PAÍS
Francisco Paredes/AgenciaUno
En menos de 20 años, delitos que antes eran raros allí –como el tráfico de drogas, el robo de vehículos y el sicariato–, han aparecido en una zona que tiene poco más de 150 mil habitantes. Expertos indican que ello es culpa del abandono del Estado.
Tráfico de drogas, de vehículos y de madera son algunos de los delitos “nuevos” que hoy forman parte del paisaje general en la provincia de Arauco, la misma donde tres carabineros fueron asesinados con un salvajismo pocas veces visto en la historia criminal chilena.
Los acusados –según las investigaciones de Carabineros y la Fiscalía– son un grupo de crimen organizado que, al mismo tiempo, forma parte de una de las orgánicas radicales de la zona, Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), que se ha adjudicado violentos atentados, como el que significó la quema de cerca de 30 camiones en el sector de Los Ríos, en la misma provincia, o el violento ataque contra el molino Grollmus, en Contulmo, hecho calificado por el Presidente Gabriel Boric como “terrorista”.
Junto con ello, los delitos comunes han comenzado a predominar en las comunas de la zona sur de dicha provincia. Las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito así lo evidencian: en 2005 había solo 16 denuncias por delitos asociados a la Ley de Drogas en toda la provincia de Arauco, para una población total de 157 mil habitantes, repartidos en siete comunas.
El año pasado estas subieron a 191 y en medio de esta evolución hay casos icónicos, entre ellos, la detención de Emilio Berkhoff, uno de los primeros “huincas” (no mapuche) que formó parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que en 2020, cuando fue detenido junto a un grupo narco trasladando más de 800 kilos de drogas desde Alto Hospicio hacia el sur, vivía en el sector de Lleu Lleu, a pocos kilómetros de Antiquina, donde se produjo el homicidio de los tres policías, y militaba en otra orgánica radical, Weichán Auka Mapu (WAM).
Una evolución semejante ha tenido el robo de vehículos: de 50 denuncias en 2005, estas subieron a 223 el año pasado, pero esas son solo las denuncias interpuestas en la zona. Como lo evidencian múltiples investigaciones, muchos vehículos robados en Santiago, Concepción o la misma provincia, especialmente camionetas, terminan circulando por los caminos forestales, luego de ser vendidos a precios muy inferiores a los del mercado.
De hecho, Yeferson Antihuén Santi, uno de los formalizados por el homicidio de los tres carabineros, también fue acusado el martes de haber participado (en 2023) de un violento asalto en el cual cuatro encapuchados, fuertemente armados, a bordo de una camioneta robada al municipio de Contulmo, robaron a su vez otra camioneta a trabajadores contratistas de WOM, hecho que culminó con un enfrentamiento con personal de la Armada y Carabineros.
En el móvil de los asaltantes se encontraron armas, municiones y marihuana, corroborando el estrecho nexo que existe entre estos dos rubros, pues fuentes policiales indican que –al igual que en el norte del país– muchos sujetos compran marihuana entregando a cambio vehículos robados.
Los homicidios también han aumentado en forma evidente: de 4 en 2005, se llegó a 13 en 2023. Los dos años previos, dicha cantidad fue de 14 y, además de varios asesinatos vinculados a atentados cometidos por grupos radicalizados, también ha habido crímenes como el de dos jóvenes que murieron en el incendio de una cabaña en Tirúa, en medio de una “quitada de drogas”, o el homicidio cometido por sicarios venezolanos en una discoteca de Lebu, donde dos personas fueron asesinadas por error, pues los victimarios se equivocaron de blancos.
El exfiscal Andrés Cruz –que actualmente es abogado de decenas de víctimas de incendios y atentados–, así como el exoficial de inteligencia y experto en crimen organizado, Pablo Zeballos –autor del libro Un virus entre sombras–, coinciden en que detrás de todo esto hay algo en común: el retroceso del Estado.
Un ejemplo de ello quedó en evidencia en la formalización de los homicidas de los carabineros, pues en medio de las pesquisas –a diferencia de lo que ocurre en cualquier zona urbana– el OS-9 de Carabineros solo encontró dos cámaras de video que apuntan a la ruta entre Cañete y Tirúa, en el tramo comprendido entre Antiquina y Tranaquepe, una línea recta de 25 kilómetros de la zona más roja del conflicto. Por cierto, en la Ruta 5 Sur, entre Mulchén y Victoria (otra de las zonas rojas), existen numerosas cámaras, instaladas por el Estado, muy distinto de lo que ocurre al sur de Cañete.
Al respecto, Cruz señala que “es una zona abandonada por parte del Estado y, por lo tanto, estos grupos suplen esta ausencia y exigen su apoyo a las personas que viven en esas zonas. A quienes no se pliegan a sus requerimientos, sencillamente los aterrorizan”.
Zeballos explica, a su vez, que “el enemigo para las operaciones de la criminalidad es que haya presencia del Estado. Por ende, en la medida que haya menos presencia de este, el crimen tiene más”.
Cruz –que renunció a la Fiscalía luego de denunciar que su jefe de aquel entonces (el actual Fiscal Regional de Maule, Julio Contardo) le había filtrado datos de una causa reservada a un amigo de un imputado– no oculta su decepción, en este contexto, por lo que califica como “la falta de voluntad para desarrollar investigaciones que permitan cubrir la identidad de los responsables de los múltiples hechos punibles que se desarrollan en la zona de Arauco y que aún se siguen perpetrando”, de lo cual responsabiliza al Ministerio Público.
Una fuente que actualmente forma parte del aparato de persecución penal –por lo cual pide reserva de su identidad– concuerda con ello, pero apunta también a lo que califica como una “evidente mano blanda de los jueces” de la zona, a los cuales culpa de haber impuesto estándares de prueba que no existen en ninguna parte del país, cuando los imputados son miembros de las orgánicas radicales.
Andrés Cruz, en tanto, agrega que existe una evidente carencia de respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, circunstancias que aprovechan los grupos criminales, según precisa.
Otro factor que menciona como fundamental en el cuadro delincuencial que se vive en Arauco es la gran cantidad de armas en circulación, todo lo cual –critica– subsiste debido a “un romanticismo mal entendido” por parte de ciertas élites nacionales, que apoyan políticamente a grupos que, indica, “lo único que generan es sufrimiento en las personas que viven en esos lugares, muchas de las cuales son expulsadas de sus casas”, por lo cual ha presentado varias querellas por delitos de lesa humanidad.
A modo de ejemplo, recuerda que el robo de madera en forma industrial (incluyendo la presencia de aserraderos móviles) ha sido constante por parte de grupos que reivindican la causa mapuche y agrega que “luego vinieron el cobro de peaje, el control territorial, y finalmente, obviamente, cuando ya están abiertos esos espacios, ante la ausencia de Estado y seguridad, cualquier otro delito es admisible, como desarmar vehículos, vender piezas, tráfico de drogas y mucho más”.
Por su parte, Pablo Zeballos indica que, si bien falta mucho aún para comprender “la toma de decisión brutal” por medio de la cual terminaron asesinando a los policías, no le cabe duda de que “esta probablemente tiene que ver con años de retracción y abandono del Estado, que por diferentes motivos ha dejado ciertas zonas bajo la gobernanza de estructuras que en un primer momento tienen como su seña característica la reivindicación ideológica, pero que están interconectadas con otras actividades de asociatividad criminal”.
Según explica, en el mismo sentido de lo señalado por Cruz, dicha retracción no significa “una salida absoluta”, sino que se trata de espacios que deja el Estado en sectores que por lo general tienen poca población, la cual puede sentir afinidad con esos grupos, ya sea por simpatía ideológica o por temor.
Sin embargo, indica que hay una diferencia importante entre la actitud de estos grupos pre y pospandemia, pues comenta que quienes ahora los forman “no ocultan ni niegan ciertas vinculaciones con el mercado criminal, como la plantación de marihuana, el tráfico de drogas u otros delitos, porque argumentan que es la justificación del financiamiento para la causa”.
Precisa que, en función de lo que ha sucedido en otros países, todo indica que “lo que aquí vemos es un grupo de personas, probablemente vinculadas a una estructura, pero que tomaron decisiones en forma autónoma”, pues explica que “una estructura insurreccional, guerrillera, incluso criminal, dimensiona los efectos de esos actos antes de tomar esas decisiones”, lo que en este caso no parece haber ocurrido.
Así, precisa que esta podría ser una subdivisión de estas estructuras, agrupada “más bien por simpatías personales, familiaridad o clanes. En definitiva, por formas de asociatividad más vinculadas a lo relacional o familiar que a lo identitario o ideológico”.
Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta que los imputados son personas más bien jóvenes, especificó que “es necesario preguntarse cuál es el proceso de radicalización que lleva a uno de los imputados, que actualmente está prófugo, de lanzar una bomba molotov a querer ejecutar a otras personas de un modo semejante al de ISIS”, aludiendo a lo determinado por la Fiscalía, en orden a que los carabineros fueron ejecutados por disparos en contra de ellos mientras estaban arrodillados o tendidos en el suelo, completamente indefensos y rendidos.
