PAÍS
En la causa hay decenas de teléfonos incautados, seis gobernadores como “sujetos de interés” criminal y casi $6 mil millones cuestionados. A tres meses de los comicios de octubre, el caso parece haber caído en el limbo, después que una serie de sucesos alteraran el curso de la investigación.
En junio de este año, la vida del fiscal Patricio Cooper Monti cambió drásticamente. Habiendo asumido apenas cuatro meses antes el liderazgo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, tras ser escogido para ese cargo por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, dos investigaciones penales –que él no buscó– le arrebataron su acostumbrado bajo perfil y lo colocaron en el centro de la atención pública.
La primera fue un bochorno, un fiasco en la Fiscalía Local de Los Vilos, cuando El Mostrador dio a conocer que el Tribunal de Garantía de esa comuna resolvió dejar con arresto domiciliario a peligrosos integrantes del Tren de Aragua, debido a la “impresentable” litigación de un abogado asistente durante la audiencia de medidas cautelares en un caso de secuestro. Diversas fuentes del Ministerio Público cuestionan cómo fue posible que Cooper no reasignara esa causa a tiempo, sacándola de la Fiscalía Local e inyectándole recursos acordes al tamaño del problema. “Eso dice mucho del liderazgo de un fiscal para armar equipos”, advierten.
Ante el escarnio –aunque tarde–, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reasignó la causa y la dejó caer sobre sus hombros. Dos semanas después, un pantallazo del teléfono de Luis Hermosilla dejó al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, fuera de la principal investigación penal que involucra a políticos, tras los escándalos Penta, SQM y Corpesca.
La causa fue entregada también al fiscal Cooper, quien pasó de investigar casos de baja complejidad a tener en sus manos la misión de desenmarañar la compleja relación del Estado con fundaciones privadas y, de paso, el destino penal y político de al menos seis gobernadores oficialistas, cinco de ellos candidatos a la reelección en los comicios del 27 de octubre.
La mera reasignación de esta causa tuvo un efecto inmediato: la paralización de las diligencias. Una serie de hechos se combinaron para que las investigaciones sobre la arista más relevante del caso Fundaciones –relativa a los millonarios convenios celebrados entre instituciones del Estado y la fundación ProCultura, que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín, de amplios contactos políticos con el oficialismo– se detuvieran bruscamente, justo en el momento en que la indagatoria se acercaba al centro del poder, la Región Metropolitana (RM), tras consecutivos allanamientos a los gobiernos regionales más importantes del país y otras reparticiones públicas.
Tras reventar hace poco más de un año el escándalo del caso Convenios en Antofagasta, que reveló por primera vez los millonarios e irregulares contratos que celebró la Fundación Democracia Viva –ligada directamente a Revolución Democrática (RD)– con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la Controlaría se dio a la tarea de revisar todos los convenios entre el Estado y organismos privados sin fines de lucro.
De ahí surgió que la Fundación ProCultura –dirigida entonces por el psiquiatra Alberto Larraín Salas, muy cercano a la DC en un principio y luego al Frente Amplio– había tenido un crecimiento explosivo a raíz de múltiples contratos, en las más variadas materias, con al menos siete gobiernos regionales y otras dependencias estatales.
El Fiscal Nacional separó aguas y dejó en manos de Carlos Palma la arista ProCultura. Diligencias clave en Antofagasta permitieron diseñar una estrategia de persecución penal que se dividió en tres ejes: zona norte, zona sur y zona centro. Pese a que esta fundación fue creada en 2010, la Fiscalía detectó que solo en el 2022 ProCultura aumentó en mil por ciento los ingresos provenientes de reparticiones públicas, pasando de $316.849.723 a $3.282.841.556, en solo un año.
El levantamiento del secreto bancario de la cuenta de empresa de ProCultura reveló otro dato: desde esta se detectaron transacciones sospechosas a las cuentas personales de Larraín Salas por $77 millones y a la cuenta de la representante legal, la actriz María Constanza Gómez Cruz, por $33 millones. En ambas transacciones, no hubo constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros documentos que justificaran los traspasos. Además se constató que, a la fecha de esta diligencia, a la cuenta de ProCultura no le quedaba un solo peso.
Siguiendo la ruta del dinero, se identificó que los convenios sospechosos estaban en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Magallanes y la Metropolitana. La sumatoria de los fondos cuestionables ascendió a $5 mil 866 millones, distribuidos de la siguiente forma: Antofagasta: $ 1.174.815.000; Atacama: $171.796.000; Valparaíso: $289.903.378; Ñuble: $268.100.000; Biobío: $1.726.585.000; Magallanes: $ 551.690.000; y la Región Metropolitana: $1.683.788.000.
Con estos indicios y el detalle de los contratos, la Fiscalía obtuvo autorizaciones de la gran mayoría de los tribunales de Garantía respectivos para allanar reparticiones públicas a lo largo del país e incautar soportes tecnológicos y los teléfonos celulares de todos los sujetos de interés, entre ellos, los de los gobernadores de dichas regiones, la mayoría de estos en plena campaña electoral para la reelección.
Sin embargo, en un hecho inédito hasta entonces, hubo un tribunal, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que se negó a autorizar el allanamiento al Gobierno Regional de la RM, encabezado por Claudio Orrego. La medida había sido solicitada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén.
Mientras los equipos de análisis revisaban los teléfonos y otros soportes incautados en las regiones de las zonas norte y sur, en el mes de junio –justo un año después que se destapara el caso en Antofagasta– la indagatoria centró su atención en la zona centro. Los focos: el Gobierno Regional de Claudio Orrego y el de Rodrigo Mundaca, en Valparaíso.
En un documento –obtenido por Interferencia– para que el Séptimo Juzgado de Garantía accediera a sumar en la investigación reservada contra el Gobierno Regional Metropolitano los antecedentes obtenidos de las cuentas bancarias de ProCultura, así como de sus socios fundadores, se resumieron los antecedentes que la Fiscalía interpretaba como situaciones indiciarias de delito.
Fundamentalmente, estos hacían referencia al traspaso de $1.683.788.000 a la fundación para el programa “Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”, con idéntico mecanismo de las otras regiones del país; vale decir, por medio del trato directo, sin concurso público ni licitaciones.
En la indagatoria resultó clave también que, 21 días antes de la celebración de este contrato, Alberto Larraín –amigo de Orrego desde el tiempo en que este era alcalde de Peñalolén– fuera elegido como miembro del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional, cargo propuesto precisamente por Orrego. Y luego, después de su salida de la corporación, Larraín fue recontratado por ProCultura –entidad de la cual es su presidente–, siendo sus honorarios imputados en parte a los fondos del Gobierno Regional con ocasión del convenio.
Con estos antecedentes se pidió la entrada y registro al Gobierno Regional Metropolitano, lo que fue negado por el Séptimo Juzgado de Garantía, pese a que los argumentos eran prácticamente iguales a los de todas las otras regiones.
De hecho, esa misma semana y con los mismos argumentos fue autorizado el allanamiento al Gobierno Regional de Valparaíso, que encabeza Rodrigo Mundaca, también candidato a la reelección. Fuera de la incautación de los teléfonos del gobernador Mundaca, en esta región la Fiscalía tuvo conocimiento de lo que podría ser el primer traspaso de dineros bajo la tesis del financiamiento ilegal de la política.
Se trata de varias operaciones sospechosas entre 2021 y 2023 por $22 millones, que fueron transferidas de la cuenta de Alberto Larraín a la de Sebastián Balbontín, candidato a alcalde de Quilpué por el Frente Amplio.
Organizado ya el mapa nacional, a excepción de la RM, Ciper Chile publicó una información que cambió inmediatamente el curso de las investigaciones. En medio del escándalo mayúsculo del caso Hermosilla, que –entre otras cosas– expuso el tráfico de influencias que existe al interior del Poder Judicial, el medio reveló un diálogo entre Carlos Palma –hasta entonces fiscal especial para el caso ProCultura– y Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Como es de conocimiento público, este último le ofrecía a Palma un doctorado y sus gestiones oficiosas para ubicarlo a la cabeza de la Fiscalía Centro Norte. Esa conversación estaba contenida en un pantallazo que Palma envió al abogado Luis Hermosilla.
Un dato no menor, y en que casi no se ha reparado, es que ese pantallazo es el único que se conoce del temido teléfono de Luis Hermosilla, cuyas conversaciones están celosamente cauteladas por el fiscal Felipe Sepúlveda, en el marco del caso Audios. Hasta hoy solo se habían filtrado transcripciones, pero fotos del contenido de ese teléfono no se conocía ninguna, hasta que se difundió el pantallazo que sepultó a Palma.
Es tanto el temor que infunde el contenido de dicho teléfono que el abogado y amigo de Hermosilla, Mario Vargas Cociña, buscó en vano, a través de la vía judicial, que fueran destruidos esos contenidos. Como el mundo es tan pequeño, los exsocios de Mario Vargas en Vargas, Barruel & Borzutzky Abogados, los penalistas Susana Borzutzky y Felipe Barruel, en su calidad de abogados de la Fundación ProCultura, utilizaron el pantallazo del teléfono de Hermosilla para quejarse ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por la forma en que el fiscal Palma conducía la investigación y, por temas éticos, pedir su remoción del caso.
Cuatro días después, Valencia accedió a dicha solicitud, quitándole la causa a Palma, todo ello mientras se abrían aristas penales en su contra.
Ahora todo queda en manos del fiscal Cooper, quien no quiso confirmar a El Mostrador si ya había tomado la decisión de mantener el equipo investigativo que venía trabajando o si, por el contrario, conformaría uno nuevo. Mientras tanto, todo sigue en el limbo.
No muy atrás quedan los recuerdos de cómo enfrentaron los fiscales nacionales predecesores de Valencia aquellas causas que apuntaron directamente al poder político.
En el caso Tsunami, el exjefe del Ministerio Público Sabas Chahuán informó al país, en su momento, que en nueve meses esclarecerían las responsabilidades de la fallida alerta que provocó múltiples muertes el 27F de 2010. Los focos recayeron en la Presidencia de entonces y en el Ministerio del Interior. Fue designada la entonces fiscal Solange Huerta para hacerse cargo y en sus manos las causa se licuó, la gente se olvidó y, al cabo de seis años, la Fiscalía cerró la causa con una suspensión condicional del procedimiento.
Y cómo olvidar el caso de las platas políticas, en que la primera medida que adoptó Jorge Abbott, apenas fue nombrado Fiscal Nacional, fue desarmar los equipos que estaban investigando a Penta, SQM y Corpesca, justo en el momento en que se estaban practicando allanamientos consecutivos, y derivarles la causa otros fiscales, que terminaron sepultándola.
