PAÍS
Macaya ingresando a la cárcel con las frazadas (Captura de pantalla)
La investigación no sólo abordará los hechos ocurridos el fin de semana, también revisará los alcances del permiso otorgado por Gendarmería a la familia Macaya, antes de pagar la fianza por 150 millones de pesos, que les permitió estacionar en un patio de oficiales e ingresar por un acceso especial.
Luego de que la Unidad de Investigación de El Mostrador destapara una serie de privilegios, tras el breve paso de Eduardo Macaya Zentilli por el penal concesionado de Rancagua, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
–Existen protocolos respecto a los cuales se deben someter y que no pueden ser alterados, con indiferencia a la condición de la persona que ingresa o el parentesco respecto al cual tenga– comentó a la prensa el jefe la cartera.
La medida busca despejar las razones que habrían motivado el trato especial otorgado al padre del senador Javier Macaya, intentando dilucidar quien habría dado la orden para que este se mantuviera internado en el hospital intrapenitenciario de Rancagua, durante el último fin de semana, en condiciones atípicas para cualquier reo común.
El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, consultado por este medio, consignó que el ingreso del empresario se hizo “de la forma como se efectúa con todos los sentenciados en prisión preventiva” y que no existió “ninguna solicitud de parte de la defensa en sentido contrario, invocando algún problema de salud”, situación muy distinta a la anterior prisión preventiva cuando se solicitó, efectivamente, un permiso para permanecer en el mencionado recinto debido a una enfermedad de base.
La pelota, evidentemente, quedó en el lado de Gendarmería.
Lo que viene ahora es que el fiscal a cargo del sumario interno, quien ya ordenó al Departamento de Investigación Criminal retirar las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto, indague paso a paso la serie antecedentes que El Mostrador dio a conocer, cuya investigación además se remontaría al paso anterior del empresario por la Cárcel de Rancagua.
Esta última situación comprometería, según varias fuentes consultadas, al hijo del condenado, actual senador por la región de Rancagua y ahora expresidente de la UDI, Javier Macaya. Y también a su familia.
Una “autopsia audiovisual“. Eso es lo que debería realizar el fiscal administrativo a cargo de la indagatoria –coinciden varias fuentes– desde el momento en que Eduardo Macaya ingresó al recinto en un auto particular, sin esposas ni peto amarillo, hasta que salió del lugar 74 horas más tarde, cargando una mochila y tres bolsas con sus pertenencias.
El exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, comentó en radio Pauta que el arribo de Eduardo Macaya a la cárcel estuvo plagado de irregularidades. “En Gendarmería existen protocolos para trasladar a los imputados y condenados. Dentro de esos protocolos está el uso de medidas de seguridad que se refiere a las esposas, al chaleco amarillo. Claramente aquí se transgredió el protocolo existente para el traslado de detenidos”, afirmó.
Otro hecho que genera suspicacias es que el condenado llegara con varias pertenencias, incluidas vistosas frazadas, que pudieron verse en las imágenes del vehículo que lo trasladaba cuando ingresó al recinto. Cabe indicar que ese tipo de implementos (frazadas), deben ser autorizadas expresamente por Gendarmería tras constatar que sean realmente ignífugas, medida tomada tras el incendio en la cárcel de San Miguel. El ingreso de pertenencias, de hecho, está normado en la resolución exenta 6640 de Gendarmería, fechada en diciembre de 2020.
Para el Director Ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario, Galo Muñoz, el arribo de Eduardo Macaya al recinto, cargando él mismo su ropa de cama, demuestra que su ingreso al hospital penitenciario estaba acordado con anticipación, lo que hace presumir que hubo gestiones al más alto nivel.
–Lo del hospital estaba “cocinado”, por algo llegó con sus pertenencias. Además, no me cabe duda, aquí hubo una jugada jurídica. El señor Macaya entró un día viernes, después de las 6 de la tarde, cuando probablemente no había ni siquiera un doctor. Tampoco se le hizo una clasificación. O sea, estuvo todo muy bien planificado por sus abogados –explica Muñoz.
Cárcel de Rancagua.
A partir de este ingreso, asegura un exfuncionario de Gendarmería, se habría realizado “todo lo que no se debe hacer”. Un reo común, tras identificarse en la guardia –agrega la misma fuente–, debería pasar a la oficina de clasificación, donde se le toma una foto y se le consultan sus antecedentes personales. Luego de esto, determinando su grado de peligrosidad, se decide a qué dependencia se deriva.
–La clasificación técnica permite comprender algunos rasgos del perfil criminológico, elementos que son relevantes para determinar el grado de peligrosidad. Y, de acuerdo a este nivel, derivar al módulo que corresponda. Pero Macaya no pasa por nada de esto y es derivado directamente al hospital penitenciario –asegura la misma fuente.
Funcionarios que trabajan al interior del recinto, aseguraron a El Mostrador que Eduardo Macaya debió haber sido derivado al sector de Reclusión Especial de Imputados Media-Baja, entre los módulos 83 y 86, que son los lugares donde Gendarmería ingresa a personas de menor clasificación criminógena, entre ellos los primerizos, y aquellos cuya estadía en otro espacio implicaría conflicto con otros reos.
Gendarmería, al ser consultada por El Mostrador, comentó que el empresario fue trasladado al sector hospitalario “a la espera del proceso de clasificación, para su ubicación definitiva”. El hombre, de 72 años, aseguran al interior del organismo, se habría presentado con un certificado médico, situación absolutamente anómala pues, como aseguró el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, no existió ninguna solicitud formal respecto de su estado de salud.
Fuentes que conocen de cerca el funcionamiento del organismo, aseguran que lo más probable es que la unidad haya dejado de funcionar antes del ingreso del empresario vitivinícola, y que se optó por esta medida atendiendo a la complejidad que pudo haber provocado al jefe operativo interno, Cristián Solís Riesco, quien habría recibido al condenado.
Tal como informo El Mostrador –a partir de un informe diario de pacientes al que tuvo acceso– Eduardo Macaya estuvo el último fin de semana internado en el hospital penitenciario, un espacio con capacidad para alrededor de 15 pacientes, en una habitación individual, destinada a mujeres y con baño privado.
El documento detallaba, además, que había sido “ingresado por Gendarmería”, bajo condición “estable” y que su diagnóstico era de “diabético-hiposódico”.
Respecto de la enfermedad aludida, un exfuncionario de la institución asegura que esta tampoco representa un inconveniente para mantener al empresario en un recinto especial, considerando que la unidad de salud en la que permaneció, ubicada en un segundo piso, está destinada a pacientes internados por “hospitalización”.
–Un alto porcentaje de la población en Gendarmería tiene diabetes, está medicada y vive en cualquier dependencia de la unidad. Además, el acceso a sus medicamentos está garantizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no requería una hospitalización– concluye la misma fuente.
El sumario interno abordará, además de los episodios ocurridos recientemente, los ingresos especiales que Gendarmería otorgó a la familia Macaya durante la primera etapa de prisión preventiva del dueño del fundo Santa Helena, antes de pagar una caución (fianza) de 150 millones de pesos que le permitió regresar a su hogar.
En la oportunidad, un grupo de funcionarios aseguró ver los vehículos de la familia Macaya estacionados en uno de los patios, a un costado de las casas fiscales de los oficiales, un lugar exclusivo dentro del recinto. Las acusaciones apuntaban a que las visitas eran sin restricción horaria y por accesos diferenciados.
Las personas que visitan a sus familiares presos, además de haberse enrolado –situación que deberá aclarar el sumario en el caso de la familia Macaya–, deben pasar por una primera reja, luego ingresar a un lugar donde le toman los datos y, a continuación, se dirigen a un túnel, donde van accediendo a las distintas dependencias de la unidad.
A diferencia de las familias de los presos comunes, según el relato de los funcionarios de la cárcel, la familia Macaya ingresaba primero a los estacionamientos de los oficiales, luego a un edificio administrativo y, a continuación, por un costado del túnel donde transitan funcionarios, abogados y talleristas.
Consultada hace más de un año atrás por esta denuncia realizada por funcionarios, Gendarmería reconoció que se trataba de permisos especiales que respondían a “una atribución de cada jefatura de unidad”, o sea, del alcaide de turno, el entonces Coronel Jorge Martin.
“Autorizar visitas especiales a personas privadas de libertad, en días y horarios que no necesariamente sean los definidos por cada establecimiento penitenciario, a partir de la solicitud del interesado/a”, aseguró el organismo en la ocasión.
El permiso habría sido otorgado por el alcaide, según aclararon fuentes internas, siendo de carácter discrecional, determinando las vías de ingreso y la frecuencia de las visitas, previa solicitud de las familias interesadas.
Mañana, a petición del programa “Mi Abogado”, que es parte en la causa, se realizará una audiencia de revisión de las medidas cautelares de Macaya, en los tribunales de San Fernando, donde se deberá decidir si se mantiene el arresto domiciliario que le beneficia actualmente o se revoca.
