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Crédito: Agencia Uno
La diligencia ordenada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins se desarrolló en dependencias de la cárcel de Rancagua, por efectivos del OS-9 de Carabineros, incautando diversas especies, entre ellas el celular del jefe de la unidad.
En el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, en torno a los eventuales privilegios concedidos a Eduardo Macaya Zentilli durante su última estadía en la cárcel de Rancagua, la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins ordenó una serie de diligencias, entre ellas, la incautación de teléfonos celulares a un grupo de gendarmes.
La acción se desarrolló en paralelo a la indagatoria por un sumario interno, solicitado por ministerio de Justicia a Gendarmería, en las instalaciones del centro penitenciario donde miembros del OS-9 de Carabineros incautaron algunas especies y diversos celulares, entre ellos, el aparato correspondiente al jefe de la unidad.
La investigación, decretada por oficio, se desarrolló luego que El Mostrador realizara un reportaje detallando una serie de regalías a favor del empresario vitivinícola, quien antes del cambio de medida cautelar que le permitió regresar nuevamente a su casa, habría estado internado en una habitación de mujeres al interior hospital intrapenitenciario durante su última estadía en el recinto.
Según un reportaje de Ciper, dentro de este misma arista, el senador Javier Macaya se habría comunicado en al menos dos ocasiones con el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para plantearle algunas inquietudes respecto al caso que afectaba directamente a su padre y donde el organismo funge como querellante.
Las medidas buscan determinar si Gendarmería vulneró los protocolos existentes en relación a la custodia de Macaya Zentilli, quien habría permanecido todo el fin de semana pasado en una habitación individual, con baño privado, ubicada en el segundo piso del hospital del recinto destinada a pacientes en calidad de “hospitalizados”.
Los eventuales privilegios desencadenaron una serie de reacciones por parte de las autoridades. El Presidente Gabriel Boric calificó las prerrogativas como atentatorias respecto a la “igualdad ante la ley” y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que de comprobarse los tratos diferenciados se implementarán “las sanciones necesarias”.
El último cambio de medida cautelar, decretado de forma unánime la tarde de ayer por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando, determinó nuevamente la prisión preventiva de Eduardo Macaya, condenado a seis años de prisión por abuso sexual de dos menores de edad, aduciendo un eventual peligro de fuga.
Esta vez, sin embargo, el tribunal fue categórico al señalar que Gendarmería deberá informar en menos de 24 horas el lugar de derivación del condenado al interior del recinto penal, previa evaluación de su condición médica, atendiendo a su integridad física y psicológica.
Tras la finalización de la audiencia ayer, tal como consignó radio Biobío, el abogado defensor de Macaya, Sergio Salas, aseguró que lo más probable es que su representado ingresara al mismo lugar donde estuvo la vez pasada. “Ahora es la misma hora que cuando tuvo que ingresar la vez pasada, ¿a dónde creen que va a ingresar? Al mismo hospital, hasta que lo evalúe un médico, el lunes y lo mande al módulo que corresponda”, aseguró.
