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Abogado Mario Vargas, a quien le fue rechazado un recurso de protección por los chats de Hermosilla, decidió no apelar a la Suprema, donde habría forzado a la Tercera Sala a ver la causa que involucra a su amiga, Ángela Vivanco. De no inhabilitarse, se arriesgaría a una acusación constitucional.
La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tiene flancos abiertos en dos de sus lugares más cercanos: en su trabajo y en su casa. A la investigación que iniciaron en su contra sus pares de la Comisión de Ética, se sumó la investigación penal por soborno que abrió el Ministerio Público contra su pareja, Gonzalo Migueles, a quien la PDI incautó este miércoles su teléfono celular en casa de la propia ministra. En esta causa se investiga un eventual soborno de Migueles al fiscal Carlos Palma –a quien también se le incautó el teléfono–, en el marco de gestiones oficiosas para favorecer nombramientos y que han ensombrecido al Poder Judicial, especialmente a ministros y ministras del máximo tribunal del país.
Dentro de este escenario revuelto, corren por cuerdas separadas las acciones que ha llevado adelante el abogado Mario Vargas Cociña para, por la vía judicial, para limitar el conocimiento del contenido del teléfono celular de su amigo, el penalista Luis Hermosilla, quien con su famoso audio produjo una reacción en cadena que compromete cada día más al poder.
Como en esta historia todo parece estar relacionado, el desistimiento de Vargas de escalar hasta la Suprema luego que su recurso fuera rechazado por la Corte de Apelaciones, habría tenido como propósito no aumentar la exposición de la ministra Vivanco, según observan otros altos miembros de la Corte.
Como se recordará, a fines de junio fue rechazado el recurso de protección que buscaba impedir la difusión de los chats del penalista Luis Hermosilla. La decisión, expresada en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejó “conforme” al equipo que se formó en torno al recurso, integrado por Gonzalo Rodríguez Herbach y Mario Vargas Cociña. Gonzalo Rodríguez dijo en su momento que, a pesar de ser una sentencia en contra, el fallo “reconoce varios de los argumentos de fondo que planteamos”. Por esta razón –dijo– decidieron no apelar a la Corte Suprema.
Paralelamente, Mario Vargas afirmó a El Mostrador que “no se presentó apelación, porque los objetivos que se buscaban con el recurso se cumplieron. En primer lugar, el fallo establece límites en la entrega de antecedentes de una carpeta de investigación penal a terceros que no son parte de la investigación y, en segundo lugar, no se entregaron los WhatsApp al Consejo de Defensa del Estado, por lo tanto, no existía razón para presentar un recurso de apelación cuando los objetivos que se buscaban, a mi juicio, se cumplieron”.
Pero una razón menos explícita es la posibilidad de que el recurso complicara aún más las cosas en la Corte Suprema, donde los dos abogados tienen buenas redes y, por lo tanto, se exponen a eventuales conflictos de intereses.
Hace unos días, entre el 5 y el 12 de julio, los 17 ministros de la Corte Suprema publicaron un listado de personas e instituciones sobre las cuales tienen inhabilidades, según establece la ley a través del Código Orgánico de Tribunales. Ambos abogados asociados al recurso, Gonzalo Rodríguez y Mario Vargas, aparecen en la lista de inhabilidades del ministro Jean Pierre Matus, quien expone la lista más larga de nombres que pueden provocar su recusación en una causa.
Matus es uno de los ministros investigados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema para determinar si hubo irregularidades derivadas de sus conversaciones con Luis Hermosilla. En la lista de inhabilidades de Matus, también aparecen sus propios colegas, como el ministro Arturo Prado, o las ministras Adelita Ravanales, Andrea Muñoz y Ángela Vivanco. Por el contrario, la ministra Vivanco no menciona en su lista de inhabilidades a Mario Vargas, de quien –se asegura– es amiga cercana.
Aunque Vargas, consultado por El Mostrador, afirma que no ha asesorado ni representa a Vivanco en ninguna causa y que tiene “una relación cordial con ella, relacionada únicamente con su labor profesional”. Efectivamente, en un homenaje que organizó para ella la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, estuvo Mario Vargas entre los invitados, además del ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa.
Antonio Ulloa forma parte de un grupo cercano de amigos integrado por la ministra Vivanco, el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yaber, y Gonzalo Migueles –pareja de Vivanco– y empleado de Yaber. Cabe mencionar que Sergio Yaber Lozano recibió apoyo de la ministra Vivanco para conseguir su traslado desde una notaría en Coquimbo hacia el cotizado puesto en la zona sur de Santiago.
Al homenaje para Ángela Vivanco en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica también asistió el ministro Diego Simpertigue, amigo del abogado Mario Vargas, a quien tampoco declara entre sus inhabilidades. El ministro Simpertigue es parte del grupo que se reúne habitualmente en el restaurante Baco. Frederic Le Baux, dueño del restaurante, es padrino de un hijo de Mario Vargas. Integrantes del grupo de amigos también han viajado a Mendoza para pasar tiempo en los viñedos Calyptra, que el cirujano plástico José Zarhi posee en la zona.
El grupo además ha compartido en el departamento de Las Tacas, en la Región de Coquimbo, que pertenece al notario Francisco Leiva Carvajal, quien está mencionado en la investigación contra el exjuez Juan Antonio Poblete, que instruye la Fiscalía Regional de Valparaíso. Leiva filtró a Poblete parte del expediente de remoción en su contra. Por este mismo asunto, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió abrir un sumario en contra de Francisco Leiva, en el que se pidió la inhabilidad de Ulloa.
Además, la Democracia Cristiana interpuso una denuncia contra Leiva por un negocio inmobiliario en Talagante, que involucra a un inmueble del partido en cuya compraventa habrían sido perjudicados. Esta denuncia motivó la apertura de otra investigación. Ambas podrían acarrear su destitución.
En el caso de Mario Vargas –según afirman en reserva fuentes de la Corte Suprema–, ha sido fundamental en la estrategia de Ángela Vivanco frente a la investigación de la Comisión de Ética que se reactivó en la Suprema, a propósito de eventuales faltas relacionadas con tráfico de influencias. Vivanco ha insistido en que no se da por notificada de una investigación y pidió en una carta “la nulidad de todo lo obrado”, cuestionando jurídicamente el procedimiento.
La presión sobre Vivanco es fuerte. Las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz insistieron durante los últimos plenos en que hubiera sanciones en su contra. Pero Vivanco, en el Pleno de este lunes, pidió que se inhabiliten de investigarla en la Comisión de Ética la ministra Muñoz y el ministro Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema. Vivanco alega que ambos ya votaron a favor de investigarla, por lo tanto, no podrían participar de un informe que recomiende sanciones.
En este contexto, es decir, el de no abrir más flancos a Vivanco, es que Mario Vargas –según fuentes ligadas al proceso– decidió no apelar a la sentencia de la Corte de Apelaciones, que sepultó su recurso para restringir los chats de Hermosilla.
Vargas ha estado en la defensa de imputados emblemáticos, como el sacerdote John O’Reilly, condenado por abuso sexual; el carabinero Patricio Maturana, acusado de disparar a la actual senadora Fabiola Campillai; Marco Antonio López, expareja de la presentadora de televisión Tonka Tomicic, investigado en el denominado “caso Relojes”; y del exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel en la denominada “Operación Topógrafo”, la misma que involucra al exjuez Juan Antonio Poblete, por haber autorizado las escuchas ilegales.
En el caso de los chats de Hermosilla en poder de la PDI, si Vargas y Gonzalo Rodríguez hubieran apelado, la causa habría llegado a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que integran los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Adelita Ravanales, Diego Simpertigue y Ángela Vivanco.
Debido a la amistad con Vargas, tanto Vivanco como Simpertigue estarían obligados a inhabilitarse. Y en el caso de no hacerlo, podrían exponerse a una acusación constitucional.
Otras fuentes de la Suprema, sin embargo, añaden que de haber llegado el asunto del teléfono de Hermosilla a la Tercera Sala de la Suprema, la incomodidad habría sido no solo para ellos dos, sino para la Sala casi completa y, por extensión, a toda la Corte. Esto, porque también tendría que inhabilitarse Mario Carroza, quien está siendo igualmente investigado, y Adelita Ravanales, por haber emitido su disposición a iniciar una investigación en la Comisión de Ética. O sea, cuatro de cinco ministros titulares.
Así las cosas, dicha Sala quedaría casi sin ministros titulares por inhabilidades, situación que dejaría aún más cuestionada a la Corte Suprema.
Por otra parte, en este proceso sin precedentes en la historia del máximo tribunal, otro grupo de ministros de la Corte Suprema admiten que la ministra Ángela Vivanco, al no reconocer la autoridad de la Comisión de Ética, estaría incurriendo en un “notable abandono de deberes”, ya que mediante esta acción está negando someterse a la institucionalidad del Poder Judicial. Esta visión, si logra imponerse, podría acarrear más problemas para la ministra, que esta vez sí se expone a una acusación constitucional.
