El exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, dijo que hay que evitar que las cárceles se conviertan en las “oficinas” de las bandas de crimen organizado. Por lo mismo, dijo que esperaba otras reacciones de los alcaldes en donde se instalará la cárcel. “Hay que aceptar ciertos costos”, dijo.
En medio de la ola de asesinatos ocurridos en los últimos días, especialmente en Quilicura y Lampa, el gobierno anunció medidas en seguridad, como la construcción de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad. El recinto se ubicará en la región Metropolitana, y si bien aún se desconoce su locación final, se especula que podría estar en la comuna de Santiago o Tiltil. Tendrá un costo de $90 mil millones e incluirá 500 plazas.
Sobre este tema se refirió el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, quien dijo que la cárcel servirá para separar a los líderes de las bandas de crimen organizado, pero que para que esta cárcel de alta seguridad funcione, depende de acuerdos políticos más que técnicos.
“Es necesario separar a los líderes de la tropa, por decirlo en términos militares. Ese fue el mismo criterio que se utilizó, o fue el que empezó la decisión de construir la primera cárcel de seguridad hace ya más de veinticinco años, cuando Chile tuvo una zona de carácter terrorista, post dictadura, y el objetivo de esa cárcel fue exactamente el mismo, separar a las cabezas de estas organizaciones de la tropa de quienes cometen los delitos”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.
En la actualidad, con la crisis de seguridad que afecta al país, “evidentemente que la cárcel de alta seguridad existente es insuficiente por un lado, y segundo, pero más importante, es que ha cambiado radicalmente el perfil del delincuente y de estos jefes de bandas. Hoy día son muchísimo más peligrosos, muchísimo más violentos, y derechamente, a través especialmente del uso de la tecnología. Por lo tanto, la necesidad no solamente tiene que ver con los cupos o con la cantidad de presos, sino que también con una cárcel que cuente con la infraestructura y tecnología necesaria para evitar que las cárceles se transformen en las oficinas de las bandas del crimen organizado”.
Según el exdirector, el Estado ya entrega “por defecto alimentación, alojamiento, incluso salud y educación, si así lo quisieran. El tema es complejo porque el no estar prófugo, pero estar activo y estar delictualmente potencia muchísimo la capacidad delictiva de estos grupos”.
De hecho, para el exdirector, es importante que la cárcel esté cerca de un recinto de justicia, porque “evita una interfaz muy riesgosa donde se trata de presos de alta peligrosidad, como es el traslado de los presos. Ese tema que hace deseable que las cárceles no estén alejadas de, en este caso, las fiscalías y los tribunales, hoy día
es posible resolverlo mediante el uso de la tecnología, lo mismo que estamos haciendo nosotros en este instante, o sea, por vía remota, incluso es deseable de pronto que esta vía se utilice por razones de seguridad”.
“No obstante ello, aquí hay que tomar estas determinaciones, previa diría yo a la discusión respecto a la ubicación. Y esa dice relación con qué tipo de derechos va a tener este tipo de presos, si va a tener limitaciones o restricciones severas. La discusión previa que no se ha hecho y tiene que dar un consenso político es qué tipo de derechos eventualmente llamados derechos humanos más allá de la pérdida de libertad van a afectar a estos a estos presos porque imaginemos una cárcel en el desierto como muchos proponen. Bueno, una isla, hay otra propuesta que histórica. Eso significa una severa dificultad y restricción del acceso a la visita de sus familiares, aunque sean por locutorio”, dijo.
Según Martínez, “hay que tomar acuerdos previos, es decir, se va o no restringir la visita de los familiares, estos presos van a estar o no absolutamente aislados, van a tener o no contacto básico con los familiares más cercanos. Esa es la definición previa porque resuelto eso, se puede decidir ubicar una cárcel fuera del casco urbano. De lo contrario significa aislar absolutamente estos presos, porque a veces, el resultado a mediano y largo plazo también es bastante negativo, porque hay una reacción natural de los presos en torno frente a una restricción severa”.
“Por lo tanto, esa discusión hay que sostenerla previamente, tiene que tener un acuerdo político más que técnico, y eventualmente un acuerdo legislativo, y después de eso iría yo a discutir si la cárcel va a estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad”, indicó.
Respecto a la posición de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) y otros jefes comunales, agregó que “tienen la prueba de la blancura, a ver si de verdad están por una política efectiva de combate a la delincuencia y al crimen organizado, porque uno podría haber esperado otro tipo de declaraciones diciendo que están dispuestos a analizar las normativas de sus planos reguladores para ver si en sus comunas pudieran albergar una cárcel como una contribución a la seguridad ciudadana. Pero a la hora de lo que hubo, como se dice vulgarmente, la reacción es inmediata”.
“Hay un discurso permanente de requerimiento a las autoridades de resolver el tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, se anuncia la construcción de una cárcel que va a constituir de manera significativa resolver el problema o a mitigarlo a lo menos, y la primera reacción es negarse y decir que por ningún motivo. Es común por un lado actuar con sentido de Estado y los alcaldes, eventualmente involucrados, yo creo que tienen que aceptar ciertos costos si queremos mejorar las condiciones de seguridad que hoy día tenemos en el país”, cerró.
