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“La violencia criminal no puede llevar a debilitar las bases de nuestra democracia al involucrar a las FF.AA. en tareas de orden interno”, dicen los integrantes del Grupo de Análisis de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas (GADFA).
El Grupo de Análisis de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas (GADFA) analizaron las reformas políticas que se deben tomar para tener “un sistema policial efectivo”.
“El aumento de la delincuencia y particularmente los asesinatos de jóvenes ocurridos últimamente, han provocado un profundo impacto en la ciudadanía. Sin embargo, las medidas que se proponen para enfrentar este urgente problema de orden público, chocan con las insuficiencias acumuladas de parte del Estado para hacer frente de modo efectivo a las nuevas situaciones de criminalidad”, indican en una declaración.
En ese contexto, agregan que “se han levantado propuestas desde distintos sectores con un uso excesivo de generalidad, formalismo, o desesperación, como organizar un sistema institucional fundado en la ambigua y desprestigiada noción de seguridad nacional, la declaración de estado de sitio en la Región Metropolitana o, peor aún, el despliegue de militares por las calles de la ciudad. Inexplicablemente, además de los resultados negativos que nos señala la política comparada, se ignora la principal iniciativa de la propuesta programática del gobierno: la reforma y modernización de Carabineros. Sin esta reforma no habrá política que tenga la perspectiva de largo plazo y de sostenibilidad institucional que es indispensable para hacer frente al peligroso flagelo que se ha instalado en el país”.
Por lo mismo, advierten que es “imprescindible persistir en esta reforma de esta policía, que ya es militarizada, en especial, en la capacidad de gestión, y con la consiguiente responsabilidad, del gobierno en materia de orden público. Esto implica zanjar pronto la discusión en torno a la creación de un ministerio especializado en la materia y la reforma de la la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Carabineros de Chile”.
“Esta situación tiene una razón de fondo: las limitaciones de mando que le impone al Ejecutivo la LOC de Carabineros de Chile para llevar a cabo esta urgente tarea. Su cambio proveería al Ejecutivo las herramientas necesarias para cumplir con su deber de gestionar la protección de la ciudadanía, exigiéndole responsabilidades políticas a las autoridades que corresponda”, dicen.
“La violencia criminal no puede llevar a debilitar las bases de nuestra democracia al involucrar a las FF.AA. en tareas de orden interno. El desafío es enfrentar los problemas del orden público aunando los principios democráticos y los de efectividad. Estos dos principios debieran llevar a poner el acento en promover todas las medidas y reformas necesarias para contar con las policías fuertes que el Estado democrático necesita para velar por la tranquilidad de la ciudadanía, ahora y en el largo plazo. La reforma a Carabineros debe ser parte de un esfuerzo sistémico del Estado que incluya el sistema carcelario, inteligencia civil, levantamiento del secreto bancario para el control del lavado de dinero, recuperación de barrios y espacios públicos, entre las más importantes. La adopción de medidas como la Unidad de Acción y Seguridad para la Región Metropolitana, de toda necesidad, debiera ser complemento de políticas de Estado de largo plazo como las reformas que hemos sugerido aquí”, cierran.
