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“Este proyecto es parte de un grupo de iniciativas financiadas por el gobierno en materia de seguridad y que busca reforzar el sistema de justicia con el aumento de la dotación de funcionarios y de fiscales adjuntos”, dicen en un comunicado en el que emplazan al Congreso. [ACTUALIZADA]
En el marco de la crisis de seguridad que afecta al país, las asociaciones de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público -ANFUMIP, AFFREMOR, AFFREMCEN, AFFREMSUR, ASFFRO, AMPRO, AFRA Y AFUNSUR- hicieron un llamado al Congreso a trabajar “con urgencia” en la aprobación del proyecto Ley que fortalece al Ministerio Público, junto con declararse en “Estado de Alerta Nacional”.
“Este proyecto es parte de un grupo de iniciativas financiadas por el gobierno en materia de seguridad y que busca reforzar el sistema de justicia con el aumento de la dotación de funcionarios y de fiscales adjuntos”, dicen en un comunicado.
” Pese a la urgencia requerida para su tramitación, la discusión se ha visto afectada por el ingreso de indicaciones que se alejan del fortalecimiento y que buscan introducir cambios estructurales en el Ministerio Público”, agregan.
En ese sentido, mencionan la propuesta del senador Pedro Araya (PPD) quién plantea ampliar la facultad para la desvinculación de funcionarios -por necesidad de la institución- “con el claro propósito de generar vacantes en la planta y permitir la instalación de operadores políticos al interior de la institución”.
“Proponer mecanismos que vulneran la estabilidad laboral cuando los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de los equipos investigativos, es una contradicción que atenta contra los esfuerzos que realiza el Estado para superar la crisis”, critican.
“Así mismo se introducen indicaciones que establecen facultades exorbitantes para el Fiscal Nacional y mecanismos que atentan contra la autonomía constitucional del Ministerio Público perjudicado el adecuado cumplimiento de su función en un estado de derecho”, agregan.
“Por lo expresado, las organizaciones firmantes nos declaramos en estado de alerta nacional y no descartamos futuras movilizaciones. Hacemos un llamado a los señores (as) senadores (as) para que centren sus esfuerzos en la aprobación de aquellas normas que permitan mejorar el sistema de justicia y a rechazar aquellas indicaciones que vulneren gravemente los derechos de los trabajadores”, concluyen.
El aludido senador Pedro Araya indicó, una vez publicado este comunicado, que “hay un diagnóstico bastante compartido respecto de que uno de los problemas para mejorar la persecución penal dice relación con la Estructura Orgánica del Ministerio Público, que es una estructura que probablemente hace 10, 15 años servía, pero que hoy claramente está superada por los hechos”.
“En este sentido, el proyecto de ley de fortalecimiento que se discute en el Senado apunta en la línea correcta, porque por una parte se va a hacer cargo del déficit de funcionarios que tiene el Ministerio Público y por la otra, se están estableciendo normas de control al trabajo que se realiza, por esta institución”, agrega. Según Araya, presentaron “un paquete de indicaciones que justamente lo que buscan es mejorar las normas de control para que exista un buen funcionamiento de la institución”.
“Yo quiero hacer un llamado a los distintos funcionarios del Ministerio Público, así como a las asociaciones gremiales, a tener calma y tranquilidad respecto a lo que se está discutiendo, porque justamente lo que buscamos es fortalecer el Ministerio Público y ese fortalecimiento pasa por colocar normas de control. Asimismo, esta indicación que está haciendo tanto ruido a los funcionarios, busca hacerse cargo de una realidad práctica que existe el día de hoy: en el caso del Ministerio Público, sólo se puede desvincular a los funcionarios en el mes de marzo de cada año, lo que parece absolutamente ilógico a la luz de la necesidad que puede tener la institución”, dice.
“Por esa razón, lo que hemos planteado es que se pueda desvincular a los trabajadores que no están haciendo bien la pega en cualquier época del año, pagando las indemnizaciones que corresponden. No conozco algún servicio público o alguna empresa privada que establezca limitaciones de épocas respecto de cuándo se pueda despedir o no a un trabajador que no está haciendo bien la pega. Por esa razón quiero hacer un llamado a la tranquilidad a los funcionarios del Ministerio Público y a no levantar falsas alarmas en un tema que es altamente sensible como son los temas de seguridad pública”, cerró.
