrático al respecto. Si en 1999 más de la mitad de la población (55%) consideraba que el aborto debía ser prohibido siempre, en la última medición (octubre 2023), solo 15% estaba por la prohibición a todo evento. Es decir, la opción de prohibición a todo evento no solo dejó de ser la opinión mayoritaria, sino que cayó en 40 puntos porcentuales en estos 24 años”, agrega Orellana.
En esa línea, la abogada Yanira Zúñiga afirma que lo que demuestra la práctica y el devenir de estas discusiones en el derecho comparado es que “efectivamente la objeción de conciencia se transforma en una especie de caballito de batalla una vez que se pierde, que es lo que ha ocurrido en el caso chileno. La discusión sobre un régimen más liberal del aborto es, previsiblemente, lo que podría ocurrir en un futuro cercano, porque además la ciudadanía chilena se viene mostrando más favorable a una mayor liberalización del aborto, que incluso desborde el régimen de tres causales actualmente”.
“Es verdad que la composición actual del Congreso es una composición que puede ser previsiblemente refractaria a una liberalización. Pero lo cierto es que la tendencia a nivel comparado e histórico es una tendencia que ha tendido a no quedarse necesariamente como punto de llegada en un régimen de permisos como el que tiene Chile, sino que ese régimen de permisos suele ser el punto de partida para discutir y aprobar una legislación de plazo”, indica la jurista.
