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Foto: AgenciaUNO
Hay cifras, pero no una base unificada de menores de edad que escapan de residencias. Algunos, que incluso pasaron por “Mejor Niñez”, quedan expuestos al delito y la droga. Suma preocupación el cierre por orden de Dipres de un programa de la ACHNU al que niños llegan voluntariamente desde la calle.
Si se tratara de un clásico juego de encontrar diferencias entre dos imágenes y a un lado se pusiera la del desprestigiado Servicio Nacional de Menores (Sename) y, por otro, la promesa del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, la dificultad sería muy alta. Pero esto no es un juego, aunque sí se trata de niños.
“No hay mayor diferencia”, reconoce el titular de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille. Según él, aunque el modelo que se está implementando es correcto, especialmente en su estructura, existen problemas de diseño. En una reciente entrevista en CNN Chile, afirmó que “el sistema se cambió en base a la ley de la oferta y la demanda y no se consideraron las necesidades de los niños y adolescentes”.
Redes de explotación sexual y sobrecupos en residencias con listas de espera son solo parte de los desafíos que enfrenta el servicio, también conocido como “Mejor Niñez”, una etiqueta de la cual buscan desligarse, porque de mejor no hay mucho.
Un informe del Poder Judicial no solo expuso que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas, sino que también dio cuenta que 225 niños, niñas y adolescentes (NNA) a cargo del servicio Mejor Niñez estaban “desaparecidos” y con orden de búsqueda, en base a datos correspondientes al segundo semestre 2023.
La salud mental es clave en este punto y, según el defensor de la niñez, eso no quiere decir que el servicio no actúe. De hecho, el servicio paga a clínicas privadas para que entreguen atención de salud mental, pero “despilfarra” recursos, ya que escasea la oferta pública en salud mental. Y ese es solo uno de los problemas que la Defensoría de la Niñez ha venido majaderamente insistiendo. Pero, lo más importante, según Anuar Quesille, es que “no hay datos”.
Y es que la cifra entregada por el Poder Judicial no es la única que se maneja a nivel estatal sobre menores de edad que se escapan de las residencias y no vuelven. Hay cifras “dispares”, según confirmó a El Mostrador la Defensoría de la Niñez. Y eso tiene que ver con que “no hay una base unificada de datos”, tampoco sobre las listas de espera.
“No hay una cifra única, indubitada y transversal, lo que claramente es parte de la responsabilidad del Estado en esta materia“, recalcó Anuar Quesille en la mencionada entrevista.
La jueza María Olga Troncoso, del Juzgado de Familia de Iquique –hoy jueza titular en Santiago– aclara a El Mostrador que la cifra del Poder Judicial “no varía mucho en un año, pero sí lo hace en rango etario y sexo”. Sostiene que es complejo manejar cifras unificadas a nivel estatal, algo que también ocurre en migración y que prácticamente “no las hay en ninguna materia”.
La magistrada concuerda con la postura del defensor de la niñez, en que se debe avanzar hacia cifras unificadas y así evitar “duplicar el trabajo”. A su juicio, hay “resistencia” por parte del servicio de protección especializada, debido a lo delicado del contenido de la información sobre niños. En eso,” tiene que haber precauciones para cruzar datos”. La jueza Troncoso resalta que el tema de las cifras unificadas es algo que se ha advertido hace años.
Además, precisa que los niños chilenos tienen más posibilidades de volver a su casa o a la de algún familiar, donde habitualmente son encontrados, pero pone el foco en los niños migrantes, cuyo paradero es casi imposible de detectar. “No hay domicilio conocido, no hay cómo iniciar una búsqueda”, advierte.
Desde el servicio de protección especializada señalaron a El Mostrador que la cifra promedio de estas ausencias al mes de junio de 2024 es de 357 niños, niñas y adolescentes en la totalidad de las residencias de administración directa u organismos colaboradores, cifra que—remarcan—”apenas alcanza al 7%, o incluso menos, del total de las atenciones residenciales”.
“En los últimos años hemos avanzado como país hacia un modelo residencial lo más parecido a un hogar familiar posible, en el que los niños, niñas y adolescentes son parte de la comunidad, van al colegio, se reúnen con amigos y tienen actividades extraprogramáticas. Así, quienes están en una residencia pueden pedir permiso para salir, lo que evidentemente va de la mano con su autonomía progresiva; o sea, se trata generalmente de adolescentes”, explica la directora nacional subrogante de Mejor Niñez, Victoria Becerra.
No obstante, aclara que “también pueden darse situaciones de salidas no autorizadas”. Y, cuando eso ocurre, “se activan protocolos que incluyen varias acciones que no son excluyentes entre sí, y que pueden ejecutarse de manera simultánea”.
Esto incluye oficiar al Tribunal de Familia, solicitando la búsqueda inmediata, realizar una denuncia por presunta desgracia a Carabineros y que los mismos funcionarios se comuniquen con el colegio, sus familias, u otros contactos del niño o niña, e incluso salgan a buscarlos a los lugares que suelen frecuentar.
Por tanto, para el servicio de protección especializada, hablar de “desapariciones”, como se ha dicho públicamente, “puede sonar confuso y generar una alarma que no es tal, ya que en rigor se trata de casos en que niños y niñas no han regresado a la hora comprometida o han salido sin autorización, por causas que son múltiples, y que, al momento del registro diario que hacemos o de la inspección que puedan efectuar otros organismos externos, aparecen ausentes, pero cuya búsqueda en los días posteriores, o incluso apenas unas horas después, da resultados positivos”.
Los protocolos que señala la directora nacional (s) del servicio, también son objetados por el defensor de la niñez. Quesille dijo que “no se está haciendo seguimiento como debería hacerse” y que si bien hay órdenes de búsqueda que se están ejecutando, “no sabemos si las órdenes de búsqueda involucran a todos los niños, niñas y adolescentes cuyo rastro se pierde”.
“No existe un protocolo de búsqueda que esté formalmente conocido por toda la institucionalidad”, manifestó Anuar Quesille.
La pregunta es ¿qué pasa con los menores de edad que escapan o que se les pierde el rastro? Todos coinciden en que los escenarios posibles son de pesadilla.
Las preocupantes redes de explotación sexual infantil son un tema que está siendo tratado tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. En septiembre del año pasado, el diputado Andrés Celis denunció casos de explotación sexual de menores en cinco residencias de Mejor Niñez en Valparaíso. Y en junio recién pasado el senador Karim Bianchi pidió una sesión especial por el mismo tema, pero en Magallanes. Esta última sesión, que también busca abordar el mal uso de recursos públicos por parte del servicio, todavía no se concreta.
La incertidumbre crece con los casos de niños que escapan de las residencias del Estado y terminan en situación de calle. Esto, los expone, además, a caer en el delito y en las drogas, tanto a menores de edad vulnerados que no han infringido la ley como a los que sí y que pasan por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que también enfrenta dificultades en su proceso de implementación en paralelo al Servicio de Protección Especializada. El impacto de la entrada en vigencia de este último servicio, cuyas funciones son realizadas principalmente por trabajadores del Sename, aún no se ha medido.
Un reporte del Ministerio de Desarrollo Social del año 2018 estimó en 547 los niños contabilizados en situación de calle sin compañía de un adulto responsable. Desde dicho periodo, hasta mayo de 2023, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha atendido a un total de 2.156 niños, niñas y adolescentes (no acompañados) con causal de ingreso por esta situación. Las regiones con tasas más altas son Arica y Parinacota, Los Lagos y Maule. A partir de este punto se abre otra arista.
La Dirección de Presupuestos (Dipres), en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024, no incluyó ni autorizó los recursos para el programa “Red Calle Niños”, de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (AChNU), que desde 2020 recibe a menores de edad, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Los lagos y que, desde la calle —algunos previamente estuvieron en residencias de Mejor Niñez—, llegan voluntariamente a sus puertas en busca de ayuda.
El año pasado, el programa, que al 30 de septiembre del 2023 ha atendido a 185 menores de edad, fue informado que su financiamiento tendrá fin en diciembre de este año.
Las razones por las cuales el proyecto finalizará, según señaló Juan Carlos Rauld, coordinador regional metropolitano de la iniciativa, han sido “espurias y sin ninguna fundamentación técnica”. Según relató Rauld, la Dipres, hoy liderada por la frenteamplista Javiera Martínez, cuestionó que se realice un “doble pago” por la atención de los niños en la calle, al atribuir la responsabilidad legal de la atención a Mejor Niñez. Pero, a su juicio, “basta prestar atención a las extensas cifras de adolescentes que se escapan de las residencias para advertir que la infancia institucionalizada profundiza la vida de la niñez en la calle”.
La decisión de la Dipres prendió las alertas en la Defensoría de la Niñez, desde donde han estado solicitando al Ministerio de Desarrollo Social la permanencia del programa “Red Calle Niños”. Se pide su continuidad bajo la Subsecretaría de la Niñez, en lugar de la Subsecretaría de Servicios Sociales.
Desde la Subsecretaría de la Niñez explican que “el programa (‘Red Calle Niños’), altamente especializado, requiere de profesionales, recursos y mecanismos específicos para ofrecer una atención adecuada a este grupo complejo de atender”. En ese sentido, añaden, “es indispensable contar con programas que, aunque tengan un alto costo, están destinados a restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones donde las intervenciones regulares no son suficientes”.
“Yo he estado personalmente en residencias que atienden la ‘Red Calle Niños’, y hemos podido ver que los resultados que se logran son bastante satisfactorios y previenen que niños y niñas estén bajo situación de calle”, dijo Anuar Quesille en otra reciente entrevista.
Cabe destacar que los indicadores de evaluación del programa en 2022 muestran un resultado parcial a nivel de propósito, en donde el 68% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por “Red Calle Niños” cumplen al menos el 50% de su plan de intervención, y un 67% disminuye su
permanencia en calle.
Francis Valverde, directora ejecutiva de la ACHNU, dijo a El Mostrador que, con todos los desafío que ya enfrenta el Servicio de Protección Especializada, este “no está en condiciones” de tomar la posta en una tarea de alta complejidad, sobre todo porque el cierre definitivo del Sename está pensado para 2026 y “Red Calle Niños” es una iniciativa que si bien abrió sus puertas en 2020, comenzó a gestarse hace por lo menos siete años.
Esto, afirma Francis Valverde, quien por 13 años fue encargada del área de educación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha tenido un impacto tanto para los niños, niñas y adolescentes que no saben qué va pasar con ellos a fin de año, como para los trabajadores.
La directora ejecutiva de la ACHNU precisa que la totalidad de los menores de edad que acuden al programa “Red Calle Niños” han pasado por alguna institución del Estado, ya sea del Poder Judicial o del Ejecutivo. De ellos, señala, cerca de un 50% estuvo en residencias estatales.
En concreto, “Red Calle Niños” surgió como una respuesta al conteo de 2018 del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), que reveló la situación de los 547 niños, niñas y adolescentes que permanecen y pernoctan en la calle.
En esto coincide Karinna Soto, directora de la organización Juntos en la Calle, para quien es un error pensar que este es un problema como cualquier otro. Es uno “especial” que involucra a menores de edad en todo el país y donde no se puede improvisar. “No se asume que no se pude hacer programa de esta complejidad de un día para otro”, dijo en conversación con este medio quien hasta el año pasado era jefa de la Oficina Nacional de Calle del Mideso.
“Desde Juntos en la Calle estamos dispuestos a colaborar con todos los actores para asegurar que los niños que hoy están en alto riesgo de ser dejados sin atención puedan tener espacios seguros y promotores de su integridad”.
Durante la ejecución de “Red Calle Niños”, 26 adolescentes y jóvenes han dejado de forma definitiva la situación de calle contando actualmente con una alternativa residencial protegida, ya sea por estar en Viviendas Compartidas, adherir a Residencias Familiares de Mejor Niñez, arrendando de forma independiente o han logrado volver a convivir con su familia.
Karinna Soto también enfatiza que el programa ha logrado involucrar al intersector con oferta pertinente, detectar y denunciar importantes redes de explotación sexual comercial, especialmente en la Región de Valparaíso y visibilizar a esos menores de edad que son alertados como desaparecidos.
Un estudio de la Defensoría de la Niñez sobre la opinión de los propios niños bajo protección del estado, reveló una situación preocupante. Hay menores de edad que no saben por qué están en las residencias, se aburren, y generalmente tienden a generar lazos con las personas que los cuidan, pero existe tanta movilidad entre el personal que finalmente no tienen un arraigo. Es decir, “no están siendo cuidados en un ambiente familiar y eso es un problema muy relevante”.
“Niños y niñas que deben ser protegidos por el Estado son incluso víctimas de vulneraciones de derechos peores a las que los llevaron a estar separados de sus familias”, declaró Anuar Quesille.
Cabe mencionar que un seminario titulado “La infancia que nos robaron”, organizado el año pasado junto a las Universidades Adolfo Ibáñez y Andrés Bello, dio origen a un libro con el mismo nombre, en el que participó la directora ejecutiva de ACHNU, la Subsecretaría de la Niñez, la exdefensora de la niñez Patricia Muñoz, además de académicos e investigadores, será presentado el próximo 24 de julio. En la presentación estará Francis Valverde, la diputada Ana María Gazmuri, el actual defensor Anuar Quesille, la subsecretaria Verónica Silva, y el director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López. En el marco de esta actividad, desde el programa Red Calle Niños lamentan la ausencia de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, quien —afirman—nunca se ha reunido con ellos.
