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Crédito: Agencia Uno
En el diagnóstico político de fondo de la oposición está que “Tohá y Monsalve hacen lo que pueden” y las críticas se centran en Prevención del Delito y el subsecretario Eduardo Vergara. En el oficialismo ven impacto en municipales por varios elementos y el control territorial de bandas violentas.
“A pesar del aumento de dinero a las policías, la agenda de seguridad, el fast track que no se cumplió, militares en frontera y las medidas carcelarias, el Gobierno está siendo derrotado por el crimen y debe asumirlo”. Aunque con matices, ese es el corolario de siete legisladores oficialistas y opositores que, con reserva, aprecian así lo ocurrido estas últimas 72 horas, con 14 asesinatos que impactaron por su crudeza.
No obstante, en un sector de la derecha reconocen que, pese a las críticas, una salida de la ministra del Interior y del subsecretario Manuel Monsalve “podría agravar las cosas, de ser reemplazados por cuadros del Frente Amplio o del PC”. Mientras que otro es más crítico.
“Hay un déficit de gestión ante crímenes devastadores. El Presidente debería encabezar esta gestión y no seguir delegando en un subsecretario que, al parecer, le está quedando ancha la gestión en materia de seguridad”, dice el diputado Andrés Longton (RN), de la Comisión de Seguridad de la Cámara. “Planes como el ‘Calles Sin Violencia’ han fracasado y eso exige una reestructura y cambio en la estrategia, y los recursos podrán ser más, pero se están gastando ineficientemente o derechamente no se están ejecutando”, reafirma categórico.
Según explican otros en la oposición, se insiste en darles mayor soporte a las policías, pero no en fortalecer el sistema global y trabajar las evidencias de corrupción en Gendarmería y en las policías, ya que indican que en esta derrota del Ejecutivo es que se instala la desconfianza institucional.
“El Gobierno en algún momento debe, aunque sea por dentro, necesariamente asumir que no tiene la capacidad de luchar contra el crimen organizado, ni de alinear a las instituciones en pro de un objetivo común. Un segundo punto es que el sistema penal está completamente debilitado contra bandas que parecen empresas delictuales. Conocen perfectamente bien las falencias y la Fiscalía Nacional tiene un problema de eficiencia penal. El sistema penal tiene poca capacidad, está cuestionado, por algo se conforma esta unidad especial, y falencias con los elementos probatorios para encarcelar y en penales colapsados”, sostiene una alta fuente opositora.
El senador Matías Walker (Demócratas) parece también tener una evaluación en esa línea, pero desliza además una crítica al Poder Judicial y no cuestiona particularmente al Gobierno. “El Estado debe enfrentar con mayor decisión el crimen organizado y el fenómeno migratorio. Las policías y la Fiscalía deben ejercer las mayores facultades contempladas en las nuevas leyes que aprobamos al efecto, y debe implementarse en todo el territorio el control preventivo migratorio de identidad”. Agrega que “en estos días hemos quedado conmovidos como país con aterradores hechos de violencia”, asegura, y agrega que “llegó el momento de enfrentar al crimen organizado con mayor decisión por parte de todas las instituciones”.
Paralelamente, la oposición sabe hacer la ecuación entre diagnóstico y campaña electoral. De hecho, la bancada de diputados de la UDI ha ido un paso más allá, al solicitar la renuncia de la ministra Tohá y los subsecretarios Monsalve y Vergara, responsabilizándolos por el aparente fracaso en la estrategia de seguridad.
Pero, a pesar de lo anterior, en la evaluación de fondo que hacen mayoritariamente en la oposición, y a partir de la idea de que Tohá y Monsalve hacen lo que pueden, las críticas se centran en Prevención del Delito, y el subsecretario Eduardo Vergara, que anuncia medidas “que no funcionan para prevenir y llegan atrasadas”, y es el peor evaluado de Interior. Incluso –afirman diversas fuentes– en su propio partido, el PPD.
Sin embargo, la situación hace cobrar fuerza a las peticiones de Estados de Excepción amplios. “Con los hechos ocurridos durante este fin de semana y con el aumento en el número de homicidios, el Gobierno debe terminar con sus complejos y dar suma urgencia a proyectos de la agenda de seguridad clave, como el Reglamento del Uso de la Fuerza, inteligencia y empoderamiento a las FF.AA. en casos excepcionales”, dice el senador José Durana (UDI) a El Mostrador. Y agrega: “Los chilenos a gritos nos exigen vivir en paz y seguridad. Para eso necesitamos un Presidente de la República que, en vez de estar viajando al extranjero, nos proteja usando sus facultades constitucionales y declare a todo el país en Estado de Excepción Constitucional, para enfrentar con decisión la delincuencia y el crimen organizado”.
La ola de asesinatos –que, según explican desde La Moneda, había bajado y se lucía en cada conferencia de prensa– genera un escenario complejo para lo que resta de la actual administración. Y generará daño electoral a los gobernadores y alcaldes oficialistas en las elecciones de octubre, donde en círculos políticos advierten respecto al control territorial que tienen las bandas, sobre todo en sectores de las comunas más pobres.
El discurso del Socialismo Democrático es aún más lúgubre. Explican que el relato de Boric en relación con que el Estado “no va a permitir ninguna de estas cosas”, ha perdido credibilidad y eso genera desconfianza en el electorado. Aun cuando señalan que la situación “está tan desbordada que, si hubiese otro gobernando, probablemente no sería distinto, porque la lógica es que solamente las policías actúan y deben tener más funcionarios y dinero, pero estaría demostrado en estudios que se requiere una actividad coordinada del Estado”.
“Pareciera que tenemos un Presidente que está ausente, privilegiando situaciones que no son las primordiales. Más de 17 homicidios en cuatro días refleja que hay una crisis de inseguridad sin precedentes y las autoridades, en vez de hacerse cargo, pretenden esconder realidades y cifras debajo de la alfombra, engañándonos”, asegura el diputado Longton. “Pretendiendo establecer que Chile sigue siendo un país seguro”, remata el parlamentario.
En medio de la consternación generada por la balacera en Lampa, el Ministerio del Interior ha tomado medidas urgentes, convocando a una reunión de alto nivel que juntará a los principales actores involucrados en la seguridad pública. Bajo la dirección del ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, se espera que este encuentro en La Moneda –programado para este miércoles a las 8:00 horas– aborde la reciente ola de violencia y la presencia de grupos criminales armados en distintos eventos, según lo expresó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en una entrevista en Chilevisión.
El senador Iván Flores (DC), por su parte, y como presidente de la Comisión de Seguridad de la Corporación, convocó al subsecretario Monsalve a comparecer ante la instancia. El parlamentario busca dejar de manifiesto la preocupación y el interés por esclarecer los hechos acontecidos en Lampa y sus implicancias en la seguridad ciudadana. Y la Cámara hizo lo mismo y sumó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
En medio de este escenario político tensionado, se ha puesto en evidencia el aumento de homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Situación que ha llevado al titular subrogante del Interior, Manuel Monsalve, a expresar su preocupación y a señalar la necesidad de abordar este desafío como una prioridad nacional. El contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran estos menores, con un alto porcentaje de víctimas relacionadas con antecedentes penales en Gendarmería, plantea un desafío social y político que requiere una acción urgente y coordinada.
El analista de seguridad Guillermo Holzmann tiene una visión técnica que suena escalofriante. Según plantea, las bandas han logrado acceso a armamento de guerra, de alto calibre y letalidad, que transportan con cierta desinhibición para amedrentar o matar. Asimismo, explica que las bandas perciben que hay un alto nivel de impunidad y que pueden instalarse en Chile con facilidad para establecer una industria de crímenes violentos
“Considerando la tragedia de estos asesinatos, es necesario no solo un discurso de la necesidad de seguir luchando contra el crimen organizado, que ha logrado control territorial, con voluntad de matar a cualquiera en función de intereses o negocios. El tema mucho más de fondo es una debilidad institucional que se transforma para las bandas criminales en un incentivo para delinquir e instalarse en Chile”, subraya. “Ven un concepto de impunidad, se sienten capaces de entrar y salir del país, de acceder a armamento. Si las policías logran arrestarlos, el sistema judicial va a estar complicado para poder generar evidencias que lleven a sentencias. Se movilizan o se instalan en las poblaciones, en los barrios de comercio minorista. Los temas de extorsión, secuestro, chantaje, son pan de cada día. Y tienen considerada asesoría jurídica, financiamiento y logística”, sostiene el experto.
