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El Mostrador accedió a los escritos que los jueces Macarena Calas Guerra, Rodrigo Urrutia Molina, Héctor Barraza Aguilera y Paulina Zúñiga Lira presentaron el 28 de junio y el 9 de julio y que se sucedieron, uno a uno, como un efecto “cascada” con redacciones muy similares.
Hay juicios que verdaderamente queman las manos de algunos magistrados en Arica. Y tal como ocurrió con el juicio en contra de la banda criminal “Los Gallegos” en febrero pasado, donde 3 magistrados del Tribunal Oral intentaron inhabilitarse para no participar en este proceso, ahora otros 4 jueces de Garantía de esta ciudad decidieron exponer diversas razones de tipo laboral, de amistad y gremiales, para ser recusados y así no ser elegidos para dirigir el juicio en contra del juez de Familia, Luis Jorquera Pinto, acusado de hurto, falta por sustraer especies en un supermercado de la cadena Santa Isabel de esta ciudad.
El Mostrador accedió a los escritos que los jueces Macarena Calas Guerra, Rodrigo Urrutia Molina, Héctor Barraza Aguilera y Paulina Zúñiga Lira presentaron el 28 de junio y el 9 de julio y que se sucedieron, uno a uno, como un efecto “cascada” con redacciones muy similares.
Hasta el viernes pasado, los documentos estaban disponibles en la plataforma electrónica del Poder Judicial. Sin embargo, luego de que este medio iniciara las consultas formalmente a este organismo para obtener una versión, los oficios desaparecieron y ya no están asequibles en la web institucional (al final de la nota están los documentos mencionados).
Pese a sus intentos, las inhabilidades expuestas por los 4 magistrados no fueron atendidas por ninguna de las partes. Ni la Fiscalía, ni la Defensoría Penal Pública y tampoco el querellante, Cencosud Retail S.A., las consideraron plausibles para hacerlas valer de acuerdo como lo señala el artículo 125 del Código Procedimiento Civil.
La normativa plantea que “la parte a quien, según la presunción de la ley, pueda perjudicar la falta de imparcialidad que se supone en el juez, deberá alegar la inhabilidad correspondiente dentro del plazo de cinco días contados desde que se le notifique la declaración respectiva. Si así no lo hiciere, se considerará renunciada la correspondiente causal de recusación. Durante este plazo, el juez se considerará inhabilitado para conocer de la causa”.
Y a raíz de que se agotó el plazo legal para que las partes pudieran alegarlas, el lunes pasado el juez de Garantía, Juan Araya Contreras –quien también intentó inhabilitarse en mayo pasado, pero no lo consiguió-, emitió una resolución, dejando sin efecto las inhabilidades declaradas por los magistrados. De esta manera, los 4 jueces quedaron en condiciones de ser sorteados para dirigir la audiencia de juicio simplificado, la cual se efectuará este miércoles 24 de julio a las 08.30 horas.
Así, un nuevo grupo de jueces de Arica, tensiona el principio de inexcusabilidad que deben cumplir y que está establecido en la propia Constitución Política del Estado. Sobre este deber, el artículo 76, inciso 2°, de la Carta Magna, establece claramente que “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”.
Sobre esta seguidilla de intentos por inhabilitarse en un juicio “incómodo”, la Corte de Apelaciones de Arica emitió un breve comunicado, indicando que “no puede dar su opinión porque esta causa está en tramitación en el Juzgado de Garantía de la ciudad. Por lo anterior, desconocemos si los jueces han manifestado inhabilidades, salvo la que se revisó por este tribunal respecto a la jueza Ana Paula Sepúlveda Burgos”.
Sobre el proceso disciplinario que inició en contra del juez Luis Jorquera en marzo pasado, la nota señaló que “sigue su curso y lo lleva adelante el fiscal judicial de esta Corte de Apelaciones”.
La primera en intentar inhabilitarse fue la jueza Macarena Calas. La magistrada ingresó su escrito el 28 de junio pasado, donde expuso que “durante mi permanencia como Jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, integré sala con el magistrado, trabajando juntos; también interactué con él, en el Juzgado de Familia donde estuve como Jueza destinada mientras el magistrado Jorquera era Juez Presidente de ese tribunal; he compartido con el magistrado en mi casa particular, además, en eventos laborales y sociales, conociendo por vías particulares, algunos sucesos respecto de su estado de salud y de la causa que actualmente se tramita”.
En tanto, el magistrado Rodrigo Urrutia, quien asumió el 17 de julio como ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Arica, declaró que había “compartido eventos laborales y gremiales, estimando que aquello puede conducir a una inhabilidad del suscrito, esto sin perjuicio que estimo inconveniente que este caso sea resuelto por un juez del mismo tribunal donde antes ha servido don Luis Jorquera”.
Por su parte, el juez Héctor Barraza -el mismo que en septiembre del año pasado autorizó la entrega del sobre con los nombres de los testigos protegidos del juicio contra “Los Gallegos” a las defensas-, expuso como razón para inhabilitarse haber “compartido eventos laborales, sociales y gremiales, lo que se pone en conocimiento de las partes para los efectos procesales que haya lugar”.
De su lado, la magistrada Paulina Zúñiga, expresó en su escrito haber “compartido en diversas y acotadas oportunidades en eventos de orden laboral y social, a propósito de coincidir ambos como jueces de esta jurisdicción y socios de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile y de la Asociación Regional respectiva, y que, asimismo, conozco por vías del entorno judicial de algunos sucesos respecto de su estado de salud y de la causa que actualmente se tramita en su contra en este tribunal”.
Este argumento no fue esgrimido por la jueza el 19 de octubre del año pasado, oportunidad en que en una audiencia judicial, decidió sobreseer al magistrado Jorquera, al estimar que no había delito en una causa por violencia intrafamiliar originada por una denuncia de la pareja del juez. En esa jornada, sobreseyó definitivamente el caso, no sin antes hacer declarar a la víctima, quien se retractó de la denuncia.
En este proceso, la Fiscalía había solicitado una suspensión condicional del procedimiento, pero Jorquera no se presentó a la audiencia. Su decisión presumiblemente tuvo que ver con que si aceptaba esta medida, tendría que alejarse definitivamente del Poder Judicial. Ello dado que el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, señala en su numeral 5° que no pueden ser jueces “los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento”; y agrega en el numeral 6° que esa inhabilidad también se aplica para aquellos “que hubieren sido condenados por crimen o simple delito”.
El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, valoró que los 4 jueces transparentaran sus vínculos con el magistrado Jorquera, pero advirtió que “nosotros no vamos a recusar a nadie en esta causa. Lo que hicieron ellos es poner en antecedente a las partes sobre situaciones que les afectan. Al parecer la defensa tampoco decidió recusarlos”.
Carrera enfatizó que “como política no vamos a hacer una recusación de este tipo. Ahora, si alguno de los jueces se siente inhabilitado él mismo, es una cuestión que tienen que evaluar cada uno de ellos. Este es un tema entonces que no sabemos qué va a pasar con ellos en la audiencia misma, según quien la tome”.
El abogado señaló que la decisión de excusarse o no para impartir justicia, “es algo que, a veces se exagera, y lo hemos discutido en la Fiscalía, especialmente en ciudades pequeñas como la nuestra. Es obvio que en ciudades como la nuestra, va a haber un tipo de conexión entre las personas, sea por los colegios, familiares, amigos cercanos. Sin embargo, estas causas son públicas, son transparentes y uno tiene que tomar la decisión que en consecuencia corresponda. Si no estamos de acuerdo, para eso están las cortes de apelaciones para ponderarlos”.
El 30 de mayo pasado se realizó un primer juicio simplificado en contra del magistrado Jorquera, por el delito de hurto falta, donde el acusado alegó que estaba afectado de un severo cuadro siquiátrico.
Sin embargo, transcurridas casi 3 horas de la audiencia, debió anularse porque la Fiscalía pidió que la jueza de Garantía, Ana Sepúlveda Burgos se inhabilitara, debido a que el fiscal Mario Concha Matus, quien es su marido, dirigió el procedimiento que terminó con la detención del juez de Familia en el supermercado de la cadena Santa Isabel el pasado 6 de febrero. Por la anulación del juicio y tras una queja de la Defensoría Penal, se inició una investigación sumaria en contra de la magistrada Sepúlveda.
Respecto de la causa por hurto falta en contra del magistrado, esta se inició luego que fuera aprehendido por sustraer comida para gatos avaluada en 30.679 pesos. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, “el imputado fue sorprendido luego de pagar otros productos e intentar retirarse del lugar cruzando la línea de cajas registradoras, por lo que fue retenido por civiles que se desempeñan como guardias de seguridad en el recinto, hasta la llegada de Carabineros”.
Para este caso, el Ministerio Público solicitó la pena de multa de 4 Unidades Tributarias Mensuales (257.372 pesos) y, en caso de que el juez acepte su responsabilidad, propuso la rebaja a 1 UTM. Asimismo, Cencosud presentó una querella en representación del supermercado.
Revisa aquí los escritos presentados por cada uno de los magistrados y la resolución sobre su habilitación:
