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Créditos: Agencia Uno.
La creación del Frente Amplio como partido único trajo consigo, aparte de tensiones, reflexiones sobre el horizonte ideológico que proyectan hacia el futuro. Entre ellas, figuran demandas expresadas en el estallido social y, con ello, la disputa por no reducirlo solo expresiones de violencia.
Las elecciones municipales y de gobernadores regionales serán el 27 de octubre y nueve días antes se conmemorarán los cinco años del estallido social. Desde el Gobierno descartaron algún acto conmemorativo, pero en el Frente Amplio (FA) –partido recién constituido y que este fin de semana escogió a su directiva– existe una reflexión al respecto y han vuelto a echar la mirada sobre las demandas allí expresadas, para de alguna forma reivindicarlas. Algunas incluidas en la Convención Constitucional y otras, advierten al interior del FA, dejadas de lado por pragmatismo y porque no forman parte del horizonte de la colectividad.
“Chile vive una crisis social y de legitimidad que es muy profunda. Hay un malestar profundo de la ciudadanía que tiene que ver con un nivel de desigualdad muy brutal que afecta a nuestra democracia, porque las decisiones se toman entre muy pocos. A mí me gustaría que, como país, tuviéramos memoria de nuestros procesos políticos. Seriedad respecto a cómo damos ese debate y que también podamos llegar a ciertos puntos de encuentro, de síntesis común, no simplemente hacer un llamado vacío a la unidad, sino cómo ponemos distintas visiones respecto a lo que pasó, pero para poder solucionar esos problemas que aquejan a la gente. Si no, la crisis de legitimidad solo se va a profundizar”.
Las expresiones anteriores son de la recién electa presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Eso le respondió al diario La Tercera cuando le preguntaron respecto a su visión sobre el estallido social a cinco años de ocurrido. En ella, se revela la reflexión que se ha hecho al interior del FA acerca de una orientación que se pretende establecer sobre octubre de 2019. El domingo, en “Tolerancia Cero” de CNN, la timonel frenteamplista reforzó la idea de mirar el estallido social en una dimensión más amplia que los hechos de violencia.
Quienes han seguido esta reflexión desde cerca, advierten que hay una vuelta a pensar en las demandas ciudadanas expresadas durante aquel proceso y en la Convención Constitucional, pero también en cuanto a qué cosas no caben en esa agenda por encontrar un horizonte más pragmático.
Una de las disputas, por ejemplo, está en dejar atrás la narrativa instalada por la derecha en relación con que el estallido social se reduce únicamente a hechos delictuales y que todos quienes valoran esas demandas ciudadanas son “octubristas”, aun cuando allí se expresaron varias aún pendientes, como el mejoramiento de pensiones, los derechos del agua, derechos reproductivos de las mujeres y protección del medio ambiente, entre otras.
El Gobierno, incluso, tiene una perspectiva similar. Desde La Moneda comentan que el estallido no fue solo hechos de violencia, que hay deudas pendientes sobre las demandas ciudadanas, como, por ejemplo, la agenda de género –dicen–, y uno de los aprendizajes es que el atrincheramiento no es una solución. Ahora, reconocen que la agenda constitucional está descartada.
Esta reflexión u óptica de reivindicación de las demandas sociales dialoga con la dura autocrítica que hizo el diputado Gonzalo Winter en marzo de este año, en el programa “32 minutos”. Ahí, el parlamentario indicó que “en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja a este Gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo”, junto con sentenciar que “hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica”.
Una aproximación sobre la que al parecer Martínez, quien pertenece al mismo “lote” de Winter –Desbordar lo Posible–, acusó recibo, pues a La Tercera la exdelegada presidencial dijo que, a juicio del FA, “ha habido una acumulación de malestar durante la última década que es real y que ha tenido una respuesta deficiente por parte del sistema político. Por lo tanto, buscar nuevas respuestas y plantear que esa crisis es seria y que requiere una mirada urgente no solamente de rememoranza al pasado, sino también de mirada al futuro, para mí es clave”.
Una narrativa similar a la que se escuchaba entre dirigentes del FA cuando estaban por entrar a la Convención Constitucional. La abogada frenteamplista, recién electa para el Comité Central el Frente Amplio y exconvencional, Constanza Schönhaut, quien además es la actual candidata a la alcaldía del oficialismo por Las Condes, decía en mayo de 2021 que es “uno de los elementos que son claves de la crisis política y social que tiene Chile, y que tiene que ver con el Estado subsidiario. La pregunta es: ¿qué tipo de Estado queremos? Y yo creo que desde una perspectiva de derechos humanos, feminista y ecológica, se puede construir una idea de Estado cuidador“.
La narrativa que está más lejana ahora sería la que expresó Jaime Bassa ese mismo mes –también electo para integrar el Comité Central del Frente Amplio–: “Este es un trabajo colectivo y vamos a construir entre todas y todos una constituyente que pueda ofrecerle y darle alas a una Constitución más justa, más equitativa, pero también en clave de participación, plurinacionalidad, con perspectiva de género y reconociendo el valor de los distintos territorios”.
La secretaria general provisoria del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, fue electa como convencional constituyente el año 2021 y explicó a El Mostrador que su partido “es consciente de que parte relevante de su origen está en las movilizaciones sociales, desde antes del estallido social”. Sin embargo, también reconoce que lo ocurrido en octubre del 2019 “marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país, cuando cientos de miles de personas se volcaron a las calles para reivindicar, en su mayoría pacíficamente, demandas tan sentidas como la mejora de pensiones, educación de calidad, que venía articulándose desde 2011 y antes, desde el 2006, con la revolución pingüina”.
En esa época –destaca Urrutia–, la población pedía “una sociedad más inclusiva y respetuosa, una vida libre de violencia para las mujeres, que venía desde 2018 con la ola feminista; el derecho al agua, la crisis climática, entre otras causas por un país más justo; una sociedad que se haga cargo de la desigualdad estructural que persiste”. Sobre eso, explica que esas demandas “no son ajenas a nuestro proyecto político, por el contrario, son clave para mejorar las condiciones de vida de las personas y esa es la principal tarea que nos moviliza, a nuestro partido y a este Gobierno”.
Desde La Moneda advierten que la agenda del cambio de Constitución quedó atrás luego del rechazo de las dos propuestas recién pasadas. Urrutia, sobre dicho tema, dice que “es claro que el sistema político en su conjunto sigue al debe después de cinco años”, por eso, sostiene que desde su partido “nos hacemos responsables de nuestro rol y por eso nos verán haciendo todos los esfuerzos posibles para ofrecerle soluciones concretas a la ciudadanía, con la mayor unidad posible, quitando el foco de las diferencias, que son legítimas, y poniéndolo en encontrar puntos de acuerdo”.
En esa línea, coincide con voces del Comité Político del Gobierno que apuntan que el principal aprendizaje de los procesos constituyentes es que el atrincheramiento no genera avances. Ahora, “más allá de las dos propuestas constitucionales rechazadas”, agrega la también exconvencional, “en el FA tenemos en el horizonte la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, es más, está en nuestros principios”.
En concreto, siguen insistiendo en una agenda que tenga como horizonte “la redistribución del poder y por construir un país donde la salud y la educación no dependan del tamaño de la billetera, o donde las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda clase. Nuestras luchas, que muchas y muchos vienen dando hace años, son las mismas que tienen las familias de este país”.
Dos semanas atrás, Convergencia Social y Revolución Democrática realizaron su cierre de “ciclo” de manera íntima en sus respectivas sedes, sin prensa. En ambas instancias quienes participaron comentan que dio vueltas una reflexión que hace tiempo se viene amansando al interior de las filas frenteamplistas: los acuerdos son clave, pero es importante no claudicar en las demandas sociales que se expresaron en el estallido.
Ahora bien, entre esas demandas –comentan testigos–, también se evidenció que la falta de pragmatismo les costó caro, que había temas que entraron en la Convención Constitucional que no eran propios del FA y que, ante el paso del tiempo, hoy no forman parte de la agenda frenteamplista. Por lo menos, no están en las prioridades. Entre esos temas, por ejemplo, dejaron atrás la justicia indígena, la plurinacionalidad y la eliminación del Senado.
