Apenas unos días antes de la última audiencia de conciliación, la inmobiliaria Punta Piqueros realizó una serie de reuniones que hasta ahora se desconocían y que aún no han sido incorporadas a la plataforma de lobby, buscando destrabar un proyecto declarado cinco veces ilegal por la Corte Suprema.
La batalla judicial por el destino del Hotel Punta Piqueros, construido en el peñón Oreja de Burro, en el borde costero de Concón, vivió el miércoles de esta semana un nuevo capítulo, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretara guardar reserva sobre la tramitación del caso, fijando una nueva audiencia de conciliación para el 26 de julio próximo.
Se trata de una medida que calificada por algunos detractores como un “secretismo” impropio en un Estado democrático, debido a que las reuniones se realizarían entre la inmobiliaria y el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, “sin consultar ni revelar las contraprestaciones involucradas”, como planteó Patricio Herman, Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, en una reciente columna.
Las tratativas, en rigor, buscan alcanzar un acuerdo o conciliación respecto del destino del lujoso inmueble, luego que la empresa interpusiera un reclamo de ilegalidad, el 30 de junio de 2021, pretendiendo resucitar un proyecto que no sólo ha sido declarado ilegal, sino que mantiene una orden vigente de demolición emanado por la seremi de Vivienda.
La propuesta de la inmobiliaria pretende reconocer la vigencia de la solicitud del permiso de edificación original del año 2010, contraviniendo una serie de fallos anteriores dictados por la Corte Suprema –cinco en total– que han denegado sistemáticamente la autorización, debido a que no se habría ajustado a las indicaciones contempladas en el plano regulador de la época.
Para Cecilia Rojas Valenzuela, presidenta del directorio de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que actúa como parte coadyuvante en el proceso, la iniciativa de la inmobiliaria “busca revivir un permiso ilegal, pasando por encima de la Constitución y las leyes, además de las sentencias de la excelentísima Corte Suprema”.
Si bien en la última audiencia, que tuvo el carácter de privada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó la reserva sobre las tratativas que buscan desenredar la madeja jurídica sobre el colosal “elefante blanco”, propiedad de los grupos Said, Urenda y Bolocco, varias reuniones de lobby en la víspera de este encuentro dejan en evidencia las gestiones de la inmobiliaria con distintos organismos públicos, buscando revertir la decisión del máximo tribunal de justicia.
En efecto, la Unidad de investigación de El Mostrador pudo comprobar que ad portas de la última audiencia de conciliación, la inmobiliaria Punta Piqueros activó una serie de reuniones de lobby con al menos dos actores públicos relevantes: la Municipalidad de Concón y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
–Todo el lobby realizado cubre con un manto de duda la imparcialidad de la propuesta de conciliación, lo que pone en una situación muy compleja a la Corte de Apelaciones y, lo peor de todo, deja entrever que puede haber una “cocina”. Esto es muy turbio y poco transparente –dice una fuente que conoce el caso.
Apenas dos días antes de la audiencia de conciliación y con un feriado de por medio, se realizó en el municipio de Concón una reunión de Lobby con dos gestores de intereses representantes de Inmobiliaria Punta Piqueros S.A.: Ambrosio García-Huidobro y Alejandro Nash.
El encuentro se desarrolló el lunes 15 de julio, a partir de las 12:00 horas, en presencia del alcalde Freddy Ramírez, y según consta en el acta del registro de la audiencia, que aún no se publica en la plataforma de lobby, abordó el “estado de conciliación en la corte de Valparaíso y el borrador del eventual acuerdo”.
Otro actor que también habría participado, pero no figura en el listado de concurrentes, es el abogado de la inmobiliaria Juan Carlos Manríquez, quien al ser consultado por El Mostrador sobre la cita se limitó a responder que “efectivamente hubo una reunión” y que ésta habría respondido a una “invitación del municipio”.
La municipalidad de Concón, a su vez, ratificó a este medio que la reunión de lobby se realizó en dependencias del organismo público, con presencia de su alcalde y que habría sido solicitada por el gerente general de la inmobiliaria, Ambrosio García-Huidobro.
En la misma plataforma de lobby aparecen otras dos reuniones anteriores: una realizada el 30 de abril y, la otra, el 3 de junio de este año. Ambas dan cuenta de gestiones relacionadas con la “actualización de avances en la conciliación” y habrían concurrido los mismos representantes que participaron en la última reunión. O sea, García-Huidobro, Manríquez y Nash.
Al igual que en el caso de la municipalidad de Concón, la audiencia de lobby realizada en el Consejo de Defensa del Estado, tampoco aparece en la plataforma de lobby del organismo. La razón, según comentaron desde la misma institución, es que los encuentros con autoridades se actualizan los primeros días hábiles de cada mes.
En cualquier caso, el CDE confirmó a El Mostrador que el pasado 11 de julio, en conformidad a la Ley Nº 20.730, se reunieron en con el presidente de la entidad, Raúl Letelier Wartenberg, los abogados gestores de intereses Juan Carlos Manríquez y Darío Calderón, en representación de la inmobiliaria Punta Piqueros. El motivo de la reunión, sin embargo, aún no ha sido transparentado.
Patricio Herman asegura que “la inmobiliaria puede hacer todos los esfuerzos que estime conveniente, incluso contratar a Darío Calderón que tiene fama de lobista, y hacer las movidas que estime conveniente para no cumplir los fallos de la Corte Suprema”.
Lo que no se puede modificar, advierte, es que el proceso de conciliación es “impropio, indignante y no resiste ningún análisis serio”.
