PAÍS
Tras oficializar varios de los nombres que Chile Vamos apoyará como candidatos a alcaldes, de la revisión del listado, pareciera que los partidos del conglomerado confían en que aquellos que enfrentan denuncias e investigaciones por delitos vinculados a corrupción no vean un avance rápido de estas.
Hace pocos días se dio a conocer que el alcalde de Linares, Mario Meza (RN), y candidato a la reelección por Chile Vamos, junto a otros funcionarios, serán formalizados. La Fiscalía anunció que el 26 de septiembre –un mes antes de la votación– formalizará al jefe comunal por fraude al fisco reiterado en la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos entre 2020 y 2021, pagando más de lo debido a las empresas, en medio de la pandemia de COVID-19. Como este caso, hay otros candidatos de la oposición que ya enfrentan investigaciones y denuncias de diversa índole.
Un tema que inquieta es la tardanza y a veces lentitud de los procedimientos investigativos de las instituciones, ya sea por parte de la Contraloría o de la misma Fiscalía. Tienen tiempos extensos para indagar y las penas que se esperan para los denunciados, generalmente, no llegan o simplemente pasa el tiempo y se resuelve cerrar las indagatorias.
De esta forma, muchos alcaldes o concejales son reelectos y siguen gozando de una posición de poder, pese a estar investigados por Contraloría o Fiscalía. “Y eso provoca pena, rabia, impotencia. Personas que han metido la mano y no les sale ni por curado”, como advierte Juan Castillo, concejal de Rinconada en la Región de Valparaíso.
Aquí, doce casos en los cuales Chile Vamos apuesta a que las causas no avancen y sus candidatos sean reelectos o electos después de varios años fuera del cargo.
Uno de los que podría generar más de un dolor de cabeza a la coalición opositora en la próxima campaña es Juan Galdames Carmona, actual alcalde de Rinconada, en la Región de Valparaíso, y candidato a la reelección como independiente por Chile Vamos. El jefe comunal tiene a su haber investigaciones en curso, tanto en lo penal como en el Tribunal Electoral de Valparaíso, donde se pide su remoción sobre la base del Artículo 60 Letra C), de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades.
El proceso de destitución por notable abandono de deberes, presentado el 10 de agosto de 2023 y que está en curso, se basa en las imputaciones y antecedentes que reveló la Contraloría Regional de Valparaíso en el Informe Final Investigación Especial Municipalidad de Rinconada 73/2023, del 1 junio de 2023, en el cual se describen cinco hechos e irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del alcalde.
Se detectaron, por ejemplo, tasaciones de terrenos para su adquisición que superan el 3.000% del valor real de dichas propiedades. “Se trata de una compra de terrenos por más de 2.000 millones de pesos, sin hacer licitaciones públicas, o sea, los compró a lo compadre nomás. También hizo una licitación adulterada, donde a una empresa le pasó 1.200 millones de pesos, algo muy parecido a lo que son los temas de las fundaciones, donde le pasaban plata sin nada concreto”, explica a El Mostrador el concejal DC Juan Castillo.
Todos estos antecedentes están también en manos del Ministerio Público, específicamente del fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, tras la presentación de una querella por los delitos de negociación incompatible, fraude al fisco y falsificación de instrumento público y malversación de fondos públicos, donde el alcalde Galdames está como imputado en la causa, aunque aún sin formalizar.
Luis Reyes, quien fue alcalde de Río Bueno entre 2008 y 2021, y que actualmente es concejal de la comuna, es otro de los ratificados por Chile Vamos para enfrentar las próximas elecciones municipales. Pero la actual administración presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en su contra y de otros exfuncionarios. Dicha querella no fue admitida a trámite por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, pero el tribunal de alzada de Valdivia revocó el fallo.
Fue a través de una investigación de la Contraloría Regional de Los Ríos que se develaron graves irregularidades financieras y administrativas en la Municipalidad de Río Bueno durante 2017 y 2018, según se informó en abril pasado. Algunos de los cargos formulados son “provocar un déficit de $173 millones por no administrar eficientemente los recursos; aprobar una modificación presupuestaria por $336 millones sin someterla al Concejo Municipal; autorizar contrataciones a honorarios sin cumplir requisitos legales”, entre otras gestiones cuestionadas.
De acuerdo con los antecedentes chequeados por El Mostrador, la causa está en trámite y en manos de la Fiscalía Regional de Puerto Montt, la que tiene a cargo la investigación a nivel nacional de una de las aristas del caso Convenios llamada “cuentas corrientes”. Es en esta en la que se indaga al exalcalde. Aunque, una vez que la querella fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Valdivia, no se han registrado avances y hoy todo está en etapa de investigación desformalizada. Fuentes consultadas consideran que el proceso legal debiese ser la judicialización de la causa, pero los tiempos son resorte del Ministerio Público.
El 19 de marzo pasado medios de la Región de Los Lagos daban cuenta de una diligencia por parte del Ministerio Público, en otra arista del caso Convenios, y que involucraría al exconsejero regional y actual candidato a la alcaldía de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea. El Mostrador intentó confirmar ese antecedente, pero desde Fiscalía se indica que “la investigación es materia de reserva, por lo que no se puede ventilar nada mientras tenga esa característica”.
Ni siquiera pueden descartar o confirmar si es efectivo que se produjo la incautación del teléfono y computador del abogado y otrora participante del reality “Pareja perfecta” (2012), como informó el medio Prensa Lupa, que también reveló que ya habría dos funcionarios de la Región de Los Lagos formalizados y con la medida cautelar de arresto domiciliario en esta indagatoria, iniciada durante el segundo semestre de 2023.
Fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que, a partir de una denuncia anónima sobre un “funcionario fantasma” en el municipio, presentó una querella por fraude al fisco en contra del actual alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos, junto a otros funcionarios municipales. Es la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Occidente la que lleva esta investigación y originalmente la querella era contra Sebastián Salas, un extrabajador a honorarios de la municipalidad, que en paralelo cumplía labores a jornada completa en una empresa, y su hermana, Amanda Salas, que también se desempeñaba en el municipio.
Luego, el Ministerio Público, al formalizar la causa hace ya dos años, la extendió también contra el alcalde. “Contraloría en su momento sancionó al edil por haber visado los decretos de pago a Salas, pese a que el trabajador no realizaba los trabajos por los que estaba contratado”, se indicó en medios regionales.
Para el 6 de marzo se había fijado una audiencia de reformalización ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, indicando como fecha de comisión de esos ilícitos los años 2017, 2018 y 2019, la cual finalmente no se llevó a cabo, pero el Ministerio Público comunicó en esa instancia la separación de la investigación, la que ahora está en manos de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Occidente.
Hasta el año 2008, Iñaki Juan Manuel Caupolicán Busto Berasaluce (67) era conocido en varios municipios liderados por miembros de la UDI y como excolaborador de Joaquín Lavín en las presidenciales de 2005. Durante 1989 fue alcalde designado por Pinochet en Graneros, y, luego, representando a la UDI entre 1994 y 1996; y en 2000 fue concejal en dicha comuna.
Pero la hecatombe en su “anterior” vida política vino de la mano de su empresa Gestión Municipal Avanzada – GMA, la que aparecía como el principal nexo en varios proyectos y contratos de cuestionada legalidad con diversos municipios en los que sus alcaldes eran de la UDI. Después que Contraloría denunciara estas irregularidades, estalló el escándalo. En esa época el abogado Alejandro Chaparro, que representó a algunos concejales de las municipalidades de Viña del Mar, Huechuraba, Recoleta y Renca, calificaba a GMA como la “caja pagadora de la UDI”.
Ciper, en junio de 2008, describía a “este agricultor y experto en genética ganadera, íntimo amigo de (Gonzalo) Cornejo y (Carolina) Plaza, pero sobre todo del (entonces) senador por la Sexta Región Andrés Chadwick: se conocen desde 1975, antes de que Busto fuera designado en la dictadura como alcalde de Graneros. Dueño de un buen humor que sus amigos aseguran perdió por completo. Llegó al peak de su carrera política poco después de que en los medios se cerrara la ‘arista política’ del Caso Spiniak, el 2004”.
En ese mismo reportaje se dijo que “un personero de confianza de Andrés Chadwick afirma que este ‘no ha cortado relaciones con Iñaki, siempre lo va a apoyar’: Busto es defendido por el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuyo hermano, Luis, es cercano al senador”.
Fue el funeral de su padre, el exalcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz Rojas, el 6 de enero de este año, el momento que eligió Jorge Eduardo Muñoz Saavedra para lanzar su candidatura al municipio. El hoy candidato oficial de Chile Vamos en esta ciudad tiene 41 años, es odontólogo, y su hermano es el consejero regional Juan Andrés Muñoz, también vocero de la campaña.
Pero Jorge Eduardo Muñoz Saavedra ya tiene prontuario judicial. El año 2014, el Tribunal Oral en Lo Penal de Cauquenes lo condenó por solicitar beneficios como damnificado tras el terremoto de 2010, presentando antecedentes falsos y recibir esas ayudas destinadas a quienes lo perdieron todo. Se estableció una “pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales a beneficio fiscal, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito consumado de obtención fraudulenta de subsidios y subvenciones estatales, cometido entre los meses de febrero de 2010 y septiembre de 2011 en la comuna de Cauquenes”, como indica el fallo.
Sin embargo, Jorge Muñoz Saavedra no cumplió con el fallo del tribunal. Nunca dejó de trabajar en el hospital público de la ciudad y, en 2021, se denunció la “evasión de condena por fraude al fisco”. En audiencia del 16 de junio de 2023, se estableció que efectivamente el Servicio de Salud nunca supo de la condena, porque desde el Hospital de Cauquenes se omitió la información. Y, si bien fue sobreseído, en el Juzgado de Garantía de Cauquenes se estableció que la condena no la cumplió y que presentó un certificado falso del tribunal para eliminar los antecedentes penales.
El abogado Fernando Leal, que llevó dicha causa, recuerda que “el oficio que supuestamente firmó un juez, de acuerdo a las pericias que hizo investigaciones, no habría sido firmado por el magistrado, y está con las iniciales de un funcionario del Tribunal de Garantía, cuya cónyuge trabaja en la Municipalidad de Cauquenes; y el funcionario de Gendarmería del Centro de Reinserción Social, que lo asesoró para que se acogiera a la eliminación de antecedentes, en la investigación, declaró que es un amigo, pertenecen al mismo club de pesca y caza, y que él llenó la ficha para ese fin. Y lo que es más grave, es que todo esto fue del conocimiento de la Contraloría Regional del Maule y ni siquiera le hicieron un sumario administrativo”, explica el abogado.
El exalcalde Sergio Medel, hoy candidato en campaña por Chile Vamos, ha enfrentado varias denuncias por el uso que se dio, durante su administración municipal, a las llamadas “platas Casino”, que corresponde a unos 17 mil millones anuales de impuestos del Casino Monticello que recibe la comuna para su presupuesto. Medel fue alcalde por tres periodos, desde 2008 hasta 2022, y una auditoría realizada a los últimos cinco años de gestión del exalcalde habría arrojado un déficit de $8 mil millones de fondos municipales. Ya en 2015 enfrentó una solicitud de remoción por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral de Rancagua, el que rechazó dicho requerimiento.
El año 2021 se presentó una querella por delitos constatados en un sumario administrativo que daban cuenta del uso de facturas falsas emitidas por un funcionario para cumplir con la rendición de cuentas de dineros municipales que eran entregados a un club de huasos. De hecho, en mayo de 2023 el principal denunciado por fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público, Juan Armando Valenzuela, fue condenado en un juicio abreviado.
Pero había otras dos investigaciones a cargo del fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez, iniciadas en 2022 tras la presentación de dos nuevas querellas ante el Juzgado de Garantía de Graneros, contra funcionarios y el propio ex edil y actual concejal de la comuna. Ambas por el delito de fraude al fisco. Una de estas contempla la denuncia por “el pago de casi 60 millones de pesos a la empresa Supermercados Casa Gamovi, sin convenios ni facturas que sustenten compras, por productos y mercaderías que no estaban considerados para la gestión municipal”. La acción judicial implicaba, además, a otros cuatro funcionarios municipales.
Y el 30 de junio de 2022 el actual alcalde, Santiago Gárate, presentó otra querella en contra de su antecesor y de otros funcionarios, específicamente del Departamento de Educación Municipal (DAEM), por el delito de fraude al fisco para “que el Ministerio Público investigue los hechos que causaron un perjuicio patrimonial que ronda los $200 millones de pesos”, indicaban en la denuncia. Días antes, la Policía de Investigaciones había allanado el Edificio Consistorial Municipal de Mostazal, llevándose documentos financieros asociados a la administración anterior, entre 2016 y 2020.
Si bien el actual alcalde de Collipulli Manuel Macaya aparece como miembro de las filas de Renovación Nacional (RN), fue recién el 22 de febrero del 2019 cuando ingresó a dicho partido, ya que antes era independiente pro DC. Hoy busca ser reelecto en un tercer periodo consecutivo, pero varias situaciones que han terminado en denuncias en tribunales podrían arruinar sus planes.
Algunas de estas son una investigación por agresión sexual del jefe de gabinete; una investigación por caso licencias de conducir; una investigación por caso licitación guardias; investigaciones por cortes de carretera; investigaciones por violaciones de secreto funcionario; una investigación por usurpación de funciones; una investigación por falsificar la firma a la directora de un establecimiento educacional; y una investigación por desacato.
Justamente, este último hecho significó que el pasado 8 de marzo de 2024, el alcalde Macaya fuera formalizado por el delito de desacato, y quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, porque “no entregó documentos e información de un sumario que fue solicitado por un tribunal, en el contexto de un juicio laboral por vulneración de derechos, que involucra a la ex Directora del Departamento de Salud Municipal, Pamela Escobar”, quien lleva más de un año suspendida de sus funciones, según indican medios locales.
Previamente, el 09 enero de 2024 se informaba que “la Fiscalía indaga la presunta falsificación de firma en un contrato por $214 millones en Collipulli, datos que surgieron de una querella presentada por dos concejales, que aseguraban que se falsificó la firma de la directora de Administración y Finanzas del municipio, quien estaba de vacaciones cuando se concretó el contrato con una empresa de seguridad”.
Pero el escenario venía complejo desde septiembre de 2023, luego que dos funcionarias de la Municipalidad de Collipulli quedaron en prisión preventiva, imputadas por la venta de licencias de conducir. “Actuaban como líderes de una agrupación delictual, donde además hay otras cuatro personas imputadas por cohecho, soborno y falsificación de instrumento público”, se indicó por parte del Ministerio Público tras la audiencia. Las críticas al alcalde en este caso pasaban por una demora inexplicable en ordenar un sumario en el municipio. A lo anterior se suman denuncias por presunto pago de sobresueldos a militantes RN en el municipio; el uso de fondos públicos para pagar su defensa en tribunales; demandas por vulneración de garantías constitucionales; otras por hostigamiento laboral y violencia de género, y conflictos con el profesorado y liceos que arrastran una deuda de $500 millones del Departamento de Educación Municipal. Y en cuanto a problemas legales antiguos, Manuel Macaya fue formalizado en 2010 por apropiación indebida.
Luis Álvarez Valenzuela es independiente ex UDI. Fue alcalde de Traiguén en tres periodos, entre 1996 y 2008. El año 2012 nuevamente fue a la papeleta y, si bien no ganó, asumió como alcalde porque el ganador de la elección falleció, y el Tribunal Electoral Regional (TER) de la Araucanía proclamó a Álvarez, definición que después ratificó el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Pero cuando no alcanzaba ni a celebrar, “la Contraloría Regional detectó inconsistencias en el proceso que le permitió a Luis Álvarez obtener su licencia de enseñanza media”, señalaba en la época un reportaje de Ciper.
Allí se describía un informe de la Contraloría Regional de la Araucanía fechado el 13 de diciembre de 2012, en el cual se “detectó irregularidades en la tramitación de la licencia de enseñanza media de Álvarez, quien la obtuvo ese año mediante exámenes de validación de estudios. La licencia es requisito para postular a alcalde”, y se develaba que “su quiebre con la coalición de derecha fue fuerte, al punto que el presidente regional de la UDI, Henry Leal Bizama, fue quien solicitó a la Contraloría que investigara cómo Álvarez obtuvo su licencia de enseñanza media”.
Según publicó en febrero pasado el Diario de la Araucanía, en 2016 el Instituto Libertad hizo una encuesta en la zona para establecer quien sería el candidato del bloque, y midieron fuerzas el ex alcalde Álvarez y la concejala de RN Rossana Rathgeb, familiar del diputado Jorge Rathgeb, “y terminó siendo ella la carta de Renovación Nacional y el exalcalde yendo como independiente, por fuera”. El punto es que esa encuesta se habría financiado con fondos de Vitacura, como lo habría señalado el propio ex alcalde Raúl Torrealba, a través de sus declaraciones en la investigación de la cual es objeto, donde dijo que “hubo recursos de los programas Vita que fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión pública, para sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector al que pertenezco, sino también de los demás”, consignó el diario La Segunda, al respecto.
Fue a través de una encuesta vinculante de los partidos que conforman el pacto Chile Vamos para seleccionar al candidato a alcalde de Curicó, que salió elegido Celso René Morales Muñoz (67). Tras ese espaldarazo, espera retornar al sillón municipal de esta ciudad maulina, cargo que ocupó ocho años. Y pese a no estar involucrado directamente, el también ex diputado fue favorecido por el municipio de Talca, desde donde salieron los dineros públicos para actos de campaña y para el desarrollo de una encuesta, uso inapropiado de recursos que fue advertido por la Contraloría del Maule.
Pero su más famoso “fail” fue en 2015 cuando, por culpa de unas fotos bien romanticonas con su encargada de Comunicaciones, fue denunciado a través de redes sociales, por supuestamente utilizar fondos públicos en un viaje privado. Morales aseguró en ese momento que las imágenes “fueron sacadas en otro contexto” y que correspondían a “un viaje de carácter privado, que realicé hace algunos meses, en el cual no fueron utilizados recursos fiscales de ninguna naturaleza”. En octubre de ese año, The Clinic daba cuenta de que “el (entonces) presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, descartó que existiese alguna falta reglamentaria o legal por parte del diputado de la UDI Celso Morales”. Esas imágenes causaron polémica producto de que Morales figuraba en esa fecha en un viaje oficial de la Cámara a Ginebra.
En una causa reservada del Ministerio Público se investiga a la Asociación de Municipios Sustentables (AMUSA), una entidad creada en 2019 por Olavarría, junto al ex Alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN) y su expares de las comunas de Quilicura, Juan Carrasco (Ind-RN), y del de Pudahuel, Jhonny Carrasco (PS). Según se indaga, en 2021, Olavarría, transfirió fondos desde la Municipalidad, unos $50.000.000, presuntamente como cuota de incorporación a la entidad, los que fueron gastados por los miembros del directorio, pero no rendidos. Por ello, la Contraloría y la fiscal América Vergara iniciaron en mayo de 2024 dos investigaciones sobre el postulante a alcalde de Lampa.
El ex alcalde de Quilicura Juan Carrasco (ind-RN), quien postula nuevamente al cargo según confirman concejales de Chile Vamos, también está siendo investigado por el Ministerio Público, en calidad de imputado por el caso AMUSA, misma investigación que involucra al candidato por Lampa, Mario Olavarría (RN).
A ello se suma una querella contra Carrasco de la actual alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla Navarrete, y concejales de la comuna, por los presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho, falsificación de instrumento público y estafa genérica. Los hechos que respaldarían esta querella se basan en una deuda cercana a los $1.000 millones, la cual proviene de la firma de un convenio de pago que realizó Carrasco en abril del año 2020 con la empresa de electricidad Enel, sin dar cuenta al concejo municipal de ese entonces.
