La investigación realizada por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la PUC, profundizó sobre las trayectorias de vida de mujeres privadas de libertad por Ley de Drogas, con el fin de conocer su experiencia biográfica, además de recomendar políticas públicas de prevención y respuesta.
En el marco de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país y el plan de reforma penitenciaria que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad son uno de los focos de trabajo que concentra la principal preocupación de los actores que intervienen en el sistema penitenciario.
“Chile tiene la triste estadística de ser uno de los países de la región que encarcela más mujeres. Entonces, poner el foco en la población penal femenina no solo tiene que ver con condiciones de dignidad, sino que también con los impactos sociales que tiene el que una mujer se encuentre privada de libertad, no solo para su familia, para sus hijos, sino que también para su entorno más directo”, señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En ese contexto, el estudio “Trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de la Ley 20.000” –solicitado por la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y financiado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del programa presupuestario de transversalización de género– permitió obtener una radiografía de la población penal femenina relacionada con este tipo de delitos y cuya ejecución estuvo a cargo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica.
El estudio surge del interés por caracterizar las trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para conocer su experiencia biográfica y motivaciones para el involucramiento en el mercado de drogas, además de recomendar políticas públicas de prevención y respuesta.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Catalina Droppelmann, señaló que esta investigación surge en respuesta a los datos que evidencian el aumento sostenido de la proporción de mujeres privadas de libertad, donde Chile ocupa el segundo lugar dentro de América Latina, en términos de la tasa de mujeres encarceladas.
“Ahí ya se instala inmediatamente una pregunta. ¿Por qué nosotros, que no tenemos necesariamente los mismos mercados de drogas que tienen otros países, por ejemplo, los centroamericanos o algunos países que son productores, tenemos esta tasa de mujeres encarceladas? Principalmente por delitos de Ley de Drogas, porque el 70% de las mujeres que están privadas de libertad, lo está por delitos de esta naturaleza”, se interroga Droppelmann.
A lo anterior se suma como antecedente una importante participación de mujeres extranjeras en este tipo de hechos, lo que –según la investigadora– “hace que este tema se comience a relevar como un problema de política pública. Especialmente en la situación actual de Chile, donde hay una alta preocupación por la seguridad, pero también donde hay un hacinamiento carcelario, el peor que hemos tenido en las últimas décadas”.
Dentro de los principales hallazgos, en contraste con quienes están por otros delitos, las mujeres que están presas por Ley de Drogas son mayores en edad promedio y hay una alta prevalencia de mujeres extranjeras (45% de quienes están condenadas), pese a representar solo un 13% del total de la población penal femenina. El 68% de las mujeres chilenas vendía drogas a través de un negocio propio, mientras que el 97% de las mujeres bolivianas transportó droga para otra persona, dando cuenta de las diferencias en los roles en el mercado ilegal de drogas.
Además, son mujeres que tienen mayores niveles de exclusión escolar (29% no terminó su educación básica) y, al mismo tiempo, tienen un menor nivel de compromiso delictual (62% fue calificada con un bajo nivel por Gendarmería).
Otro de los hallazgos relevantes es que son mujeres que tienen condenas más extensas (más de 6 de cada 10 privadas de libertad por delitos de Ley de Drogas tuvieron una condena de tres años o más, en contraste con 1,3 de cada 10 que egresaron por otro tipo de delitos). En consecuencia, tienen un mejor pero insuficiente acceso a trabajo y educación durante su condena.
Particularmente en el caso de las mujeres bolivianas, Catalina Droppelmann destacó que en el estudio se observa un inicio de la conducta delictual tardío. “Son mujeres que, en su gran mayoría, no han tenido vinculación alguna con este mundo antes del delito que cometen y por el cual son encarceladas. Son mujeres que nunca habían venido a Chile, que nunca habían traspasado la frontera. Es decir, que se embarcan en esto, básicamente, porque hay personas que las reclutan y ellas acceden por incentivos principalmente económicos, que muchos de ellos tienen que ver con poder dotar de mayor oportunidad a sus hijos”.
“Lo que hacen las cadenas de distribución más grandes de drogas, los grupos de crimen organizado, es que utilizan a estas mujeres como una carnada para poder desviar muchas veces otros tránsitos de drogas mucho más grandes. Es bien impresionante, porque estas condenas son largas, son mujeres que llevan seis años, por ejemplo, privadas de libertad. Ellas no conocen Chile, no saben lo que hay alrededor de la cárcel”, afirmó la investigadora UC.
Según detalla la investigación, las mujeres chilenas condenadas por Ley de Drogas provienen de contextos barriales urbanos marcados por la segregación y exclusión social. Sus dinámicas familiares se caracterizan por la adversidad material y exposición a violencias desde la niñez, lo que favorece el involucramiento delictual a temprana edad. Por negligencia parental y embarazo adolescente suelen interrumpir sus trayectorias educativas, asociado esto además a un comienzo temprano en el mundo laboral para apoyar la subsistencia familiar.
El estudio además expone que la maternidad adolescente, la ausencia del padre de sus hijos y la falta de apoyo familiar, decanta en una carga y responsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas, lo cual facilita el involucramiento delictual, el que comienza durante adultez joven por motivos económicos o bajo la influencia de una pareja con vínculos delictuales.
En ese sentido, Droppelmann reiteró que el tema de la maternidad es obviamente un elemento de género que marca profundamente a estas mujeres. “Son mujeres que, además, no tienen una versatilidad delictual, ya que solo cometen estos delitos. Hay una motivación que es principalmente económica, y es un delito que te permite, además, ser complaciente desde el punto de vista de género, porque mantienes tus roles de género activos y cumpliendo. Es decir, tú puedes ir a buscar a los niños a la escuela, tú puedes estar a la hora que tus hijos te necesitan, porque es un trabajo part time”.
“Esa es la generalidad de las mujeres. Obviamente hay otro grupo que tiene una trayectoria delictual más versátil, y que también comete otro tipo de delito, o que tiene una participación un poco más activa en el crimen organizado, o en el mercado de las drogas. Pero la mayor parte de estas mujeres son mujeres que venden droga, y venden droga principalmente en horarios que no afectan el ejercicio de su maternidad y sus roles de cuidados”, agregó.
Con un enfoque integral y complejo, las recomendaciones del estudio abordan distintos niveles de intervención, más allá del aspecto penitenciario. En esa línea, apunta a políticas públicas universales de prevención general y justicia social con perspectiva de género; políticas especializadas en población infractora con perspectiva de género e interseccional; y políticas legales u orientadas al sistema de justicia, como favorecer el principio de proporcionalidad de las penas para mujeres condenadas por delitos de drogas.
“Nosotros vimos que puntos de inflexión importantes para estas mujeres en sus trayectorias de vida eran abandonar la escuela y el embarazo adolescente. Entonces, desde el punto de vista de prevención general, de todas maneras hay que mejorar temas vinculados a la deserción escolar, también a los derechos sexuales y reproductivos, y elementos vinculados a la violencia de género. Porque gran parte de estas mujeres también ha tenido experiencias de violencia, y muchas veces la venta de droga les permite acceder a una independencia económica para desvincularse de relaciones violentas”, destacó Droppelmann.
Asimismo, indicó que en términos del sistema de justicia criminal, es necesario mirar algunas leyes que están detenidas, como por ejemplo la Ley Sayén, con el objetivo de repensar el uso del sistema penitenciario para estas mujeres.
La académica también subrayó que entre el porcentaje de mujeres que están privadas de libertad por períodos cortos por robos por sorpresa y hurto –que es una proporción importante–, junto a este otro grupo de mujeres que están privadas de libertad por delitos de droga, las cárceles de mujeres son utilizadas principalmente ante problemas que no generan gran daño a la sociedad. “Estas mujeres tampoco permiten desarticular bandas de droga, salen del mercado de drogas, pero son fácilmente reemplazables además. Eso es un elemento importante porque son condenas larguísimas”, dijo.
En esa línea, añadió que “desde el punto de vista de la política criminal, vale la pena repensar el uso que se hace en la cárcel y obviamente analizar la Ley de Drogas, que tiene un efecto en la criminalización de la pobreza femenina, además de una desproporcionalidad importante respecto de las penas en relación con otros delitos”.
“Si tú comparas las penas de la Ley de Drogas y las penas, por ejemplo, de delitos violentos o de homicidio, a veces las condenas de delito de Ley de Drogas las superan. Las mujeres de nuestro estudio tenían un promedio de condenas de 5 años. O sea, 5 años es un periodo tan largo que se desarticula la familia”, afirmó. Por lo que la trayectoria de estas mujeres con bajo nivel delictual sufre un quiebre con la aplicación de penas extensas que provocan un daño social en términos de empobrecimiento y descomposición familiar.
Finalmente, la psicóloga también enfatizó que otra de las preocupaciones en materia de género radica en que hasta ahora “las teorías, la investigación, las políticas públicas en relación a la delincuencia, a las cárceles y al sistema penitenciario, es algo que siempre se ha pensado para hombres. Se ha incorporado como una perspectiva de género, pero que implica dividir hombres de mujeres, que implica incorporar a las mujeres solas en su condición de madre, pero eso no es una real política pública que tenga una real orientación de género. Eso es lo que está detrás de haber hecho este estudio”.
