PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Una medida cautelar contra Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca impulsar la continuidad de Red Calle Niños, un programa de la ACHNU cuyo cierre está previsto para fin de año, por orden de la Dipres. La pregunta hasta ahora sin respuesta es: ¿qué va a pasar el 1 de enero?
La Dirección de Presupuestos (Dipres) no incluyó los recursos para el programa Red Calle Niños en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024, afectando a un programa de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (AChNU), que desde 2020 atiende a menores de edad en situación de calle que llegan voluntariamente en busca de ayuda a sus puertas en Valparaíso, Santiago y Los Lagos.
El programa, que ha ayudado a 185 menores hasta septiembre de 2023, fue informado de que su financiamiento terminará en diciembre de este año. Juan Carlos Rauld, coordinador regional metropolitano de Red Calle Niños, criticó la decisión de la Dipres, liderada por la frenteamplista Javiera Martínez, calificando sus razones de “espurias y sin ninguna fundamentación técnica”.
La Dipres cuestionó que se realice un “doble pago” por la atención de los niños en la calle, al atribuir la responsabilidad legal de la atención al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia –Mejor Niñez–. Pero, a juicio de Juan Carlos Rauld, “basta prestar atención a las extensas cifras de adolescentes que se escapan de las residencias para advertir que la infancia institucionalizada profundiza la vida de la niñez en la calle”.
La Defensoría de la Niñez ha solicitado la permanencia del programa bajo la Subsecretaría de la Niñez, en lugar de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resaltando la necesidad de su continuidad, debido a su alta efectividad. Los indicadores del programa en 2022 muestran que el 68% de los atendidos cumple al menos la mitad de su plan de intervención y un 67% disminuye su permanencia en la calle.
Esta situación motivó la presentación de una nueva acción legal: la de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile.
El miércoles, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, se llevó a cabo el lanzamiento del libro La infancia que nos robaron: la niñez en situación de calle. El evento congregó a más de 100 personas y contó con la participación de la diputada Ana María Gazmuri; el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y el director de la radio, Patricio López, aunque se echó de menos la presencia de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.
El anuncio de la medida cautelar fue un momento clave del evento. Francis Valverde, directora ejecutiva de la ACHNU, explicó que esta acción legal busca frenar el cese de financiamiento del programa Red Calle Niños, “por el efecto que implica para los niños y niñas el que se cierre un programa de esta categoría”. Reconoce, en línea con las razones de la Dipres, que el programa “es caro”, pero agrega que “es esencial para que estos niños y niñas puedan tener una esperanza positiva de vida”.
“Es caro, comparativamente con lo de protección especializada. Y eso evidentemente a la Dipres es lo único que le preocupa”, criticó Valverde, para quien los niños en situación de calle, desafortunadamente, “ni siquiera están en la fila”.
“Pareciera que a las niñeces, especialmente las niñeces y adolescencias que están gravemente vulneradas en sus derechos, es más fácil criminalizarlas que atender la responsabilidad del Estado al respecto. Entonces, yo creo que especialmente este grupo de niños y niñas ya no están en la fila”, cerró.
La subsecretaria Verónica Silva destacó que el libro “es una compilación significativa que combina la experiencia directa con niños, niñas y adolescentes con una perspectiva multifactorial de la problemática que enfrentan”. En sus páginas, añadió, “se detalla el trabajo del programa Red Calle Niños y los logros de este frente a sus desafíos”.
Para la titular de la Subsecretaría de la Niñez –quien ha reconocido un “descuido” en el control de fondos destinados a infancias vulneradas–, “sin duda, este tipo de trabajos es muy útil para el rediseño de programas y para potenciar las iniciativas existentes”.
Durante la presentación del libro, Carla y Naku, ahora adultos, compartieron sus experiencias personales de cuando eran adolescentes y cómo el programa les brindó un apoyo constante en momentos de crisis, subrayando la importancia de su continuidad.
Cabe mencionar que el seminario “La infancia que nos robaron” dio origen al libro homónimo, en el que participó la directora ejecutiva de ACHNU, la Subsecretaría de la Niñez, la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, además de académicos e investigadores.
Por su parte, Juan Carlos Rauld explicó, tras el evento, que la medida cautelar ante la CIDH también apunta a la falta de programas del Estado y de intervenciones especializadas para los niños en situación de calle. La pregunta de sentido común, a su juicio, es: ¿qué va a pasar con estos niños el 1 de enero? “Nosotros los sacamos de la calle, ¿para volver a dejarlos en ella?”, cuestionó.
“Sin atención especializada, los niños van a terminar presos o muertos en la calle. El proyecto solo se extendió seis meses más; el Gobierno no se atrevió a cerrarlo en pleno invierno por el riesgo de muertes por hipotermia”, agregó Rauld, resaltando que además, en los últimos cuatro años, más de 300 personas en situación de calle han muerto, muchas de ellas por hipotermia.
“La vida institucional en centros de protección del Estado profundiza la situación de calle”, sentencia el coordinador regional de Red Calle Niños, para quien es vital continuar con la atención a menores que incluso llegan tras escapar de residencias estatales.
Para la diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión Permanente de Familia de la Cámara, la presentación de la medida cautelar ante la CIDH es totalmente “oportuna”, porque “obliga a extender la protección de los niños en situación de calle”. A su juicio, evitar el cierre del programa de la ACHNU “es imperativo que ocurra”.
La parlamentaria, junto con deslizar una crítica a la oposición por la falta de acuerdos sobre el pacto fiscal, dijo entender la situación económica del país, pero enfatizó que este tipo de intervenciones especializadas sobre la niñez son necesarias, también emplazando al intersector. Esto, dijo, “es prioritario”, de lo contrario –advirtió– “se estarían violando” una serie de tratados y convenciones internacionales que velan por el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
La diputada Gazmuri coincide con la visión de Francis Valverde, quien afirmó, en declaraciones a El Mostrador, que con todos los desafíos que ya enfrenta el Servicio de Protección Especializada, este “no está en condiciones” de tomar la posta en esta tarea de alta complejidad.
“Mejor Niñez, apenas da abasto con lo que le corresponde. Es difícil pensar en prescindir de este tipo de entes, no es realista”, sentenció la legisladora.
Cabe mencionar que, en junio recién pasado, la diputada Nathalie Castillo (PC) propuso una Sesión Especial en la Cámara para evaluar el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en reemplazo del Sename. Hasta ahora, no se han reunido las firmas necesarias para concretar la sesión. Sin embargo, para la diputada Gazmuri, “ya no necesitamos más diagnósticos para algo que ya esta diagnosticado y sobre lo cual hay claridad”. Lo que se necesita, aseguró, es pasar a la acción.
“Si la Dipres no revierte la decisión, el Estado vuelve a demostrar su incapacidad de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Este es el crítico análisis de la diputada Nathalie Castillo (PC), quien menciona que el reciente caso de Quilicura, donde cuatro adolescentes fallecieron acribillados en una balacera, “es dolorosamente resultado del abandono sistemático de la institucionalidad chilena con las niñeces vulneradas o infractoras de ley”.
“Las infancias vulneradas no solo se hallan en servicios del Estado, no olvidemos que muchos de ellos huyen de estos centros, e incluso no se cuenta con cifras exactas sobre cuántos”, remarcó la parlamentaria, a propósito de que no hay una base unificada de menores de edad que escapan de residencias.
“El abandono y la exclusión de la que son víctimas es triste, empatizamos, pero no quita la indignación cuando desde el ámbito político se hace populismo penal o se sobredimensionan medidas de seguridad, pero no realizan ni el mínimo esfuerzo en revertir el abandono estructural y falta de oportunidades de niños, niñas y adolescentes pobres”, agregó.
Cabe mencionar que la Defensoría de la Niñez ha estado investigando y recolectando antecedentes para la presentación de una acción judicial por el caso de Quilicura. Según el defensor Anuar Quesille, algunos de los adolescentes que fallecieron ya habían pasado por el sistema de protección especializada del Estado. “Es decir, acá, niños en su oportunidad pasaron por Sename, estuvieron en programas del Estado, y haber terminado siendo víctimas de muertes, independientemente de si eran niños que estaban en sus casas o si eran niños que eran cooptados por las bandas, son niños y niñas y adolescentes y ahí no hay matices en eso”, señaló en una reciente entrevista.
