Lorena Fries y cárcel en Santiago: “Yo me abro a que me convenzan, pero con antecedentes en la mesa”

Este miércoles la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se reunió con parlamentarios en el Congreso Nacional para sumar apoyos a la negativa de construir una cárcel de máxima seguridad junto a las unidades penales de la calle Pedro Montt. La edil, junto al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y representantes de diferentes colores políticos hicieron un llamado al Ejecutivo “para reevaluar esta medida”.

En ese contexto, la diputada del FA e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Lorena Fries, advirtió sobre la falta de antecedentes, más allá de las comunicaciones del ministro de Justicia, Luis Cordero. Asimismo, afirmó que si “esto es una decisión de Estado, no debe ser solamente una declaración y efectivamente involucre en la discusión a quienes tienen algo que decir”.

Respecto al debate legislativo que habilitaría este sistema de máxima seguridad, Fries insistió en la necesidad de contar con la información pertinente. “Si la decisión finalmente fuera la comuna de Santiago -que espero que así no sea y que hagamos todo porque así no sea- entonces también toca ver cómo se va a mitigar el daño que ya vienen viviendo los vecinos de esa comuna por el complejo penitenciario que hay ahí, que no es un barrio penitenciario. Entonces, también hay que ver cuáles van a ser esas medidas de mitigación, que tampoco se han puesto sobre la mesa”.

-Antes de entrar a materias de seguridad, ¿cuál es su opinión sobre lo que ha pasado con el veto para salvar la reforma electoral?
– “Lo que pasó es que efectivamente teníamos una regla general que era el voto voluntario hasta que entramos en el proceso de las convenciones constitucionales. En las convenciones hubo un trato diferente en los plebiscitos de salida para las personas migrantes, y la verdad que lo que está pendiente es una ley que efectivamente se haga cargo para definir quiénes y qué multa se van a tener. Y esa ley nunca se trabajó en este tiempo”.

“Es un contexto que no es el ideal para debatir este tipo de cosas, porque es un contexto electoral. Y bueno, en el Senado se abrió esa pregunta, que es una pregunta legítima y en torno a la cual hay que debatir. Chile es uno de los países más abiertos en términos de la participación de la población migrante y eso viene desde la época de la Constitución de 1980, teniendo otro sentido incluso”.

“Dicho esto, yo creo que se abrió la discusión, no se pudo tener en el Senado, pero se van a empezar a perfilar las posiciones que hay en torno a eso y que después se van a recoger en lo que ha prometido el gobierno, que es empezar a trabajar una ley larga”.

“Tal como viene el veto, estoy de acuerdo. Yo soy partidaria del voto obligatorio y no tengo una postura todavía definida respecto de la votación de la población migrante. Creo que hay varias interpretaciones pero que este no es un tema para interpretar, es un tema a regular. Y creo que uno podría poner un poco más de requisitos, digamos, a las personas dependiendo del tipo de votación, pero lo que me parece clave es que haya bajado la multa”.

-Esta semana la alcaldesa Hassler visitó el Congreso para congregar apoyos a la negativa de construir una cárcel de máxima seguridad en Santiago. Aún así están en contraposición los puntos de parlamentarios, alcaldes y alcaldesas, con lo que plantea el Ejecutivo, que insiste que tiene que primar el interés nacional por sobre los intereses particulares. ¿Cómo se va a destrabar ese debate?

– “Hasta ahora lo que nosotros conocemos es el anuncio. No conocemos qué otras alternativas se han barajado, no conocemos los informes técnicos que hay al respecto que viabilizan una cárcel en la comuna de Santiago, o que imposibilitan que se pongan cárceles en otros lados. Solo tenemos lo que nos ha comunicado el ministro Cordero, y una comunicación que ni siquiera tenemos claro si se venía pensando desde hace tiempo”.

“En ese caso también cuesta entender cómo no ha habido una conversación con los alcaldes y alcaldesas de las zonas que pudieran verse afectadas, incluso porque no hay propuesta tampoco de medidas de mitigación. A mí me parece que se ha hecho mal este camino”.

“Todos estamos de acuerdo, hay que tener una cárcel de máxima seguridad, si proyectamos además que el crimen organizado es el principal flagelo que tenemos en materia de seguridad. Hay que hacerlo. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Por cierto que la alcaldesa debió haber estado informada para que ella pudiera poner los puntos sobre la mesa. Nada de eso pasó. Espero que si esto es una decisión de Estado, no sea solamente una declaración y efectivamente se involucre en la discusión a quienes tienen algo que decir”.

-¿Exige entonces antecedentes concretos, más allá de que el ministro Cordero ha confirmado en sus declaraciones de que la construcción de la cárcel en Santiago sí responde a criterios de factibilidad y urgencia?

– “Exactamente, yo quiero ver esos informes, porque voy a tener que aprobar seguramente una norma con antecedentes que me permitan asumir responsablemente una decisión que va a afectar a vecinos y vecinas de una comuna que represento. También ahora se nos descalifica diciendo que lo que estamos buscando es no perder votos o ganar votos. La verdad es que yo soy representante del distrito 10, no solo para marcar una opinión y liderar una opinión, sino también para escucharla, y de manera seria. Por lo mismo, he oficiado para que me envíen esos informes y poder tomar decisiones”.

“Quisiera ver además que el ministro Cordero se reúna con los alcaldes que eventualmente van a ser afectados, para ver qué medidas solicitan. No pueden llegar las medidas de mitigación en un proyecto de ley o conversadas a última hora. Aquí hay impacto en las comunidades, cualquiera sea la comunidad que albergue una cárcel de máxima seguridad”.

-¿Esperaría entonces la información para definir su postura?

– “Yo parto diciendo que me parece de sentido común que una cárcel no esté emplazada en el centro de Santiago. Cárcel de máxima seguridad, porque no sería lo mismo con personas privadas de libertad con bajo compromiso delictual, eso se ha visto”.

“Y por lo tanto, lo que digo es que yo me abro a que me convenzan, pero con antecedentes en la mesa. No porque lo dice el ministro Cordero, sino que porque yo también soy capaz de analizar y ver antecedentes que me permitan tomar esa decisión. Y si la decisión finalmente fuera la comuna de Santiago -que espero que así no sea y que hagamos todo porque así no sea- entonces también toca ver cómo se va a mitigar el daño que ya vienen viviendo los vecinos de esa comuna por el complejo penitenciario que hay ahí, que no es un barrio penitenciario. Entonces también hay que ver cuáles van a ser esas medidas de mitigación, que tampoco se han puesto sobre la mesa”.

-Falta que se sienten en la mesa autoridades del Ejecutivo con los alcaldes.

– “Sí, falta mucho diálogo acá, mucho diálogo. No ha habido prácticamente diálogo, lo que ha habido más bien es una notificación. Me parece que eso no es lo que corresponde cuando se va a afectar a comunidades. Cuando se hacen políticas que van a tener un impacto, y eso no lo niega ni el gobierno, ni el ministro, ni nadie, es importante escuchar lo que pasa en la comunidad, la historia que ha tenido esa comunidad respecto del asentamiento de las cárceles allí”.

-Pasando a otras materias de seguridad, el lunes recibieron en la Comisión de Seguridad a las autoridades del Ejecutivo para dar cuenta de la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

– “La sesión que tuvimos el lunes fue justamente a propósito de los jóvenes adolescentes que murieron asesinados en Quilicura, y que nos están dando cuenta del alza que ha habido en la muerte de jóvenes en los últimos años. El año pasado fueron 66 jóvenes, antes de eso habían sido 53, si no me equivoco, y hoy día ya llevamos una cifra que obviamente no ha llegado a eso, pero estamos todavía a mitad de año. Por lo tanto, la conversación es cómo evitamos que los jóvenes se inserten o terminen seducidos por el crimen organizado. Sean reclutados por una parte y sean víctimas por otra, muchas veces por ajustes de cuentas o luchas de control de territorio, o a veces incluso jóvenes que se enfrentan a las policías y que terminan mal. Ahí hay una mirada que se viene trabajando desde la Secretaría de la Niñez, también desde Interior y la Defensoría de la Niñez”.

“Estamos abogando primero porque haya investigación, es decir, que se les trate como niños, niñas y adolescentes. Hay sectores que quieren bajar la edad de responsabilidad penal, yo no estoy de acuerdo con eso. Se requiere perseguir a quienes cometen delitos, pero se requiere por sobre todo, por sobre todo, prevención. Los jóvenes que están de alguna manera involucrados en la comisión de delitos han pasado por el Estado y, por lo tanto, en alguna parte hemos fallado como Estado para que no vuelvan a la ruta delincuencial. Creo que ahí hay que combinar los temas que tienen que ver con control y persecución, con los de prevención”.

-Los temas de prevención por lo general son poco seductores para tener incentivos y acelerar la discusión, ¿qué señales podríamos ver al respecto a propósito del contexto?
– “Yo creo que esta va a ser una discusión que tampoco es muy glamorosa, pero que es una discusión presupuestaria. En los últimos dos años hemos aumentado el presupuesto en términos de persecución del delito y fortalecer a las policías. Creo que llegó la hora, por una parte, de darle a la prevención y en dos dimensiones; a los jóvenes para evitar que caigan en manos de bandas criminales, y también presupuesto para mejorar mucho más la fiscalización de armas. Porque son los jóvenes los que están adquiriendo cada vez más armas”.

-El gobierno reportó que 2.300 armas de fuego inscritas se usaron en delitos…
– “Aquí falta muchísimo, y es uno de los temas que he querido abordar. Porque mientras aumente el poder de fuego van a aumentar las muertes. Si uno revisa el informe de la Contraloría de hace un par de días, que es el quinto informe que se hace a la Dirección General de Movilización Nacional -el órgano encargado de acreditar que las inscripciones de armas estén bien hechas- uno ve que estamos en un tremendo problema”.

“Hay armas que han sido inscritas con certificados de doctores que no tienen la especialidad psiquiátrica para extender un certificado. Hay armas que son de personas fallecidas. Hay armas, más de 700 si no me equivoco, que están en manos de personas condenadas por delitos que les prohíben tener armas, y siguen con esas armas en sus residencias o domicilios. Hay personas que superan mucho el límite de armas que se puede tener, por ejemplo, una persona civil puede tener dos armas, hay gente que tiene ocho, diez armas y no han sido fiscalizadas. Súmenle a eso que un tercio de las armas que se decomisan finalmente terminan en el mercado ilícito o en manos de delincuentes. Entonces dicen que lo que hay que controlar son las armas de los delincuentes, pero precisamente muchas de las armas legalmente inscritas van a parar a los delincuentes”.