PAÍS
El anuncio de la construcción de una cárcel de alta seguridad en Santiago encontró, como se esperaba, un rechazo casi automático de sus vecinos y vecinas. Según expertos de la Universidad de Concepción, el nuevo recinto penitenciario plantea desafíos urbanos y sociales a enfrentar.
La presencia creciente de delincuentes de alta peligrosidad ligados al crimen organizado en el país y el histórico hacinamiento existente en las cárceles y centros penitenciarios chilenos, impulsaron el anuncio de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Tras el anuncio realizado por el Mandatario el pasado 18 de julio, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo (PC), afirmó en una entrevista radial que el proyecto ha sido “bien estudiado”. Vallejo reconoció que el Ejecutivo sabe que el anuncio es “impopular”, pero que la situación actual ha llevado a “acelerar” este proyecto, que se ha estado trabajando durante un año.
Y es que la actual cárcel de máxima seguridad de Santiago —el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS)—, operada por Gendarmería de Chile, se encuentra completamente sobrepasada, lo que ha llevado a considerar urgente la construcción de un nuevo recinto que cumpla con estándares internacionales para albergar a los criminales más peligrosos del país. Sin embargo la iniciativa ha recibido el rechazo de vecinas y vecinos de Santiago.
Sobre esta materia, la última encuesta Cadem muestra que el 88% cree que esta cárcel debería estar alejada de los grandes centros urbanos, mientras que sólo el 8% estima que es correcto hace una nueva cárcel en la comuna de Santiago.
Ante este anuncio los expertos adelantan que se deben evaluar los pro y contras de la construcción de un recinto de las características señaladas.
El académico del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Concepción, Leonel Ramos Santibáñez, señala que las cárceles han sido parte de las ciudades desde tiempos históricos. “Han habido cárceles famosas en las periferias y también en pleno centro urbano. Ahora, en el caso particular de Santiago, lo que se quiere generar es una especie de barrio dedicado al tema carcelario. Entonces, esa es una medida que tiene coherencia, por ejemplo, desde el punto de vista de lo rápido que se deben hacer las obras, puesto que allí se encuentran a disposición todos los servicios básicos”.
Desde el punto de vista urbano, el experto puntualiza que una cárcel no debiera generar un impacto negativo muy alto, ya que las cárceles suelen ser “buenos vecinos” porque son lugares que están bien resguardados, “entonces, podría no generar ese tipo de pérdida de plusvalía de las propiedades que se encuentran en las cercanías. En términos negativos para el espacio público, quizás las aglomeraciones que provocan la gran cantidad de visitas pudiera ser un tema a considerar”.
El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, Pablo Fuentealba Carrasco, profundiza en el análisis y explica que una cárcel de alta seguridad, aunque probablemente no tendrá un efecto directo en la seguridad, sí puede constituir una herramienta para que las instituciones de justicia puedan gestionar mejor estos casos graves de criminalidad y abordarlo aisladamente de otros tipos de delincuencia común.
“El separar criminales de alta peligrosidad disminuye el riesgo de que delincuentes de menor peligrosidad se asocien con grupos pertenecientes al crimen organizado y además se socialicen en formas de delito más violentas. Y también debe cautelarse, porque una de las críticas a este tipo de cárceles es que muchas veces vulneran los derechos humanos al generar condiciones de aislamiento y daño psicológico, que luego puede limitar cualquier posibilidad de reinserción o resocialización”, explica.
El 18 de julio el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana.
¿Dónde están las causas del crecimiento exponencial del crimen organizado? El profesor Fuentealba manifiesta que cuando existen altas tasas de marginalidad, pobreza, segregación social, desempleo o poca cohesión social, se facilitan las condiciones para que el crimen organizado penetre. Lo mismo ocurre con una institucionalidad débil, poco acceso a buena educación, salud y oportunidades en general.
“El sistema económico en el que vivimos busca que estemos integrados y seamos exitosos económicamente mediante nuestro trabajo y esfuerzo. El problema es que en países con alta desigualdad, las oportunidades de alcanzar ciertas metas elementales resulta difícil para los grupos mas vulnerables de la población. Es decir, se genera una desigualdad de oportunidades porque no todos han recibido las mismas herramientas para competir, no hay seguridad social, las personas cuentan con empleos precarios e inestables, en un país que cuyo costo de vida es alto”, alude el sociólogo UdeC.
Dichos escenarios favorecen la penetración del crimen organizado, porque estos ofrecen oportunidades de desarrollo (dinero, prestigio y reconocimiento dentro del grupo criminal, acceso a bienes, etc.) que hoy difícilmente podrán lograr dentro del sistema actual, añade el académico.
“El crimen organizado ofrece un lugar en la organización, reconocimiento, bienes y/o dinero que muchos toman a pesar de los riesgos asociados, y suele reclutar a la población más vulnerable. Aquí los extranjeros están más expuestos al no contar con permisos de trabajo y condiciones de vulnerabilidad”, explica Fuentealba, quien complementa señalando que los países que presentan menores tasas de crimen no van de la mano con una justicia más dura o policías más fuertes, sino porque cuentan con un Estado social más profundo, mejor educación y oportunidades, menores niveles de desigualdad social y con un sueldo mínimo con el cual se puede vivir más que dignamente.
“Es importante considerar que los delitos que se reportan o denuncian, persiguen y que finalmente llegan a condenas, constituyen una fracción muy baja de todos los que ocurren. Algunos consideran que esta cifra llega apenas al 2 o 3%. Entonces, si bien el enfocarse en esos delitos y perseguirlos es necesario, su persecución no va a resolver el problema del crimen si es que la gran mayoría de los delitos ni siquiera llegan a conocerse por el sistema de justicia. Por ello, es esencial que el Estado y las autoridades apuntes a atacar las causas más profundas que explican la emergencia del crimen”, sentencia.
