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La Ley del Registro de Beneficiarios Finales, que regula el dinero entre entidades privadas sin fines de lucro y el Estado -considerada como una de las 46 medidas estrella- yace sin urgencia en el Senado. Esa regulación permitiría dejar en evidencia el financiamiento irregular de la política.
“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas (46) propuestas y esperamos contar con apoyos transversales para profundizar la probidad”. Con estas palabras, el Presidente Boric, en agosto de 2023 y el escándalo del Caso Fundaciones latente, recibió 46 medidas de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro y el Estado. Sin embargo, a casi un año de eso, se registra un progreso de apenas 38% .
Un detallado estudio de los avances de las 46 medidas entregadas por la Comisión al Gobierno, elaborada por la ONG Chile Transparente – dedicada estudiar y promover propuestas contra delitos corporativos y de corrupción, registró que acciones emprendidas con incoherencias y un grado de avance bajo.
El trabajo de la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL) tuvo como objetivo, tras el caso Fundaciones, mejorar la agenda de probidad del Gobierno.
Entre las 46 medidas se destacan la elaboración de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, con o sin fines de lucro, la creación de una Ley General de Transferencias, y el aumento de estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control para evitar nuevos casos Convenios.
Uno de los elementos considerados más relevante es el Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, el cual apuntará a cumplir con “estándares y buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE”. Este debe ser tramitado y aprobado por el Congreso, a donde ingresó por el Senado en diciembre de 2023. Luego, en marzo de este año, llegó a la Comisión de Hacienda. Y todo indica que por no tener urgencia y estar menos visible en los debates avanza lento. También sectores políticos y de empresarios especulan que hay financistas de todo tipo de rubros contrarios a que avance.
El registro de entidades y fundaciones beneficiadas con los dineros contempla tener un sitio web con información sobre transferencias de platas públicas al sector sin fines de lucro, poder hacer seguimiento a los dineros públicos que llegan a las organizaciones privadas y conocer en que se emplean los montos. Algo que hasta hoy sólo puede hacerse con instituciones fiscales que reciben dinero, pero no con privados como las Fundaciones.
La propuesta también persigue prevenir que personas jurídicas sean utilizadas en actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la corrupción o evasión de impuestos y conocer a las personas naturales detrás de asociaciones.
No obstante, a pesar de ser una de las principales medidas de control de las controvertidas fundaciones y aunque ingresó al Senado en diciembre de 2023, el informe de seguimiento de Chile Transparente manifiesta que la Ley, anunciada con pompa, yace somnolienta en la tramitación legislativa.
“Es necesario activar todos los mecanismos y herramientas que tiene el gobierno para empujar los proyectos de ley en tramitación, como por ejemplo él envió de urgencias legislativas a proyectos como: (el Registro Nacional de) Beneficiarios finales o reales, acceso a la información, transferencias e integridad municipal”, indica el estudio de Chile Transparente.
El proyecto de Ley del Registro de Beneficiarios Finales esta en la Comisión de Hacienda, en su primer trámite, y con urgencia simple desde marzo.
Se considera que tener un Registro de estas características permitirá combatir la corrupción y el crimen organizado; prevendrá el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; evitará el uso indebido de figuras jurídicas para defraudar; colaborará con el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y permitirá asegurar otras obligaciones legales tales como el pago de pensión de alimentos.
Tal es la relevancia que en algunos círculos políticos se le asigna a transparentar los aportes a las fundaciones y que revelen qué hacen con la plata que les llega que en la Cámara de Diputados se presentó hace un par de semanas otra moción en ese sentido.
“Creemos que es del todo relevante transparentar los aportes a las fundaciones, tanto públicos como privados. Y saber en que se destinan esos dineros que reciben. Junto a la diputada (Daniela) Cicardini presentamos justamente un proyecto denominado Fundaciones Transparentes, para que, entre otras cosas, se genere un sistema de transparencia para que sea público (para conocer) en que gastan sus dineros, honorarios, contratos y otros. Las fundaciones son lugares con una baja fiscalización, donde además de prestarse para la corrupción, perfectamente puede penetrar el crimen organizado para blanquear dinero originado de ilícitos”, afirma el diputado Daniel Manouchehri (PS) uno de los creadores de esta iniciativa
La moción del Ejecutivo expresa que un beneficiario final es una persona natural, chilena o extranjera, con o sin domicilio en el país, “que posea, directa o indirectamente, una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades, o tengan derecho a voto o veto, respecto de una entidad obligada a informar; que puedan elegir o hacer elegir, cambiar o remover, directa o indirectamente, a la mayoría de los directores o administradores de una entidad obligada a informar; ejerzan el control efectivo de una entidad obligada a informar”, entre otros elementos.
El Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas estará a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y contará con un consejo consultivo formado por consejeros representantes de distintos órganos del Estado. La información contenida en el Registro relativa a entidades que reciban transferencias -o que contraten con el Estado bajo cualquier modalidad, o reciban donaciones que den origen a beneficios tributarios para el donante- será pública y estará a disposición de los cibernautas.
En octubre del año pasado la Confederación de la Producción y el Comercio se mostró afín al Registro. De hecho, según se informó, la CPC elaboró un documento titulado evaluación de medidas para un mejor cumplimiento tributario. En el texto, que propone 28 ideas, fue entregado al ministro de Hacienda Mario Marcel, y coincidió en la propuesta de creación de un registro nacional de beneficiarios finales de dueños o controladores de empresas.
Según fuentes que conocen el asunto, algunos millonarios empresarios evaluaban que con el respaldo era un importante avance para que la idea viera la luz. No obstante, también existen miradas suspicaces. Por ejemplo, analistas, parlamentarios e inversionistas millonarios creen que el Registro permitirá la trazabilidad de dineros en todo tipo de ONG, y dejaría en evidencia posibles actividades de financiamiento irregular de la política cómo también a narcotraficantes que blanqueen dinero con su propia fundación. Por ello, algunos opinan que “hay acaudalados empresarios que están en contra, y como también en sectores dentro del Estado”.
“A la fecha, la única medida que está efectivamente bien cumplida es la rendición de cuentas, que es que el Gobierno se comprometió a reportar mensualmente su grado de avance. Por otra parte, de las propuestas que tienen contenido real de posibilidades de cambio, a la fecha ninguna logra un avance que supere el 50%. Incluso, algunas medidas no responden al espíritu de las recomendaciones que hizo la Comisión”, explicó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.
