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Marisa Navarrete explica que al MP se le vino cuesta arriba el caso, luego que la Suprema anulara el juicio en que se condenó al gerente de las Cascadas. La sentencia absolutoria que sobrevino después, supuso mal pronóstico para proseguir contra Ponce Lerou, por lo que se decidió no perseverar.
La exfiscal y abogada, Marisa Navarrete, recordó que en 2012 la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) detectó transacciones irregulares en sociedades relacionadas con Soquimich, conocidas como “cascadas”. Estas transacciones manipulaban el mercado de valores, vendiendo y transando acciones a precios inflados para generar grandes beneficios.
“El caso involucró a altos ejecutivos y asesores que manipularon el mercado de valores artificialmente. Se impusieron multas significativas que luego fueron rebajadas por el Tribunal Constitucional”, explicó. Después de aquello, la fiscalía logró condenar al gerente de las empresas que controlaban a SQM, Aldo Motta, pero la defensa pidió la nulidad del juicio y la Corte Suprema falló a su favor. Se llevó a cabo un segundo juicio, pero con un resultado distinto. Ahora el tribunal dictó sentencia absolutorio, contra hasta entonces el único condenado. Eso habría sido decisivo para la pretensión de la fiscalía.
La historia se desarrolló así: en el año 2012, cuando aún existía la Supreintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión del Mercado Financiero, se detectaron prácticas que dañaban el libre mercado bursátil. Transacciones que tenían que ver siempre con Soquimich. La empresa estaba formada por un grupo de sociedades “aguas arriba” controladas también por Julio Ponce Lerou y otros empresarios y ejecutivos, a través de Pampa Calichera.
Navarrete explica que “hicieron transacciones que lo que hacían en definitiva era manipular de forma artificial el mercado de valores, vendiendo y transando acciones a un menor y mayor precio respectivamente”, lo que les reportaba grandes ganancias. Al ser detectada las maniobras que se desarrollaron por años, la superintendencia impuso una multa altísima. Las multas fueron rebajadas tras una presentación al Tribunal Constitucional y luego a la Corte Suprema. Sin embargo, la fiscal Chong llevó a juicio penal a Aldo Mota, logrando una condena por 4 años y finalmente se condenó a Aldo Mota con libertad vigilada. Marisa Navarrete recuerda que se recurrió de nulidad “y obtuvieron en la Corte Suprema la nulidad de ese primer juicio y en el segundo juicio” y agrega que “en este segundo juicio este sujeto fue absuelto por un fallo dividido. Hubo dos votos que fueron por absolver y un voto por condenar”. Pero lo clave, remarca es que “Aldo Mota, gerente de estas empresas Cascada, fue absuelto”.
Luego de este largo historial y tras 10 años de indagatoria, idas y venidas judiciales, estaba pendiente la segunda arista que se mantenía vigente y que involucraba a Julio Ponce Lerou y otras personas. Navarrete asegura que ante esto y “teniendo una absolución de por medio, siendo cuestionable, entonces se tomó la decisión de no perseverar porque probablemente si lo llevaba a juicio con los mismos antecedentes” nuevamente el resultado terminaría en una absolución. Recuerda, eso sí que estas personas “estuvieron involucrados con el tema de financiamiento ilegal de la política, estamos hablando de Patricio Contesse, que está hoy día en un juicio”.
Navarrete mencionó la importancia de una fiscalización adecuada para evitar casos como el de las Cascadas. “La falta de acciones efectivas por parte de organismos como el SII y la CMF impide detectar fraudes tributarios y manipulación del mercado a tiempo”, señaló.
“Es muy llamativo esto, que finalmente esta empresa, no sé qué va a pasar con el juicio que está hoy día pero probablemente tampoco vamos a tener muchas sanciones respecto a una empresa que ha sido cuestionada un poco por por estas prácticas que no que riñen un poco con la ley”, reconoció.
Finalmente, Navarrete reafirmó la necesidad de cambiar la situación actual y hacer que el director del SII no sea una persona de exclusiva confianza del gobierno de turno. “El financiamiento ilegal de la política mostró cómo el director del SII podía decidir arbitrariamente a quién perseguir y a quién no”, concluyó.
La exfiscal y abogada penalista, Marisa Navarrete, aseguró que para combatir el crimen organizado, es clave que se levante el secreto bancario, por lo que, en ese sentido, califica las críticas a la iniciativa como “no fundadas” porque en la actualidad la Fiscalía cuenta con esa herramienta pero necesita ayuda, como del Servicio de Impuestos Internos (SII) para investigar como corresponde.
Navarrete destacó que el crimen organizado opera como una empresa, buscando dinero ilícito, y que atacar solo a los miembros no es suficiente, ya que continúan operando incluso desde la cárcel. “Hoy día el crimen organizado es un negocio, es una empresa y como empresa lo que está buscando es ganar dinero ilícito, entonces cuando tú vas a atacar una banda de crimen organizado si no atacas el dinero no le estás atacando realmente. El gran tema es que la fiscalía tiene herramientas para investigar, pero no puede hacerlo sola. Hay organismos fiscalizadores que deben hacer su trabajo y no lo hacen”, explicó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.
Para Navarrete, organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF) deben colaborar más efectivamente. “El SII, por ejemplo, tiene facultades para detectar aumentos injustificados de dinero y ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, lo que no pasa habitualmente”, señaló, mencionando que esto también se aplica en casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política.
El levantamiento del secreto bancario, según Navarrete, facilitaría el trabajo de estos organismos al permitirles obtener información sin necesidad de una autorización judicial, siempre y cuando exista una resolución fundada y se mantenga la obligación de guardar secreto. “Lo que a todos nos importa es que una persona, por ejemplo, un funcionario público, tenga en su cuenta corriente una cantidad exorbitante de dinero que no se justifica con su sueldo”, comentó.
Referenciando al senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, ironizó que “a nadie le importa lo que compra en un supermercado alguna persona. Lo que a todos nos importa es que una persona, por ejemplo, que no tienen mencionada cierta una actividad formal en el SII y no obstante tengan movimientos tan altos que llamen la atención y sean operaciones sospechosas. Informar cuando son operaciones en efectivo, por ejemplo, sobre cierta cantidad, tienen que informar también los bancos cuando tienen cierta cantidad en las cuentas corrientes, por lo tanto esto ya se ha relativizado, el secreto bancario no es absoluto, porque no tiene un sentido absoluto. Por lo tanto a mí me parece que esas críticas no son fundadas”.
Respecto a las preocupaciones sobre la privacidad, Navarrete argumentó que el secreto bancario no es absoluto y que ya existen mecanismos para reportar operaciones sospechosas. “Informar cuando son operaciones en efectivo sobre cierta cantidad ya es una práctica común”, dijo, refiriéndose a las críticas sobre la invasión a la privacidad de los movimientos bancarios.
