PAÍS
Acusaciones constitucionales, presiones al Gobierno por la crisis de seguridad y retiros de fondos previsionales son algunas de las materias que han dejado en evidencia que la oposición ha actuado de forma descoordinada, Esto, justo la semana clave para las candidaturas para la elección de octubre.
Aunque no lo parezca, la agenda legislativa está activa, pero pasa por abajo de la superficie que cubre el ojo mediático que está encima del caso Macaya. La crisis de seguridad, el veto presidencial a la reforma electoral para el voto en dos días, el retiro en las AFP y la reforma de pensiones. Son muchos temas y poco el tiempo. Hay partes de la oposición que buscan reinstalar estos temas en la agenda y presionar al Gobierno. Sin embargo, cada partido de oposición apunta en distinta dirección y en diferente medida, lo que da cuenta de una oposición desarticulada para enfrentar la agenda legislativa. Esto, además, a menos de seis días para zanjar el acuerdo municipal.
Este lunes se retomó el trabajo legislativo luego de la semana distrital. Para estas jornadas se esperaba enfocar los esfuerzos en la crisis de seguridad y finalizar la tramitaicón del veto que ingresaría el presidente Boric a la reforma electoral de dos días. Tema que debe resolverse antes de que termine julio. Sin embargo, para la oposición las cosas se han desarticulado y no solo por el mediático caso del apoyo del expresidente de la UDI, Javier Macaya, a su padre, que finalmente le costó la renuncia al cargo.
Es que en Chile Vamos el caso de Macaya abrió flancos. Este caso, explican parlamentarios de la alianza opositora, ha ahogado la agenda gremialista y les ha impedido salir a disputar la crisis de seguridad y el veto a la reforma electoral.
En definitiva, reconocen que el caso Macaya ha generado costos en sus pares de la UDI. A pesar de que el senador haya reconocido el error, entienden que lo que queda en la retina fue el respaldo que dio a su padre, desacreditando el reclamo de las víctimas y la justicia.
En Renovación Nacional no han tenido que cargar con estos costos. Es más, a través de su bancada de diputados han logrado protagonismo en la derecha tradicional a propósito de la agenda de seguridad y el veto presidencial sobre la reforma electoral. Varios miembros de la bancada participaron en la reunión de la semana pasada con en el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve y el lunes con el ministro de Justicia, Luis Codero, para tratar el tema carcelario. Si bien hubo otros parlamentarios de oposición, asistentes confirman que RN ha logrado capitalizar la agenda dentro de la oposición.
La jefa de bancada Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum, el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, y Camila Flores han sido algunos de los rostros que han salido a disputar las diferencias con el Ejecutivo sobre la agenda legislativa. Ahora bien, en la bancada de diputados RN también existen diferencias respecto a otras materias como el retiro de las AFP. El diputado Eduardo Durán ha declarado estar a favor de un nuevo retiro de fondo de pensiones, lo que el diputado Longton calificó como “un clásico, pero no representa la opinión mayoritaria de Renovación Nacional”.
El diputado y presidente de la comisión de seguridad, afirmó que las voces a favor del proyecto de retiros son “aisladas”, pues “nosotros no compartimos aquello porque sabemos que eso genera un daño muy profundo, sobre todo al bolsillo de los más vulnerables, y una alta inflación que termina repercutiendo a largo plazo en una desestabilización de la economía y sobre todo, de los más vulnerables que son precisamente a quienes hay que sacar de la pobreza y no seguir profundizando”.
Otros en la oposición que sí están por el retiro de fondos de pensiones son los miembros del Partido Social Cristiano(PSC). Roberto Arrollo, junto a Durán, han buscado llevar adelante un nuevo retiro. Según el parlamentario del PSC su propuesta es acotada: “La segunda situación es cuando está en riesgo la única vivienda. 20 años dura un crédito hipotecario y en esos 20 años pueden ocurrir cosas. Puedes perder el trabajo, la situación económica cambia y no es justo que pierdas la vivienda por este tipo de situación, teniendo un fondo al que tú puedas recurrir. Son dos situaciones especiales, yo las estoy apoyando a través de este proyecto salvando a las personas en este tipo de situaciones”.
Cuando estalló el caso de los múltiples asesinatos ocurridos en Lampa, la UDI tuvo su última aparición importante en la agenda de seguridad. Aprovechó la ocasión para llamar al Presidente Boric a destituir al equipo de Interior. El mandatario, en la loza del Grupo 10 de la Fach, previo a su gira a Paraguay respondió:“No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI”.
Esa solicitud quedó fría, porque como es usual, fue el Partido Social Cristiano el que trató de adelantarse y doblar la apuesta. Dos días después anunciaron que una acusación constitucional contra la ministra del Interior Carolina Tohá a propósito de la crisis de seguridad. La diputada y presidenta del partido, Sara Concha, argumentó que la acción se justificaba “porque creemos que es el Gobierno el que tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los chilenos”.
Desde Chile Vamos desestimaron rápidamente la acción. En el Diario de Cooperativa, el diputado Evópoli Francisco Undurraga sostuvo que “el problema de seguridad es que tenemos ideas demasiado relevantes para generar un foco distinto. Y no que la ministra se dedique a defenderse de una acusación constitucional” y agregó que “en este caso claramente no hay sustento político para una acusación constitucional como la que está planteando cierto sector de la oposición”.
La semana pasada también, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, adelantó a El Mercurio que, a propósito del veto sobre la reforma electoral, estarían evaluando una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric: “No descartamos utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para impedir que el Gobierno siga jugando con el sistema electoral y la confianza de las instituciones”. Squella aseguró que ya han pedido al equipo jurídico del partido que “recopile antecedentes y haga un estudio serio sobre las implicancias del veto”.
Al día siguiente, el domingo en Mesa Central, el entonces presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que estas acciones “enrarecen el ambiente” y que “el festival de acusaciones constitucionales, también ha demostrado ser el camino. Yo esperaría hacer cambiar de opinión al Gobierno”.
La diputada Ossandón aclaró que RN “es un partido maduro que conoce el rumbo que puede tomar el país con el uso abusivo de acusaciones constitucionales”. Ahora bien, agregó que “si se agotan los caminos institucionales y el Presidente Boric insiste en cambiar las reglas del juego electoral a su conveniencia, evaluaremos ya caminos más severos”.
Esa frase salió publicada el lunes recién pasado. Este martes, Ossandón, flanqueada por parlamentarios de su bancada subió el tono: “Me parece impresentable que a estas alturas se nos esté achacando a la derecha este problema. Nosotros apoyamos un proyecto que venía como Mensaje del Gobierno, donde el Presidente de la República, en primera instancia, se comprometió a un veto. Nosotros hicimos un acto de fe, incluso dentro de los cinco días legales después de despachar el proyecto al Tribunal Constitucional, confiando en el ministro Elizalde y en el Presidente Boric”. Por eso, advirtió que “si el veto no llega, se abrirá la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Elizalde, e incluso contra el propio Presidente”.
La derecha ha anunciado repetitivamente que no estarán por ningún acuerdo sobre pensiones que apunte a la creación de un seguro social. Por un lado, buscan apoyar un aumento de la Pensión Garantizada Universal y que el 6% adicional de cotización se destine a las cuentas individuales. En eso habían actuado como bloque. Sin embargo, Rodrigo Galilea, el presidente de RN, abrió un canal de diálogo con el Gobierno sin Chile Vamos.
Según reveló La Tercera, a principios de julio se llevo a cabo una reunión reservada entre Galilea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y Cristóbal Huneeus, el coordinador de la mesa técnica de pensiones. Según se comenta, Galilea estaría por llegar a un acuerdo durante esta administración para no cargar con los costos en un próximo gobierno que, se presume, es probable según las encuestas, que sea de derecha.
En Chile Vamos están en desacuerdo con este movimiento, pues no hay claridad de la dirección a la que apunta el Gobierno con esta negociación y advierten que podría poner en riesgo las líneas rojas sobre el 6%. Ahora bien, a propósito del la reforma electoral, por el voto de lo ciudadanos por sobre los electores, Galilea salió a decir que “La mala fe con que ha actuado el conglomerado gobernante quiebra todas las confianzas, lo que dificulta seriamente el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición. Chile es demasiado importante para seguir con este tipo de prácticas de último minuto”. En ese mensaje, también estaría encriptado el alejamiento del senador respecto a llegar a un acuerdo en pensiones.
La descoordinación de la oposición en materia legislativa ha quedado en evidencia durante los últimos días. Ahora bien, también es importante para los partidos opositores avanzar en los acuerdos de las candidaturas para las elecciones de octubre, pues como ya han revelado, avanza lentamente y es cada vez más complejo con tantos partidos compitiendo para sel alternativa al candidato único oficialista. Lo que sí es cierto, es que el Partido Social Cristiano no formará ningún acuerdo para las elecciones de octubre y mermará, en alguna medida, los votos que podría sacar la oposición con un solo candidato.
