A las polémicas por demandas de despido, acusaciones de “caza de brujas” por parte de sindicatos, malestar y temor entre parlamentarios, una demanda acogida en la OIT en su contra y una “funa” durante el Año Nuevo en el hemiciclo, al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, se le sumó una controversia de mayor magnitud: el exfiscal del Senado, Javier Norero, solicitó a la Comisión de Régimen Interior la medida disciplinaria de mayor severidad –la destitución–, por infracción grave al principio de probidad administrativa. Una medida que podría convertirse en delito si se determina que en el actuar de Guzmán hubo dolo.
El 8 de julio pasado, el abogado Norero envió una carta al secretario general del Senado, señalando que había dos elementos en un sumario ordenado por Guzmán que constituían un “incumplimiento grave del deber de probidad administrativa”. Esta falta administrativa –puntualizan en el Congreso– es la más grave y en la mayoría de los casos resulta en la destitución del denunciado. Es de tal gravedad que, incluso, puede constituir el delito de prevaricación administrativa, si se detectara “dolo” por parte del autor, en este caso el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, como lo imputó Norero.
Según abogados del Congreso, la gravedad de la situación obligaría al secretario Guzmán a informar sobre la misma a la señalada Comisión de Régimen Interior, de la que depende su cargo, para que aplique una sanción administrativa, si así lo considera al revisar los antecedentes denunciados. Sin embargo, hasta el momento, “Raúl Guzmán ni siquiera lo ha mencionado en la comisión”, advierte un senador.
“Sí, el 8 de julio representé al secretario general una infracción grave al principio de probidad administrativa cometida por él, en el marco de un procedimiento sumarial, en el cual se me formularon cargos luego de 6 meses de haber cesado en mis funciones, en virtud de un acto ilegal y arbitrario, cuya validez reclamé en los Tribunales de Justicia (…) vía recurso de protección y que la Corte de Apelaciones acogió”, explica el exfiscal Norero a El Mostrador.
El secretario general del Senado, Raúl Guzmán –otrora Fiscal Regional Sur del Ministerio Público–, es considerado un hombre poderoso en el Poder Legislativo. Pese a eso, ha sido una figura controvertida en la Corporación, tanto para empleados como para los propios senadores, desde que asumió en 2019.
Su polémica pública más recordada proviene de la pandemia, cuando en junio de 2020 Guzmán violó las restricciones establecidas a causa del COVID-19 y fue a almorzar a un restaurante de mariscos en la comuna de San Miguel con dos amigos, por lo cual la Seremi de Salud le aplicó una multa de 50 UTM.
Asimismo, registra una serie de conflictos laborales que han llegado a tribunales desde la fecha en que ingresó. Entre los legisladores se le recuerda por incidentes con el exjefe de protocolo, Guillermo Miranda; también por calificar de “desinformada” a la expresidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD); asimismo, porque se ganó el encono de la senadora Yasna Provoste (DC) cuando esta encabezaba la testera; por contratar a “una gran amiga” como profesional, pero sin tener título reconocido en Chile; y, finalmente, por abrir una serie de sumarios contra empleados que no eran de su agrado, según explican en la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional.
La “funa” de los senadores que causó revuelo
Todo ello ha ido enrareciendo el clima laboral en la Cámara Alta del Poder Legislativo, lo que se siente todavía por los pasillos del edificio en Valparaíso, y muchos funcionarios tienen amargos recuerdos.
“Comenté mi despido con los senadores Ossandón, Aravena, Bianchi y la senadora Provoste. (…) La senadora Aravena me dijo que no me retirara (sin un recurso pendiente en Régimen Interior), porque, si no, este caballero podría acusarme por abandono de trabajo. Guzmán postergó esa reunión y el 3 de enero me presenté a trabajar normalmente, porque la senadora me había dicho que fuera (…), me tocó a mí atender en las tribunas de la Sala de sesión y este caballero desde la mesa me vio que estaba cumpliendo mis funciones normalmente y me mandó a sacar con funcionarios de seguridad. Me bloqueó mi tarjeta de ingreso (…), no pude sacar ni mis cosas”, relata Hernán Muñoz, uno de los funcionarios despedidos por Guzmán.
En 2024, la demanda contra el secretario general ante la OIT fue acogida, y los abogados y representantes de la Federación de Funcionarios fueron a declarar a Ginebra, situación que se puso en conocimiento de la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales). Miembros de la Comisión de Régimen confirman que “se presentó una demanda en la OIT”.
El pináculo de sus controversias –afirman diversas fuentes– comenzó el año pasado, tras una ola de cuestionamientos por maltrato laboral y los despidos de los funcionarios Hernán Muñoz, Cristina Araya, Alejandro Torres, entre otros, y el entonces fiscal Javier Norero.
Y en los días previos al Año Nuevo 2024, un grupo de senadores liderados por Yasna Provoste realizó una protesta en su contra por “acoso, maltrato y hostigamiento” hacia funcionarios y sindicatos que acusan una “caza de brujas”. En esa ocasión, con un afiche que decía “LISTA DE DESEOS 2024: No más acosos. No más hostigamientos. No más maltrato laboral”, un grupo importante y transversal de legisladores, en la propia Sala del Senado, realizó una protesta a la hora de almuerzo en señal de respaldo a los empleados de la Corporación. Provoste imprimió los afiches con cerca de 30 copias y los distribuyó entre sus pares. Los carteles fueron instalados en sus pupitres, mientras Guzmán estaba sentado al lado del entonces presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma.
El caso del secretario general también ha sido comentado en la Comisión de Régimen Interior del Senado, de la que –como se mencionó– depende su cargo. “El caso de Raúl Guzmán es conocido por todos y le diría que en todas las comisiones, en algún momento, algo se ha mencionado de él”, señala un parlamentario a El Mostrador.
A fines del año pasado, en dicha comisión, se pidió explicaciones al secretario Guzmán por la cantidad de sumarios que tenía abiertos, que a juicio de los legisladores eran excesivos. La senadora Provoste, en un áspero diálogo, le preguntó cuándo se presentaban los descargos y en qué fecha los terminaría, para revisarlos. El senador Gastón Saavedra (PS), quien era miembro de esa comisión, señaló a este medio en ese entonces: “En la sesión abordamos los sumarios pendientes que hay y el secretario quedó de traer un informe. Eran bastantes sumarios pendientes, no recuerdo el número exacto. Se le dijo que para nosotros era importante saber algunas cosas y que se cumpla lo que corresponde”.
“Este año ha estado más tranquilo Guzmán, ha tratado de tener un bajo perfil, pero está esperando un fallo de la Corte Suprema sobre Norero”, comenta un parlamentario por estos días.
La medición de fuerzas con el exfiscal Norero
El despido que mayor conmoción causó entre los funcionarios y senadores de casi todos los comités fue el del ahora exfiscal Javier Norero. El abogado, considerado el mayor conocedor de la administración institucional y que llevaba más de 20 años en su cargo, en ese entonces contó a sus cercanos que a las 20:45 horas del miércoles 29 de noviembre de 2023 fue llamado a una reunión urgente.
En el despacho, en presencia del prosecretario, Roberto Bustos, y del jefe de Personal, Carlos Becerra, el secretario general le pasó una resolución para que la firmara. “Era su renuncia y se negó a firmar”, relató un testigo a El Mostrador poco después del episodio. El entonces fiscal Javier Norero estaba en calidad de “contrata”, es decir, su contrato debía ser renovado cada 31 de diciembre. Sin embargo, Raúl Guzmán le informó de su despido inmediato “por no contar con su confianza”.
Las diferencias entre ambos habían comenzado por la contratación del edecán del Senado, Cristian Marambio. Fuentes que conocieron el caso afirman que Guzmán exigió su contrato a honorarios, pero Norero advirtió que el reglamento de la Corporación establecía que –por ser un cargo de exclusiva confianza de la Mesa– era ilegal hacerlo a honorarios y debía ser cargo de planta. Ahí comenzó el conflicto.
“No hubo un mes de aviso, sino que me informó que el despido sería inmediato. (…) Es un despido injusto y arbitrario”, dijo escuetamente Javier Norero a La Segunda.
Tras su despido, el abogado Norero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal en contra del jefe administrativo de la Cámara Alta, el cual, el 8 de febrero, fue acogido y se dictó una sentencia para restituir al exfiscal en su cargo. “El acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía, como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales (…) por estimarlo infundado, no haberse llevado en su contra un sumario administrativo y por haber operado a su respecto el principio de confianza legítima en la mantención de su empleo”.
Sin embargo, el regreso de Norero al Senado quedó en pausa, ya que el 12 de febrero Guzmán, a través del CDE, apeló a la Corte Suprema. El fallo del máximo tribunal del país está en acuerdo desde marzo y el ministro Juan Muñoz Pardo fue designado para redactar el documento definitivo.
Pero independientemente de esa sentencia, paralelamente el abogado Norero hizo otra jugada en contra de Guzmán. En el marco de la ley, envió al secretario general del Senado una “representación” (un documento para hacer presente una falta cometida) para que responda por actos administrativos cursados, en los que se informa que cometió un “incumplimiento grave del deber de probidad administrativa”, la falta de mayor gravedad en la administración pública y que se sanciona con la destitución. Y que puede ser un delito si hay una maniobra dolosa.
Se solicita “destitución” por violar la probidad
El episodio que expone Norero comenzó en mayo –6 meses después de cesar sus funciones–, cuando Guzmán abrió un sumario contra el exfiscal, pese a estar “extinguida cualquier responsabilidad administrativa” por el despido.
Ante ello, Norero pidió la nulidad a la fiscal del sumario, quien “elevó la solicitud a consideración de Guzmán”. Este, la rechazó. Y sería con este “rechazo” del secretario general del Senado, mediante un acto resolutorio administrativo –explica Norero–, que se incurrió en una “infracción al principio de abstención” por ser juez y parte de la instancia, considerado “deshonesto e ímprobo”.
De acuerdo con lo que indica el documento de Norero, al tener pendiente el fallo de la Suprema, Guzmán está inhabilitado para dictar un acto administrativo con su contraparte en el juicio. Estos, según señala en el texto el exfiscal, son “hechos constitutivos de la infracción que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa”.
En el documento administrativo de cinco páginas, Norero le solicita a Guzmán que “ponga en conocimiento de esta solicitud a la H. Comisión de Régimen Interior para que, en uso de sus facultades, proponga respecto de usted la medida disciplinaria de destitución, por infracción grave al principio de probidad administrativa”, es decir, la sanción más grave contemplada por el estatuto administrativo.
“Entonces hago presente que según lo disponen ambos cuerpos legales, la actuación indebida (…) constituye falta grave al principio de probidad administrativa, sancionada con destitución. (…) Solicité que el secretario general declare su inhabilidad, por carecer de imparcialidad, por existir juicio pendiente y manifiesta enemistad conmigo, y que, atendido que la Comisión de Régimen Interior tiene la supervigilancia del orden administrativo, entre lo cual está la supervisión del secretario general, tome las medidas para que se aplique lo que señala el texto expreso de la ley”, precisa Norero. “Y me encuentro a la espera de la resolución del secretario general respecto de mi presentación”, agrega a El Mostrador.
“En resumen, lo que hace Norero es representar o comunicar a Guzmán que ha cometido dos actos ilegales bajo la ley de probidad administrativa y que debe informar a la Comisión de Régimen Interior para que se le destituya. Y luego de haber acusado recibo, Guzmán tiene un plazo de 30 días para responder a Norero por el oficio y, si no acepta, Norero apela a la comisión y al presidente del Senado. Como si se denuncia un delito, los parlamentarios estarían obligados a hacer una denuncia”, explica una fuente del Congreso que conoce los hechos.
El Mostrador intentó comunicarse en varias oportunidades y a través de diversas formas con el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, para conocer sus impresiones sobre este y otros casos, pero, al cierre de esta edición, no fue posible contar con una versión suya de los hechos.
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Crédito: Agencia Uno
