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El fallo responde a una demanda por la responsabilidad en la falla del servicio de Gendarmería, quienes no garantizaron la seguridad de los internos, resultando en la trágica muerte de 81 reclusos. Esta sería la mayor indemnización que el Estado le haya dado personas privadas de libertad.
En un fallo del séptimo juzgado civil de Santiago y ratificado ayer por la primera sala de la Corte de Apelaciones, se ordenó al Estado de Chile indemnizar a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Este fallo responde a una demanda por responsabilidad extracontractual, basada en la falta de servicio de Gendarmería, quienes no garantizaron la seguridad de los internos, resultando en la trágica muerte de 81 reclusos.
El monto total de la indemnización es de $3.760.500.000 pesos chilenos, que se distribuirá entre las familias de las víctimas, organizadas en tres grupos indemnizatorios: cónyuge o conviviente e hijos, padres, y hermanos de las víctimas (son 285 personas).
Las cantidades específicas varían según la relación y el grado de afectación demostrado mediante informes sociales y psicológicos, los cuales fueron pronunciados en el documento ante la Primera Sala de Corte de Apelaciones de Santiago presidida por la ministra Maritza Villadangos y el abogado Jorge Gómez.
El tribunal determinó que la responsabilidad del Estado es objetiva, destacando la falta de medidas adecuadas de seguridad y control en el penal, como la inadecuada detección de riñas, consumo de alcohol, manejo de materiales inflamables, y una inadecuada respuesta ante emergencias, lo que agravó las condiciones que llevaron al siniestro.
El fallo también subraya que, pese a los esfuerzos del personal de Gendarmería durante el incendio, las medidas preventivas y de contingencia fueron insuficientes y deficientes, lo cual recae en una falla de servicio que justifica la indemnización a los afectados bajo el concepto de daño moral.
Esta resolución se convierte en un precedente significativo en cuanto a la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, siendo la indemnización más grande de la historia, y establece un marco de referencia para futuras reclamaciones similares.
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