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El fiscal regional señaló que la próxima diligencia de relevancia será la reconstitución de escena. Dicho procedimiento se ejecutará cuando culminen las entrevistas que está efectuando la PDI a los reclutas que marcharon en la compañía de Franco Vargas.
Esta mañana la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota cumplió con la exhumación del cuerpo del soldado conscripto Franco Vargas Vargas, tras conseguir la autorización del Juzgado de Garantía para esta diligencia y una nueva autopsia, cuyo objetivo es esclarecer las causas del fallecimiento del recluta, quien se descompensó mientras participaba el pasado 27 de abril, en una marcha militar en el Centro de Instrucción Militar de Pacollo de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, situado a 4.200 metros sobre el nivel del mar.
El procedimiento se ejecutó en el Cementerio Canaán de la comuna de Pudahuel y fue encabezado por el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. El abogado fue asistido por efectivos de las brigadas de Homicidios de Arica y la Región Metropolitana, del Laboratorio de Criminalística de la PDI, peritos del Servicio Médico Legal y profesionales de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.
El cuerpo de Franco Vargas fue traslado a las dependencias del Servicio Médico Legal, para practicar a partir de hoy una nueva autopsia bajo el Protocolo de Minnesota, dado que la primera autopsia practicada por el Servicio Médico Legal de Arica por orden de la Fiscalía Militar, no consideró esta metodología internacional prevista para casos de muertes bajo la custodia de agentes del Estado.
En la exhumación participó la madre del conscripto, Romy Vargas, quien señaló que esta diligencia “servirá para hacer los estudios que no se hicieron en aquella ocasión y que ahora sí se aplique todo y se sepa toda la verdad”.
Sobre este procedimiento, el fiscal regional Mario Carrera expuso que “estamos en la etapa de consolidación de todos los antecedentes preliminares. Ya recibimos todas las fichas clínicas de los conscriptos que se atendieron en Arica. También tenemos los antecedentes médicos y clínicos del conscripto Franco Vargas y tenemos los antecedentes de los 2 conscriptos que continúan internados en el Hospital Militar”.
Asimismo, Carrera dijo que a la semana siguiente del deceso de Franco Vargas, “la Fiscalía tuvo contacto con la familia para realizar la diligencia que ejecutamos hoy. No pudimos practicarla con anterioridad, desgraciadamente por cuestiones ajenas al Ministerio Público, pero esto se pudo verificar con todas las condiciones efectivamente el día de hoy”.
El fiscal regional señaló que la próxima diligencia de relevancia será la reconstitución de escena. Dicho procedimiento se ejecutará cuando culminen las entrevistas que está efectuando la PDI a los reclutas que marcharon en la compañía de Franco Vargas.
La pericia tanatológica fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Arica el pasado 11 de julio. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el procedimiento podría haber tenido una mayor efectividad, si se hubiese practicado tempranamente y no a casi 3 meses del deceso del joven recluta.
La dilación de la pericia se produjo durante la contienda de competencias entre la justicia militar y la justicia civil surgida en este caso. El 24 de mayo pasado la Fiscalía debió suspender todas las diligencias investigativas, a raíz de que la Corte Suprema emitió una orden de no innovar requerida por la Fiscalía Militar, para que sólo la ministra en visita, Jenny Book, realizara la investigación. La decisión luego fue revertida y se asignó la competencia a la justicia civil.
Es más, fuentes ligadas a la investigación, indicaron que este retardo se originó luego que el Gobierno solicitara un ministro en visita para este caso, desechando la opción de la figura de un fiscal preferente. Hasta hoy se ignora porqué fue desechada esta vía, pese a que se sabía que la posición gubernamental era proclive a que el caso fuera asumido por la justicia civil, ya sea por razones de transparencia y también por el rol activo que otorga a las víctimas, cuestión que no ocurre con la justicia militar.
El Juzgado de Garantía de Arica autorizó también la participación de un perito de la Defensoría Penal Pública, entidad que se encuentra ejerciendo la representación del capitán de Ejército y comandante de la compañía de Franco Vargas, Michael Fritz. Si bien, el oficial aún no es imputado en la causa, la Defensoría Penal decidió hacerse presente con la petición, en consideración a que el militar aparecía como inculpado en la investigación que estaba en manos de la Fiscalía Militar.
