Medioambiente
Foto: AgenciaUNO
La iniciativa se oficializó en Dubai, pero las negociaciones sobre su distribución a países en desarrollo seguirán en la próxima COP en Azerbaiyán. En Chile, las comunidades afectadas por el cambio climático esperan recibir apoyo para mitigar pérdidas y daños.
Si bien la iniciativa se oficializó en la última cumbre en Dubai, las negociaciones sobre su puesta en marcha y funcionamiento, especialmente respecto a su distribución a los países en desarrollo, prometen álgidas jornadas multilaterales en la próxima COP en Azerbaiyán. En tanto, en la zona central de Chile, comunidades azotadas por el cambio climático esperan recibir recursos para aliviar las pérdidas y daños causados por la acción antrópica.
Fue en la década de 1990 cuando por vez primera se planteó la necesidad de contar con un fondo para cubrir las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático a los países más vulnerables a este fenómeno antrópico. La idea vino desde la República de Vanuatu, un archipiélago ubicado en el Pacífico Sur, a casi 2.000 kilómetros al este de Australia, que se convirtió en la primera nación en demandar un fondo para los países insulares afectados por el alza del nivel del mar en el año 1991, a nombre de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).
No obstante, nadie imaginó que tendrían que transcurrir más de 30 años para que esta iniciativa de justicia climática tomara fuerza y fuera realmente considerada para convertirse en realidad. La Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada el 2022 en Egipto, fue el evento donde comienza a materializarse la idea, la cual fue primeramente insular, pero luego apoyada por los países en desarrollo tras décadas de negociaciones.
Sin embargo, las negociaciones fueron complejas y de escalamiento gradual en sus procesos y acuerdos. Haciendo un poco de historia climática reciente, el llamado inicial de Vanuatu fue solo retomado en el año 2007, en la COP13 en Indonesia, cuando las pérdidas y daños fueron mencionadas por primera vez en forma oficial en lo que se denominó el Plan de Acción de Bali, el cual acordó abordar el cambio climático a través de la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), de la adaptación a los impactos y del financiamiento para apoyar la mitigación y adaptación en los países en desarrollo.
Ya en la COP19, celebrada en Polonia en 2013, se acordó establecer el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, que se focalizó en ámbitos como riesgo y vulnerabilidad, cuantificación de impactos y daños, así como en apoyo y compensación. Un par de años después, en la COP21 en Francia, las pérdidas y daños se reconocieron oficialmente, siendo incluidos en el Artículo 8 del Acuerdo de París, que promovía la cooperación internacional y apoyo para estas naciones, estableciendo principios y mecanismos para lograrlo.
En la siguiente conferencia el 2016 en Marruecos, los países en desarrollo revisaron el Mecanismo de Varsovia y exigieron más énfasis en la mejora de la acción y el apoyo. Presión que se volvió a repetir en la COP25 de Madrid el 2019. No obstante, unos años antes, en 2017, durante la COP23 en la ciudad alemana de Bonn, se creó la Red de Santiago para Pérdidas y Daños, iniciativa marco de cooperación internacional y de asistencia técnica para los países de América Latina y el Caribe, y que tuvo en la capital chilena la firma de su declaración fundacional.
Volviendo a la COP27, en Egipto se marcó un punto de inflexión para materializar el anhelado Fondo de Pérdidas y Daños. Y es que ese 2022 en Sharm el-Sheikh el llamado de alerta lo puso el primer ministro de Tuvalú, país formado por atolones y arrecifes, situado a medio camino entre Australia y Hawaii y con una altura promedio de solo cinco metros sobre el nivel del mar. Cuando el premier polinésico, Kausea Natano, advirtió que su nación, de 23 kilómetros cuadrados, se está hundiendo -dos de sus islas ya desaparecieron- y su gente ha comenzado a migrar hacia Fiji y Australia. Es más, con Canberra firmaron un acuerdo este año para ofrecer refugio a sus 12 mil habitantes, pues los pronósticos científicos señalan que dentro de 80 años su territorio será inhabitable y posteriormente podría desaparecer.
Todo ello, desembocó en que el acuerdo de la COP27 estableciera al fin la creación del primer Fondo específico para Pérdidas y Daños, pese a la histórica oposición que mostraron en general los países industrializados, además de mandatar y generar un Comité de Transición, compuesto por 24 países desarrollados y en desarrollo, que formulara una hoja de ruta del proceso y recomendaciones para su puesta en marcha y financiamiento.
“La creación de este instrumento fue acordada en la COP27 en Egipto tras un intenso trabajo desplegado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su par alemana, Jennifer Morgan, quienes lideraron las consultas políticas que encaminaron la aprobación de este mecanismo que constituyó el principal resultado del encuentro celebrado en 2022”, destacaron sobre este hito para Climate Tracker desde el Ministerio del Medio Ambiente.
Finalmente, semanas antes de la última Conferencia de las Partes, realizada en Dubai en 2023, el Comité de Transición llegó a un acuerdo provisional, lo que implicó que el fondo fuera anunciado oficialmente durante el primer día de la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, ante el aplauso unánime de las delegaciones. Fue así como la iniciativa que nació desde las naciones insulares más golpeadas por la crisis climática se cristalizó tras décadas. No obstante, continúan las dudas y debates sobre variadas aristas sobre su funcionamiento.
Pero ¿qué son las pérdidas y daños? Es un término general usado en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, dentro de la CMNUCC, para referirse a las consecuencias inevitables del cambio climático, especialmente en los países más vulnerables, ya sea en términos económicos y no económicos, y que ocurren sin importar que se realicen esfuerzos de mitigación y adaptación.
Dentro de las pérdidas económicas se contabilizan las de viviendas, tierras cultivables o negocios, mientras que las no económicas -regularmente más gravosas- se encuentra la muerte de personas, la desaparición de culturas y formas de vida, de biodiversidad o el desplazamiento forzado de población. Siendo ello el resultado de eventos climáticos extremos, como ciclones, sequías, inundaciones, olas de calor, así como de fenómenos más lentos, como la desertificación, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, degradación de las tierras y la acidificación de los océanos.
Y es precisamente la cuantificación de las pérdidas y daños y quiénes deben ser los encargados de pagarlos y solventar el nuevo fondo global uno de los asuntos más controvertidos dentro del Comité de Transición y de las negociaciones climáticas del último tiempo. Un informe elaborado por Loss and Damage Collaboration, reveló que 55 de las economías más vulnerables al cambio climático sufrieron pérdidas económicas de más de US$500 mil millones entre 2000 y 2020. Lo que podría aumentar en otros US$500 mil millones en la próxima década.
En el mismo periodo, más de 4.000 millones de personas han sido impactadas y más de US$ 2,9 billones se han perdido solo por desastres atribuibles a eventos climáticos extremos, según el World Resources Institute (WRI).
Asimismo, en América Latina se pronostican pérdidas y daños sobre US$462 mil millones al año 2050, los que podrían subir a US$891 mil millones en el 2070, de acuerdo al estudio de Springer Open (2019).
El monto del financiamiento, su administración, las formas de acceso, así como la descentralización de su estructura son algunos de los criterios en disputa en las negociaciones, los que han sido exigidos también por parte de organizaciones de la sociedad civil internacional, como Greenpeace, Amnistía Internacional, WWF, Climate Action Network, entre otras.
“Esperamos que el fondo esté plenamente operativo lo antes posible. Vimos algunas promesas en la COP28, que evidentemente por ahora son sólo unas gotas en el océano, dado que necesitamos billones de dólares para pérdidas y daños. Por lo cual, esperamos que la escala de las promesas en la COP29 sea proporcional a las necesidades de los países en desarrollo”, indicó Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.
De hecho, fue tras el anuncio oficial del establecimiento del Fondo de Pérdidas y Daños en la última COP, el momento en que los países industrializados hicieron sus primeras contribuciones. Partiendo por los US$100 millones anunciados por la nación anfitriona -Emiratos Árabes Unidos-, mismo monto aportado por Alemania, otros 51 millones desde Reino Unido, 17,5 millones de Estados Unidos, 10 millones de Japón y 246 millones por parte de la Unión Europea.
Siendo más precisos, el Ministerio del Medio Ambiente detalló a Climate Tracker, que actualmente la suma del fondo alcanza los US$661,39 millones, un monto extremadamente exiguo en comparación a los cálculos expresados por organizaciones ecologistas internacionales, que cifran en un promedio de US$400 mil millones (entre US$290 a 580 mil millones) los recursos necesarios para atender las pérdidas y daños en los países en desarrollo.
WWF Chile considera que el fondo es “una herramienta esencial para poder llevar la justicia climática a los más vulnerables”, y además, evalúa positivamente que este año se haya creado la Junta Directiva del mismo “con mayoría de representantes de países en desarrollo”, valorando que Filipinas será su país anfitrión.
Al mismo tiempo, Bosshard apuntó que “el fideicomisario permanente debe ser seleccionado en un proceso abierto y transparente. Recomendamos una evaluación del desempeño del Banco Mundial como administrador interino”, en referencia a los cuatro años de control que fueron adjudicados a la entidad bancaria global por parte del Comité de Transición.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente espera que los países “tengan acceso directo y rápido al fondo, y que se puedan presentar solicitudes destinadas a la reconstrucción, rehabilitación de pérdidas económicas y no económicas, y que todos los países en desarrollo sean elegibles para acceder a éste”.
“En cuanto a los criterios, nos parece que el fondo debería tener un acceso fácil y directo y que toda la financiación debería basarse en subvenciones. También que se estructure con una Ventanilla de Respuesta Rápida para financiación a corto plazo, con fondos de socorro y apoyo, y otra ventanilla de financiación a largo plazo para hacer frente a acontecimientos de aparición lenta e impactos duraderos. El financiamiento debería destinarse a pérdidas y daños tanto económicos como no económicos”, indicó WWF Chile. Además, añadieron que, junto a la financiación pública, otras fuentes innovadoras para movilizar recursos son los impuestos sobre las transacciones financieras, la aviación y el transporte marítimo mundiales y los ingresos procedentes de los combustibles fósiles, entre otros.
En relación a la idea en las negociaciones climáticas para que países en desarrollo de altos ingresos, como China e India, también sean financistas basales de Pérdidas y Daños, desde WWF Chile, Ricardo Bosshard, indicó que “de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, los principales contribuyentes del fondo deberían ser los países del Anexo II” (países desarrollados), y que naciones como los gigantes asiáticos mencionados, “podrían aportar contribuciones voluntarias”.
Son variadas las apuestas y esperanzas globales que hay sobre la próxima COP29, a efectuarse en Bakú, capital de Azerbaiyán, en noviembre próximo. Sin embargo, su foco principal es el financiamiento, pues no solo abarcan definiciones en cuanto a pérdidas y daños, sino que -por ejemplo- respecto a acordar una Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento para que los países en desarrollo implementen medidas de mitigación y adaptación, el cual se estima, debería ser de unos US$100 mil millones anuales.
“En materia de adaptación, buscaremos avanzar en generar indicadores para la Meta Global de Adaptación, y se otorgue un mandato claro, de manera que se logre contar con ellos en la COP30, a fines de 2025”, informó la cartera de Medio Ambiente. Mientras, que en cuanto al mercado de carbono, señalan esperar que “se definan los lineamientos necesarios para operar un mercado que vele por la transparencia en el manejo y seguimiento de la información”, además -indican- “se evite la doble contabilidad de las emisiones, lo que genera lo que conocemos como greenwashing”.
WWF Chile complementa señalando la necesidad de “avances demostrables hacia nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que limiten el calentamiento a 1,5°C y garanticen una transición justa para abandonar los combustibles fósiles”.
Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente explicó que el poder resolver el problema para operativizar el mercado de carbono no regulado, donde se vende más de lo que el proyecto realmente redujo en emisiones o se generan iniciativas en áreas que no corresponden, implica “determinar los lineamientos para aplicar estos mecanismos que permitan a Chile enfocar correctamente los recursos internacionales en medidas de mitigación y adaptación en línea con la estrategia nacional”.
Uno de los casos más emblemáticos en Chile sobre los impactos del cambio climático en la zona central del país es el del secamiento de la Laguna de Aculeo, ubicada al suroeste de Santiago, en la comuna de Paine, siendo la única laguna natural de la Región Metropolitana. Y es que en el año 2018 el cuerpo de agua desapareció, luego de un dramático proceso de disminución en el que influyó una megasequía de más de una década y la acción humana.
“La desecación de la Laguna de Aculeo es un desastre ecológico, un fenómeno complejo, influenciado tanto por factores naturales como por acciones humanas. Aunque es difícil asignar una proporción exacta de responsabilidad a cada uno”, indicaron a Climate Tracker desde la organización comunitaria local Movimiento Aculeo.
“Si bien hay un estudio de la Universidad de Chile que indica que su secamiento se debe al cambio climático, otro posterior de la Universidad de Arizona de 2022, señala que el principal causante no sería la falta de precipitaciones, sino causas netamente antrópicas. Éstas incluyen el uso indiscriminado del agua para actividades agrícolas de gran escala, el desvío de los principales afluentes, la extracción ilegal mediante pozos y el crecimiento poblacional e inmobiliario”, detallan desde la agrupación ambiental.
Aunque Chile posee emisiones marginales de GEI (0,3%) a nivel global, es uno de los países del mundo que se verán más afectados por el cambio climático. Según la CMNUCC, el país ostenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad: áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Condiciones que se profundizan respecto a debilidades institucionales, desigualdades sociales y al modelo de desarrollo.
“La expectativa es que un buen resultado en la COP29 pueda traer beneficios y oportunidades a las comunidades impactadas por el cambio climático en Chile, a través de la implementación de políticas globales que fortalezcan las medidas de adaptación y mitigación a nivel local. También un incremento de la ambición en las NDC del país debería estar alineada con esto, así como mayores opciones de financiación y cooperación internacional, lo que podría traducirse en transferencia de tecnologías y conocimientos para fortalecer la resiliencia de Chile para enfrentar la crisis climática”, indicó el director de WWF Chile.
Para el Movimiento Aculeo, las vulnerabilidades del país, y en particular, de la Cuenca de Aculeo y el presente de la laguna son fundamentales para que Chile “sea considerado en el Fondo de Pérdidas y Daños, con el fin de establecer estrategias de restauración de los ecosistemas degradados, y además, para que se puedan apoyar a las comunidades campesinas, que están vendiendo sus tierras y empobreciendo, y de esta forma, generar reconversión de cultivos e incorporar técnicas para el uso eficiente del agua”.
