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Foto: AgenciaUNO
El análisis de Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela resalta tensiones entre otorgar más facultades a los municipios y los desafíos para implementarlas, como la coordinación entre autoridades y la dependencia de recursos del gobierno central. El estudio revela las comunas que más gastan en seguridad.
En el contexto de la seguridad pública en Chile, los municipios han adquirido un protagonismo creciente. La percepción de inseguridad y el aumento de ciertos delitos violentos han motivado diversas propuestas y acciones que buscan fortalecer el rol de las autoridades locales. Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones y desafíos.
Un informe de los académicos Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela, publicado en julio de 2024 y basado en una encuesta realizada a 261 municipios (que representan el 75,6% del país), apunta a la tensión entre la entrega de mayores facultades a los gobiernos municipales y las dificultades de implementación que pueden derivarse de tales propuestas. Además, se hace un llamado a afinar el proyecto de ley sobre seguridad municipal para enfrentar estos retos de manera efectiva.
La entrega de mayores facultades a los municipios en materia de seguridad pública se plantea como una necesidad para atender de manera más directa y efectiva las demandas ciudadanas. Sin embargo, esta descentralización enfrenta varias dificultades. El informe resalta que la legislación actual permite a los municipios desarrollar acciones de prevención del delito y colaborar con otras entidades públicas en planes de reinserción social y asistencia a víctimas. No obstante, advierten los académicos, estas funciones “amplias y ambiguas” pueden generar conflictos de coordinación entre las autoridades locales y centrales.
Y es que la dependencia financiera y de recursos es otro aspecto crítico. Muchos municipios dependen significativamente del gobierno central para obtener los fondos necesarios para implementar medidas de seguridad. Esta dependencia, recalca el informe, puede limitar la capacidad de los municipios para actuar de manera autónoma y efectiva. Además, las diferencias en el desarrollo humano y las problemáticas específicas de cada territorio agravan estas desigualdades, haciendo que algunas comunas estén mejor equipadas que otras para enfrentar los desafíos de seguridad.
Las iniciativas más frecuentes y que prácticamente la totalidad de los municipios ha implementado son:
En promedio, de acuerdo al informe, los municipios encuestados desarrollan nueve de las 23 iniciativas indicadas, aunque con fuertes diferencias entre municipios, como se advertirá a continuación. Por su parte, “las medidas de prevención situacional y de reinserción social son muy poco frecuentes”.
La investigación arrojó que las comunas con una mayor cantidad de iniciativas se encuentran en la Región Metropolitana. La comuna que cuenta con más iniciativas municipales relacionadas con la seguridad es Las Condes. Las tres comunas que siguen en el ranking también pertenecen a la provincia de Santiago: Quilicura, Puente Alto y Huechuraba. Las tres son comunas con más de 90.000 habitantes, que en el año 2023 gastaron más de 23.000 millones de pesos. Luego, destaca la comuna de Tomé, con menos de 60.000 habitantes, que en 2023 gastó 13.103 millones de pesos.
Cabe mencionar que tanto en Las Condes como en Vitacura, la incidencia del delito es baja y sin embargo se cuenta con un muy alto nivel de iniciativas destinadas a la seguridad pública. Lo anterior, señalan los académicos, posiblemente, “se debe a la percepción subjetiva de temor de la población, mucho más alta que la recurrencia de delitos en un determinado territorio”.
“Es evidente que se producirán desigualdades entre municipios por la actual estructura de financiamiento municipal y por las limitaciones de recursos al nivel central”, aclara el estudio.
Uno de los principales retos es la coordinación entre las distintas agencias y niveles de gobierno. La implementación de políticas de seguridad pública requiere una colaboración efectiva entre el Ministerio del Interior, las delegaciones presidenciales regionales, las gobernaciones, las policías, el sistema de justicia y los municipios. La falta de una coordinación adecuada puede resultar en respuestas ineficaces y tardías a las amenazas de seguridad.
La literatura académica ha señalado la inefectividad de los modelos de implementación “top-down”, donde las decisiones provienen del gobierno central sin considerar las especificidades de las áreas locales. Este enfoque, señala el informe, puede llevar a políticas que no se ajusten a las realidades y necesidades locales, disminuyendo su efectividad.
En este contexto, el proyecto de ley sobre seguridad municipal, despachado al Senado en mayo de 2024, busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Este proyecto establece regulaciones para la dirección de seguridad comunal, incluyendo un registro de seguridad y normas para el nombramiento de inspectores de seguridad municipal.
El proyecto de ley ha generado un amplio debate. Por un lado, propone que los inspectores municipales colaboren con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la prevención del delito y la protección de personas. Pero, por otro lado, remarca el informe, se les prohíbe ejercer funciones propias de las instituciones de orden y seguridad pública, lo que podría limitar su efectividad en situaciones críticas.
Además, se establece que los inspectores deben realizar patrullajes preventivos, colaborar en fiscalizaciones, desarrollar labores de televigilancia y auxiliar a víctimas de delitos flagrantes.
El informe de Fuentes y Valenzuela subraya la necesidad de afinar el proyecto de ley para que los municipios puedan enfrentar de manera más efectiva los desafíos de la seguridad pública. A juicio de los expertos, es fundamental mejorar las instancias de coordinación entre el gobierno central y los municipios para responder de manera más eficiente a las problemáticas de inseguridad. Esto implica no solo dotar a los municipios de mayores facultades, sino también asegurar que tengan los recursos y el apoyo necesarios para implementar estas medidas de manera efectiva.
El informe sobre seguridad municipal incluye cifras y menciones específicas de diversas comunas. A continuación, se presentan algunos datos clave y las comunas destacadas:
Gasto Municipal en Seguridad:
Personal de Seguridad:
Cámaras de Televigilancia:
Vehículos de Seguridad:
Casos Policiales:
El informe “Municipio y seguridad pública” fue elaborado por el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) Claudio Fuentes y el sociólogo UDP Pedro Valenzuela.
