Un grupo de WhatsApp, creado por quien Daniel Sauer aseguró que sabía demasiado, María José Cáceres, se transformó en el brazo operativo de Factop. Los testimonios del Grupo Virus son claves para entender la orgánica del factoring y la relación de este con el abogado Luis Hermosilla.
–¿Quiénes son los operadores de esta maquinita?… ¿En manos de quién estamos? –preguntó el abogado Luis Hermosilla en la grabación que destapó el denominado caso Audios, investigación que busca aclarar si hubo soborno a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Hermosilla había dicho minutos antes de eso que lo que planificaban era delito y buscaba saber cuál de los empleados de Factop podía convertirse en un eventual Hugo Bravo, el “garganta profunda” del caso Penta, que al interponer una demanda laboral contra sus exempleadores, en la cual describía las operaciones de financiamiento ilegal de la política, permitió a la Fiscalía encontrar culpables y entender cómo funcionaba el sistema.
Volviendo a la ahora famosa grabación, Hermosilla sugirió que, si alguien los delataba, era mejor “cerrar el negocio, agarrar los pitos y a Jamaica”.
Ante la pregunta de quién podía ser el Hugo Bravo del caso, Daniel Sauer (el dueño del factoring Factop) y la abogada Leonarda Villalobos coincidieron en que la persona a quien debían cuidar era “la Coté”, alguien “clave” en el engranaje de la empresa. “Cuando a mí me salían muchas olas”, comentó Sauer en la grabación, “la Coté lleva el manejo”.
María José Cáceres, “la Coté”, comenzó a trabajar en Factop en el año 2012. Rápidamente se convirtió en una ejecutiva exitosa, buena captadora de clientes y, al poco tiempo, terminó trabajando codo a codo con los hermanos Sauer. Se transformó, dicen, en algo así como su brazo operativo.
Daniel y Ariel Sauer, dueños de Factop.
En este rol, Cáceres comandaba un grupo de empleados encargados de retirar cheques y vales vista, así como de cobrar facturas y realizar depósitos de dinero en efectivo y nóminas de operaciones a bancos. En resumen, se trataba de un equipo aceitado de cobranza, fundamental para el funcionamiento del factoring.
En medio de la pandemia, Cáceres se trasladó al sur, debido al cambio de destinación de su marido –un oficial de Ejército– y comenzó a trabajar de manera remota. Para no perder la comunicación con su equipo, la supervisora generó un chat que bautizaron como “Grupo Virus”.
La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a las declaraciones judiciales de los miembros de la agrupación, esa “maquinita” a la que aludía Hermosilla, montada para otorgar financiamiento a personas cercanas a Factop, a través de colocaciones en fondos como LarrainVial, Zurich y otras empresas de factoring.
De este modo, el grupo se convirtió en una pieza clave al interior de la compañía, una suerte de músculo operativo de una empresa que, en tan solo dos años, emitió un total de 9.970 facturas irregulares a un centenar de razones sociales distintas. El monto total de la defraudación bordearía los 13 mil millones de pesos.
Hoy, los dueños de Factop –Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg– se encuentran privados de libertad en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, acusados de delitos tributarios, estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de activos.
Tres meses antes de la filtración de los audios, Rodrigo Topelberg, el tercer socio de Factop, interpuso una querella contra los hermanos Sauer, en donde sindica a María José Cáceres como la “encargada de emitir documentos bajo órdenes o supervigilancia de los querellados”.
No es el único que reconoce este vínculo. Gabriel Contreras, otro de los miembros del chat laboral y jefe de la unidad de cobranza, dice en su declaración, realizada en la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, el 24 de junio pasado, que Cáceres era la que le transmitía al equipo las “instrucciones que impartían los jefes”.
Lo mismo plantean otras dos integrantes del grupo de WhatsApp, Marcia Fuentes y Catalina Sanhueza, ambas asistentes de cobranza, quienes aseguran que realizaban tareas similares encomendadas por María José Cáceres, desde la ciudad de Punta Arenas, lugar donde residía su entonces jefa.
–Tenía como función retirar documentos y cheques de inversionistas, siempre por instrucción de María José, que escribía por WhatsApp a nuestro jefe, que era Gabriel Contreras, y él me reenviaba el mensaje de la Coté –declaró Marcia Fuentes el 19 de abril de este año.
No solo los miembros del “Grupo Virus” reconocen el rol articulador de Cáceres. Su nombre también aparece en declaraciones realizadas por otros empleados de la empresa y múltiples querellantes, que aseguran que la mujer era el rostro visible de la compañía.
Cáceres, por su parte, aseguró en su testimonio que el trabajo en la oficina era muy desordenado, que no siempre le pasaban la documentación requerida y que los dueños de la empresa eran quienes evaluaban a los clientes. Sobre su eventual participación en “la maquinita”, declaró que nunca había emitido facturas falsas.
–Cuando escuché el audio por primera vez, me sorprendí, luego de haber trabajado 12 años con ellos, es duro escuchar que hablen mal de uno. A lo mejor pequé de ignorante en algunas cosas, pero ha sido difícil –añadió al final de su testimonio, prestado el 6 de febrero pasado ante la Fiscalía Local de Las Condes.
Quienes conocen la causa, sin embargo, afirman que, si bien el rol de Cáceres era subalterno, siempre al alero de los Sauer, fue la principal encargada de depositar facturas falsas en custodia de Factop Corredora de Bolsa de Productos. Para ser exactos: 3.539 operaciones, entre el 14 de mayo de 2021 y el 30 de mayo de 2023, ingresadas todas por ella al mercado bursátil.
–En la carpeta de investigación existe una serie de antecedentes que subrayan su importancia dentro de la emisión masiva de facturas falsas: desde el audio de Sauer, Hermosilla y Villalobos, en que se refieren a ella como “la Coté”, hasta una pluralidad de víctimas y testigos que dan cuenta de su rol. Lo que más ha sorprendido a esta defensa es que, ya con muchos de estos antecedentes incorporados en la carpeta y a la vista del fiscal, se le haya tomado declaración en calidad de testigo y no de imputada –señala Alejandro Awad, abogado de Rodrigo Topelberg.
Catalina Sanhueza, otra integrante del “Grupo Virus” que declaró en el caso, aseguró que en una oportunidad escuchó a Daniel Sauer solicitar a una de sus empleadas “ponerse creativa”, apuntando a la glosa que debía usar en las facturas realizadas por insumos COVID, desde Comercial Textil Ziko, una empresa familiar totalmente ajena al rubro de la medicina.
Cuando la funcionaria le consultó qué productos debía incorporar, Daniel Sauer le respondió que agregara mascarillas o antígenos, dándole una orden perentoria: “¡Busca!”, le habría exigido delante de otros trabajadores de la empresa.
La ejecutiva de cobranza contó en su testimonio que, con el correr de los años, se percató de que las facturas provenientes de Ziko, además de Guayasamín –la más requerida de las sociedades emisoras de facturas falsas– pertenecían a los mismos dueños del factoring, luego de comprobar que los cheques venían con la firma de sus propios “jefes”.
Los integrantes del grupo aseguran que realizaban tareas similares entre ellos. Marcia Fuentes, por ejemplo, comentó que su función era realizar entrega de operaciones de factoring, acudir a los bancos, pagar cuentas personales, retirar dinero en dólares o en efectivo.
Gabriel Contreras recuerda en su declaración sus visitas a las oficinas del Grupo Patio, conglomerado inmobiliario donde los Sauer tenía una participación indirecta a través de Inversiones DAS, quienes siempre le entregaban un sobre cerrado con cheques a nombre de alguno de los dueños de Factop.
Los documentos se “operaban” por instrucción de los jefes –relata en su testimonio–, quienes indicaban a qué tasa se debía trabajar, cuánto era el anticipo que había que ofrecer y la cuenta donde debían depositar.
Había tantos cheques, ordenados por mes de vencimiento y guardados en una carpeta tipo acordeón, que el exjefe de cobranza de la empresa recuerda que apenas se podía cerrar. Cuando terminaban de firmar los documentos, la carpeta volvía al interior de una caja fuerte con clave, controlada por los dueños del factoring.
Al interior de la bóveda, explicó Catalina Sanhueza, se guardaba una serie de talonarios, incluidos los de Comercial Textil Ziko, Inversiones Guayasamín, Inversiones DAS, además de la chequera del banco Santander en dólares de STF, la suspendida corredora de bolsa de los Sauer.
En el caso de los documentos que sacaban desde la caja fuerte, Sanhueza asegura que sus jefes, cualquiera de ellos, aportaban los datos del monto y luego definían cuál de los cheques se iba a cobrar por caja y cuáles se enviaban en nóminas a distintos factoring.
Fue en ese período de agobiantes triangulaciones, recuerda Gabriel Contreras, que hubo un hecho que marcaría un antes y un después en toda esta historia. El momento, dice, cuando escuchó por primera vez el nombre de Luis Hermosilla.
Posterior al año 2019, Catalina Sanhueza comenzó a acudir al menos una vez al mes a la oficina de Luis Hermosilla, exabogado del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Piñera y reconocido por llevar causas de alta connotación pública. Lo hacía para retirar cheques y por expresa solicitud de sus jefes. “En esa ocasión –explicó en su declaración– la secretaria me hizo entrega de un sobre cerrado que posteriormente entregué personalmente a Ariel Sauer, entendiendo que Luis Hermosilla era inversionista”.
Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que forma parte de la carpeta investigativa, el Banco de Crédito e Inversiones remitió al servicio un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la cuenta bancaria de Hermosilla, entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, por un total de abonos de 4.370 millones de pesos.
La mayoría de los dineros depositados en la cuenta del abogado, realizados a través de transferencias electrónicas, fueron enviados desde la cuenta de Factop SpA, y acumulan en el periodo analizado más de 1.353 millones de pesos. Se desconoce –según detalla el análisis de la cartola– quiénes habrían efectuado los depósitos de dinero en efectivo por 114 millones de pesos en una sucursal del banco ubicada en Vitacura.
Sanhueza declaró que, de vuelta en la oficina, Daniel o Ariel Sauer entregaban los cheques a otro funcionario para elaborar una nómina que ese mismo día se traspasaba a un factoring, antes de las 14:00 horas, con la finalidad de que les transfirieran de vuelta los montos solicitados.
Esta situación, agrega, “era habitual desde el año 2019”.
Respecto del cobro de cheques en efectivo, Sanhueza contó que siempre la acompañaban a la sucursal ubicada al frente de la oficina de la empresa y que, una vez elaborada la planilla de cheques a través de nóminas, se entregaban en los factoring de acuerdo con la instrucción proporcionada por María José Cáceres, proveniente de los propios dueños de la empresa.
Sobre el caso de Luis Hermosilla, asegura Gabriel Contreras en su declaración, los cheques del abogado se “iban renovando” sucesivamente”. Contreras explica que la bicicleta consistía en pagar un préstamo, emitiendo cheques de un monto específico y, en vez de cancelarlo en su totalidad, “sólo pagaba la renovación del dos por ciento de interés”.
Contreras dice que estaba al tanto de las maniobras, porque era el encargado de las operaciones y tenía acceso al sistema, donde no solamente podía comprobar la ejecución de traspasos, sino también quiénes habían ido a retirar los cheques.
–Puedo señalar que Luis Hermosilla mantuvo una deuda con Factop… hasta el último mes que trabajé, este mantenía deuda pendiente por préstamo –concluye.
