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Crédito: Agencia Uno
El anuncio del veto para reponer el voto obligatorio para ciudadanos tomó por sorpresa a la oposición, que vio un cálculo político del Gobierno, pues –según los análisis– los extranjeros habilitados para votar serían más proclives a la derecha y resultarían clave en comicios estrechos.
Hasta ahora es un misterio el día que se presenta, pero hay acuerdo para que se discuta el veto aditivo del Presidente Boric la próxima semana. El anunciado oficio del Ejecutivo al Legislativo, que buscará reponer el voto obligatorio, pero sin multa en el caso de los extranjeros, tiene a la oposición en una encrucijada. Chile Vamos debate entre aprobar la propuesta del Gobierno, para evitar que se caiga la obligatoriedad respecto de todos los electores, o exigirle a La Moneda que levante una propuesta distinta ante el Congreso. Todo esto a tres meses de las elecciones municipales y de gobernadores regionales.
“La derecha quedó atrapada porque en el debate quiso ir por todo, con multa para quien no concurra a las urnas y voto obligatorio para todos, incluidos los extranjeros. Entonces, se rechazó en el Senado, después de la comisión mixta. Ahora el Gobierno va a insistir con el veto presidencial, pero solo con sufragio obligatorio para los ciudadanos nacionales con multa. ¿Qué es lo que genera eso? Si la derecha vota en contra, se cae la obligatoriedad para todos. Ellos creen que la obligación con sanción universal favorece su participación electoral, pero al mismo tiempo la oposición cuestiona la presencia de extranjeros por los narcos”, señala una fuente oficialista desde el Congreso.
El anuncio del veto –para reponer la papeleta obligatoria, pero sin multa a extranjeros– tomó por sorpresa a la oposición, que vio en ello un cálculo político del Ejecutivo. Esto, tomando en cuenta –explican en el oficialismo– que, según los análisis opositores, los extranjeros habilitados para la votación serían proclives a apoyar candidatos de derecha y no de los partidos de Gobierno.
La cantidad de inmigrantes avecindados en el país adquirió progresivamente un mayor peso electoral. Su participación había sido baja hasta el año 2022, cuando se repuso el voto obligatorio. En la oposición reconocen que su margen de maniobra ante el veto es bajo.
Sin embargo los legisladores de derecha continúan en la búsqueda de una fórmula que permita un desenlace distinto a lo que propone el Gobierno. Según explican en la derecha, si La Moneda envía el veto como lo ha anunciado, estarían obligados a aprobarlo para evitar un mal mayor.
La moción todavía no entra al Congreso y –explican– la derecha aún no pierde la esperanza de lograr que el Ejecutivo modifique el contenido del texto. El veto que repone el proyecto entraría por el Senado, a la Comisión de Gobierno, y tiene que ser aprobado en ambas Cámaras, como si fuera un proyecto nuevo.
“Lo que está ocurriendo es de la mayor gravedad. Esto es sencillamente un chantaje. Si votamos contra el veto, el sufragio obligatorio sin sanción, en la práctica, será derogado. Y si votamos a favor, vamos a quedar con algo a lo que nos hemos opuesto: la modificación de las reglas electorales”, señaló el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, hace unos días en un matutino.
Para el diputado Andrés Longton (RN), de la Comisión de Constitución, el veto de Boric al proyecto de voto voluntario con multa es una infracción a la Constitución, ya que intenta sancionar solo a los ciudadanos que no voten, dejando fuera a los extranjeros, lo que va en contra de lo establecido en la ley.
“El veto de Boric es tratar de ponernos contra la espada y la pared. Es una manera muy desleal, creo yo, porque traiciona el contenido de la Constitución que lo mandata a hacer otra cosa y es clara al hablar de electores y él pretende que solamente se sancionen al no votar a los ciudadanos y, en ese sentido, dejando fuera a los extranjeros, es una infracción a la Constitución. Y lo hace por temas electorales y cambiar las reglas de la democracia según conveniencia. Es un precedente muy dañino para el país y obviamente daña las relaciones con el Gobierno”, señala Longton.
En la otra cara de la moneda, el oficialismo afirma que el Presidente Boric está obligado a llevar adelante el veto, porque tiene que respetar el Estado de Derecho y debe haber sanción “para los nacionales, porque, si no, no funciona el voto obligatorio”.
“Hay una definición entre electores y ciudadanos. Tú puedes tener el avecindamiento y tener la residencia definitiva, pero las puedes tener a los dos años. La ciudadanía requiere más convivencia con la cultura nacional, participación en el devenir nacional desde el punto de vista político, en los partidos políticos, y eso no se da con una persona que claramente tenga un tiempo menor dentro del país (…). Entonces, más bien la derecha está actuando en beneficio de una ideología, más que contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía”, dice el senador Gastón Saavedra (PS) a El Mostrador.
Y agrega: “El voto obligatorio para ciudadanos nacionales, chilenos… con multa”.
Paralelamente, la diputada Daniella Cicardini (PS), junto con legisladores del Socialismo Democrático, presentarán otro proyecto de ley. Se trata de una propuesta que suprime el derecho a voto de los extranjeros en elecciones presidenciales y parlamentarias, sin embargo, establece que podrán votar en elecciones municipales. Según explican desde el Legislativo, Chile es de los pocos países del mundo en donde los extranjeros residentes pueden votar, junto con Malawi.
En la DC explican que por años la derecha se opuso al ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero. Se llegó a decir que los chilenos fuera del país no podían decidir sobre quién nos iba a gobernar, porque ni siquiera pagaban acá impuestos, pero que esos reparos eran excusas: se temía que fuera esta votación la que llegara a ser decisiva a favor de la izquierda en resultados estrechos.
Para el experto electoral de la DC, Víctor Maldonado, y exmiembro de Segundo Piso de Bachelet, hoy los papeles se hallan invertidos, ya que “en el reconocimiento del derecho de los extranjeros se establece una diferenciación, esta vez para incentivar que no se no vote por la falta de sanciones. Misma lógica, mismo error. La coherencia importa y hay que seguir el hilo de lo que decíamos ayer”.
Según advierte, en la comuna de Santiago y en la Región de Antofagasta, el voto migrante podría favorecer a la derecha y puntualiza que las encuestas así lo avalan. “Esperamos que la reacción por susto no dure tanto como le duró a la derecha”, añade.
Otra reflexión interesante es la del exmiembro del Tribunal Calificador de Elecciones, Pedro Pierry Arrau, quien en una carta publicada en El Mercurio afirmó que “no está en discusión que el voto obligatorio establecido en la Constitución si no lleva aparejada una sanción, se transforma en voluntario. El tema es qué tipo de sanción es la más adecuada. Quizás sea una ingenuidad tocar el tema ahora, ya que este tiene un carácter eminentemente político y de cálculo electoral”.
“La sanción de multa no es la más adecuada, y en la práctica son muy pocas las personas, de entre los miles que no votan, que terminan siendo sancionadas. Jueces de Policía Local me han comentado en elección pasada que no citarían a los infractores, pues resultaba imposible hacerlo, por su enorme cantidad, y menos podían hacerlos concurrir a todos al juzgado para imponerles la multa”, manifestó en la misiva a dicho medio.
Otros expertos constitucionales indican que la Constitución da razón al veto que introducirá el Gobierno. Esto, ya que tanto los chilenos en el extranjero como los extranjeros que viven en Chile pueden sufragar, según el texto constitucional cuando señala que “podrán” votar en las elecciones, lo que no determina la calidad de obligatorio para ninguno de los dos casos, y así ha sido, tal y como lo señala la Carta Magna.
