Estos son los 12 candidatos del oficialismo que tampoco pasarían el escáner de probidad

En muchas de las 345 comunas del país que elegirán un alcalde o alcaldesa a fines de octubre, no ha sido fácil para los partidos del oficialismo ponerse de acuerdo. Rencillas antiguas, algunas no tanto, han ido pesando en los meses previos de negociaciones, y aunque hubo primerias en varios lugares, aún hay 65 comunas que no se sabe quién irá en representación de la centro izquierda. Y en este periodo también aparecieron denuncias que, en varios casos, han llegado al Ministerio Público o a Contraloría.

El Mostrador hizo un barrido por la mayoría de las regiones, chequeamos a 240 candidatos que van por los partidos de centro izquierda o como independientes apoyados por estas colectividades. Y estos son los casos más críticos:

1- POZO ALMONTE: Richard Godoy Aguirre (DC), investigado por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, y delitos tributarios

Fue reelecto alcalde en 2021, y justamente hace un año el Juzgado de Garantía de Iquique rechazó una solicitud de sobreseimiento presentada por el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, y el ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Municipal, Álvaro Jorquera Tapia, ambos denunciados por estar involucrados en presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, tras denunciar la transferencia irregular de fondos públicos a cuentas bancarias.

Medios locales informaron en la oportunidad que el” juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal, lo que significa que el proceso seguirá su curso y se buscará esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades.

Pero Godoy tenía a su haber otra causa, una querella interpuesta por el Director del Servicio de Impuestos Internos de la época, Fernando Barraza, por delito tributario. Según la imputación del SII, “se constató que, durante los periodos de mayo de 2016 a mayo de 2021, ambos inclusive, Richard Alfonso Godoy Aguirre, socio mayorista y administrador de hecho de la sociedad Empresa De Mantención a la Minería y Comercialización EMYC Ltda., incurrió en irregularidades tributarias que le permitieron evadir y pagar montos menores por concepto de Impuestos a las Ventas y Servicios”.

Ello significó un perjuicio fiscal que, solo hasta agosto del 2021, alcanzaba los $1.316.591.501, patrimonio que habría abultado injustificadamente las arcas personales del edil, según se señalaba en la querella. También registra otras causas antiguas, una de ellas por uso de maquinarias del municipio en temas personales

2– ILLAPEL: Denis Cortes Vargas (IND), compró a pareja de su prima cajas de alimentos para entregar durante pandemia y no se inhabilitó [*: VER N DE LA R al final del reportaje]

A principios del año pasado, el exalcalde de Illapel Denis Cortés Vargas fue denunciado de faltas a la probidad por comprar cajas de alimentos a la pareja de su prima durante la pandemia. Según indica informe de la Contraloría General de la República (CGR), se comprobó que el exedil compró 2.000 cajas con arroz, harina, fideos, té y otros alimentos, en el negocio que tiene la pareja de su prima. Cada caja costó $25 mil y estaban destinadas a las familias más vulnerables de la comuna. La inversión total alcanzó los $50 millones. Sin embargo, en la votación la autoridad no se abstuvo de aprobar la adquisición ni transparentó su vínculo familiar. Esto constituye “una falta a la probidad”.

El informe del ente contralor fue remitido al actual alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera (DC), hijo del exalcalde y ex consejero regional de Coquimbo (CORE). La actual autoridad sostuvo en la auditoría que no habría existido tal falta a la probidad, pues el exalcalde y su prima son parientes por consanguinidad en cuarto grado, y la ley de bases generales de la administración del Estado sólo fija una falta de probidad por parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Sin embargo, Contraloría mantuvo su postura.

Además, en 2020 acalde fue amonestado por el Tribunal Electoral Regional por la demora injustificada en el desarrollo de dos sumarios laborales ocurridos en establecimientos educacionales que están bajo la administración municipal.

3- OVALLE: Claudio Rentería Larrondo DC, fue removido por notable abandono deberes e inhabilitado por 5 años

En noviembre de 2022, el Tribunal Electoral Regional (TER) removió de su cargo al entonces alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, por “notable abandono de deberes”, quedando además inhabilitado por cinco años.

La denuncia y requerimiento de remoción fue interpuesto por tres concejales por haber incurrido en diversas conductas constitutivas de notable abandono de deberes e infringir gravemente el principio de probidad administrativa. Entre algunos de esos hechos denunciados se hablaba de un viaje a Barcelona del Director de Obras Municipales sin concurso, así como el aumento de remuneración y pago de horas extras a una cuñada.

Otro hecho que se consideró en la decisión del TER fue que “el alcalde no adoptó las acciones o medidas tendientes a determinar el origen ni menos la forma para recuperar los recursos asociados al déficit de $6.835.248.976 que presentaba el Departamento de Administración de la Educación Municipal de Ovalle (DAEM) al 31 de diciembre de 2014, cuya infracción funcionaria no sólo reviste de gravedad, sino que además constituye una agravante, puesto que a pesar de los graves problemas financieros del DAEM,  igualmente propuso aprobar el presupuesto para el año 2015”.

Y en julio de este año fue presentada una querella por fraude al fisco y asociación ilícita en su contra, por un déficit cercano a los 300 millones de pesos registrado en el Departamento de Educación Municipal. La acción es contra el ex alcalde y funcionarios de su administración.

Según indica la querella “el día 10 de febrero del año 2016, mediante decreto exento, la municipalidad de Ovalle firmó una contratación vía trato directo con la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada. Según consta en Memorándum Interno N° 037/2016 de fecha 29 de enero de 2016, esta contratación se hizo a proposición de la funcionaria, quien, en dicha época, cumplía la función de jefa (s) de Administración y Finanzas del Departamento de Educación. Algunas de las prestaciones de la empresa que debía generar por contrato eran poner al servicio de la municipalidad toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el servicio objeto de este contrato, remitir a la municipalidad inmediatamente de recibido, cualquier documento o valor que represente la recuperación pecuniaria de subsidios por incapacidad laboral, entregar un manual de procedimiento estandarizado para licencia médicas, u otra recuperación derivada de éstos, entre otras labores.”

El punto en cuestión es que nunca se habría recepcionado prestación alguna por parte de la empresa, y a pesar de ello la empresa cuestionada cobró los servicios “prestados” y emitió cuatro facturas por un monto que bordea los 36 millones de pesos, que ahora están exigiendo pago a través de demandas en tribunales civiles.

4- LIMACHE: Sebastián Balbontín (RD), investigado por financiamiento ilegal de la política en caso ProCultura

En junio pasado, El Mostrador informó sobre esta investigación de Fiscalía respecto del ex candidato RD. Según se indicó “al analizar las cuentas de la Fundación ProCultura, la Fiscalía dio con varias operaciones sospechosas entre 2021 y 2023. Se trata de transferencias por un total $22 millones desde la cuenta de Alberto Larraín –fundador de ProCultura– a la de Sebastián Balbontín, excandidato a alcalde por RD”, y ex Core.

Las diligencias que se han desarrollado en el marco de este caso, hay una arista que reviste una complejidad distinta a la de las indagaciones por falta de rendición de fondos públicos y delitos asociados a la suscripción de convenios con la Fundación ProCultura, investigada por la Fiscalía en siete regiones del país, y en cuya indagatoria están bajo observación más de $5.600 millones.

Aquí, puntualmente se detectaron transferencias directas del director de esta fundación, el psiquiatra Alberto Larraín Salas, al excandidato a alcalde por Limache, el RD Sebastián Balbontín Bustamante. Lo que empeoró la situación es que, en la revisión de la cuenta corriente de ProCultura, los fiscales se encontraron con millonarias transferencias de dinero desde la cuenta de Alberto Larraín a la de Sebastián Balbontín, sin boletas ni facturas de respaldo.

5- EL TABO: Alfonso Muñoz Aravena (PS), enfrenta denuncias por apropiación indebida y/ o malversación

El actual alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, fue denunciado por uso irregular de un terreno fiscal, y por malversación en la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio (AMPSA).

Vecinos de su comuna denunciaron al edil Muñoz Aravena de haber permitido que su familia construyera viviendas en un terreno fiscal. “A pesar de que la vivienda fue regularizada en 2012 -tiempo en que el alcalde era concejal de la comuna- y que actualmente el hijo de la autoridad paga un arriendo por vivir allí, desde Bienes Nacionales afirman que él y su hermano Claudio comenzaron a arrendar el terreno recién en 2019”, según contaron en Mega, en el marco de una entrevista con el mencionado alcalde, el que terminó casi a los combos.

Pero la denuncia más grave es de enero de este año, cuando concejales presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Antonio contra los alcaldes de El Tabo, Alfonso Muñoz, y El Quisco, José Jofré, por malversación en la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio (AMPSA), corporación donde se registró la apropiación indebida de caudales públicos, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cifra que podría aumentar, dado que al inicio de las indagatorias se hablaba de tres millones.

6- ISLA DE MAIPO: Carlos Adasme Godoy (Indep.), fue querellado por fraude al Fisco en casi $4 mil millones

Se declara Independiente, y así obtuvo el 51,41% de los votos en primarias, por lo que el ex alcalde DC en Isla de Maipo, Carlos Adasme, ganó una vez más la opción de ir a elección municipal. Pero de su anterior administración no todo habría sido impecable. Según denuncias realizadas en 2022 por concejales de la comuna, se habrían registrado irregularidades en la construcción de la red secundaria de alcantarillado, y se indicaba un perjuicio cercano a los $4 mil millones.

“A pesar de haberse hecho entrega en forma indebida de más de 3.700 millones de pesos por sobre el presupuesto original de las obras licitadas, el contratista no las terminó, por lo que es necesario licitarlo nuevamente”, indicaba el texto de la querella presentada.

Allí también se reseña que la licitación cuestionada se adjudicó a “Inspecciones y Asesorías Técnicas y Construcciones Ltda. (Inatec, representada por Carlos Molinos), firmando contrato en enero de 2014. “El objeto del contrato era la construcción de una obra pública, específicamente la construcción de redes secundarias de alcantarillado público, instalación de colectores, cámaras de inspección, unidades domiciliarias, rotura y reposición de pavimentos de calles, pasajes y veredas, los cuales recolectarán y tratarán las aguas servidas de Isla de Maipo para evacuar en el río Maipo, a aproximadamente 2.710 viviendas, 25.472 metros de colectores secundarios, 372 cámaras de inspección y 2.338 unidades domiciliarias”, detallaba el libelo, y que el precio “correspondió a $8.131.702.941, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 510 días corridos desde la fecha del acta de entrega del terreno”.

Sin embargo, en noviembre de 2015 el municipio, representado por Adasme, aprobó una modificación del contrato con Inatec, incrementando su valor en $ 3.702.562.039, con la consiguiente aprobación por parte del Gore de la época (Claudio Orrego era el intendente), lo que es también materia de investigación, según indicó en ese momento diario La Tercera.

7- PEÑAFLOR: Nibaldo Meza Garfia (DC), presenta denuncias de cohecho y negociación incompatible

El alcalde Nibaldo Meza, está en un segundo período a la cabeza de Peñaflor. Y desde mediados de 2023 la situación se ha visto enturbiada por varias denuncias, una de las cuales dice relación con cobros claramente excesivos en fiestas

De acuerdo con la información que ha aparecido en medios nacionales, se registraron “cuestionables licitaciones y tratos directos que la municipalidad realizó para organizar eventos masivos, cuyos contratos repiten el nombre de cuatro compañías: Concierto SPA, Diez Producciones LTDA, América Creativa SPA y OC Drap SPA. Todas tienen un factor en común: son controladas por el productor Rodrigo Agüero y su pareja Paulina Diez, quienes colaboraron para la campaña electoral de Meza”.

En esas notas el concejal José Cassina, denunciante de estas presuntas irregularidades, explicaba que “al comparar estas órdenes de compra con aquellas que se hacen directamente con los productores de estos artistas, uno se da cuenta que hay una diferencia de precio de casi el doble”, y aseguraba de paso que desde el 2016 a 2022 la municipalidad ha desembolsado unos 1.800 millones de pesos en estos ítems.

Además, en 2022 el alcalde Nibaldo Meza fue inhabilitado de sus funciones por treinta días, luego de contratar a una empresa de aseo sin consultar al concejo municipal, y actualmente Fiscalía le investiga por estas denuncias de cohecho y negociación incompatible.

8- SAN BERNARDO: Christopher White Bahamondes (PS), Contraloría detectó multimillonario déficit, tratos con documentos falsos y negocios con empresas vinculadas a militantes del PS

No había transcurrido una semana desde que todo pintaba perfecto para la campaña de reelección del alcalde de San Bernardo, Christopher White, cuando la Contraloría General de la República hizo llegar un informe devastador para esta administración, ya que apunta al grave déficit financiero que existe en a la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna.

La investigación detalla “deudas previsionales, diferencias en el saldo entre ingresos y egresos, convenios impagos o la utilización de la Subvención Escolar Preferencial para la puesta en escena de un parque jurásico gigante, y que en caso de no ser justificados sus antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Educación”.

De hecho, se evidenciaron traspasos de fondos entre cuentas bancarias en las cartolas de la corporación dependiente del municipio durante mayo y diciembre del 2022, y dice que se comprobaron una serie de transferencias en nueve cuentas corrientes distintas que corresponden a fondos relacionados con la Subvención Escolar Preferencial, Fondo de Apoyo a la Educación Pública, Programa de Integración Escolar y Subvención General, los que aglutinan gastos no rendidos por $91.741.159.

Por esta razón, se le ordenó “administrar los recursos de educación en cuentas corrientes exclusivas” y, además, “remitir la documentación que aclare la diferencia entre los ingresos y egresos producto de los traspasos internos, que no consta que haya sido devuelto a la cuenta de origen”.

Y en abril de 2023, Ciper había denunciado la existencia de “varios contratos millonarios que siguen un patrón: se adjudicaron por trato directo o por licitaciones privadas, fueron asignados a empresas nuevas, cuyos controladores son militantes del PS o tienen vínculos con miembros de ese partido. En algunos de esos contratos se presentaron garantías falsificadas. Además, las negociaciones con sindicatos docentes elevaron los gastos de la corporación en $6.600 millones anuales. La situación ha provocado una alta rotación de los directivos de la corporación: el último secretario general renunció dos semanas después de haber asumido, pero pidió una auditoría y anunció que presentará los antecedentes al Ministerio Público”.

9- SAN FERNANDO: María José Díaz Becerra (PPD), fue formalizada por sabotaje informático en mayo pasado

Si bien María José Díaz Becerra ganó su cupo en primarias para ser la candidata a alcaldesa de San Fernando, la situación podría no concretarse dado que hace dos meses fue formalizada por el delito de sabotaje informático, el cual se habría cometido el 13 de diciembre de 2021, y se le imputa en calidad de autora, según los antecedentes que constan en Fiscalía.

Díaz Becerra, al momento de la decisión de Fiscalía de imputarla, era directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), entidad dependiente de la Seremi del Trabajo. Pero el delito se habría cometido a fines de 2021, antes de que asumiera su actual cargo.

Gobierno pidió inmediatamente su renuncia aludiendo “pérdida de confianza política”, y ella presentó licencia médica.

10- PELLUHUE: María Luz Reyes (DC), fue inhabilitada en 2008 y ahora tiene nuevas denuncias en Contraloría

Ha sido alcaldesa en cuatro periodos en la comuna de Pelluhue. En 2008 fue inhabilitada por 5 años por falta a la probidad administrativa y no se le permitió asumir el tercer periodo que había ganado en las elecciones en cupo de su entonces partido, Renovación Nacional.

El Tribunal Calificador de Elecciones, en esa oportunidad, estableció faltas a la probidad como abusar de su cargo por no remover al administrador municipal de la época y no denunciar a tiempo al Ministerio Público la desaparición de $17 millones de las arcas del municipio.

Y en abril de este año nuevamente ha sido cuestionada su gestión municipal. Se trata de la edil María Luz Reyes, ahora DC.

La última denuncia es por la compra de regalos por el Día de la Madre (bolsos de regalo y teteras) y del Padre (kits parrilleros) el 2022, tras lo cual Contraloría Regional realizó un sumario administrativo, y formuló cargos contra tres funcionarios y contra la alcaldesa, por faltas a la probidad y no ejercer las funciones administrativas que le competen. Asimismo, dos concejales presentaron un recurso por notable abandono de deberes en el Tribunal Regional Electoral por esta situación.

En 2008 también fue condenada a 61 días por el Tribunal de Chanco en otra causa, y ha sido sancionada previamente por cohecho electoral y acarreo de votantes en elecciones.

11- CHILLAN: Camilo Benavente Jiménez (PPD), proceso abierto por notable abandono deberes en TER

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, enfrenta en estos días cuestionamientos por algunas decisiones que ha tomado en torno al uso de fondos comunales.

En abril pasado, Diario La Discusión dio a conocer que “Chillán compró medialuna por $3.276 millones: la recibió desmantelada, con deudas y un ocupante. Un informe de la Contraloría General de la República reprochó el proceso, por cuya transacción el municipio pagó más de $3 mil millones. Entre otras cosas, la entidad constató que se permitió a la parte vendedora desmantelar el inmueble posterior a la fecha de compraventa, y recibió el recinto con deudas de servicios básicos y hasta un ocupante”.

Esto fue llevado hasta el Tribunal Electoral Regional (TER) y hay un proceso en curso por notable abandono de deberes y presuntas irregularidades administrativas detectadas por Contraloría. De hecho, el jueves 25 de julio, el alcalde declaró en dicho proceso.

“Estamos cada vez más cerca de que se constate por parte del tribunal electoral el notable abandono de deberes y la falta de probidad administrativa por parte de la gestión del alcalde. Creemos que va a terminar siendo destituido. Creemos, incluso, me voy a a arriesgar a decirlo, que es probable que termine siendo destituido antes de la elección municipal “, señaló el abogado Marcelo Brunet, que representa a los denunciantes.

12- CORONEL: Boris Chamorro (PS), será formalizado por el delito de cohecho

Para el próximo 7 de octubre, sólo 20 días antes de las elecciones municipales, está citada la audiencia de formalización de cargos en la cual será imputado el actual alcalde de Coronel, Boris Chamorro.

Se trata de un presunto caso de corrupción dentro de la Municipalidad de Coronel, que investiga la Fiscalía tras la denuncia realizada por una persona natural que representa a la empresa portuaria ante posibles pagos a políticos y dirigentes sindicales a cambio de beneficios.

En específico, a Boris Chamorro se suman el concejal de la comuna, Eduardo Araya (cohecho); y Hernán Romero, hermano de diputado Leonidas Romero (administración desleal). También, por parte de la empresa, Eduardo Hartwig, expresidente de Puerto Coronel (soborno); Víctor Olivares (soborno); Daniel Chamorro (soborno y administración desleal); y Javier Anwandter, exgerente de Puerto Coronel. Todos, de acuerdo a Fiscalía, son acusados de ilícitos consumados cometidos en Coronel, en calidad de autores.

El oficialismo evaluaba hasta anoche la posibilidad de bajar su candidatura.

* N de la R: el artículo fue modificado posterior a su publicación debido a que en el caso de Illapel, el nombre mencionado y la foto que acompañaba la nota corresponde a Denis Cortés Vargas, independiente, y no a Denis Cortés Aguilera, DC, quien es el actual alcalde e hijo del exjefe comunal, y quien aparecía mencionado inicialmente.