Violaciones a los DD.HH.: la fuga del líder del escuadrón de la muerte de Santa Bárbara

A sus 78 años, Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartning es uno de los 17 sujetos que aún figuran como prófugos de la justicia por distintos casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en plena dictadura, de acuerdo con el catastro que al respecto mantiene el estudio jurídico Caucoto.

Entre ellos, están otros sujetos, como Federico Chaigneau, exoficial de la DINA, condenado por varios secuestros y homicidios calificados cometidos en medio de la Operación Cóndor; Nelson Haase, exoficial de Ejército, condenado por los secuestros y homicidios calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga; así como los asesinos del diplomático español Carmelo Soria, los exmiembros de la DINA Guillermo Salinas, Pablo Belmar y René Quilhot; y Jaime Ojeda, condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio “La Serena”.

Sin embargo, el caso de Barrueto es distinto, pues a diferencia de todos los anteriores (y de otros prófugos), él, su hermano Manuel y varios otros sujetos con los que actuó en los días posteriores al golpe de Estado, no eran miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Investigaciones, sino que formaban parte de un verdadero escuadrón de la muerte integrado por civiles y que operó en la zona de Santa Bárbara, Región del Biobío, en los días posteriores al golpe de Estado, en concomitancia con uniformados.

En 2011, el ministro en visita para causas de DD.HH. de la Corte de Concepción, Carlos Aldana, emitió una primera condena por los secuestros de 29 campesinos, entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, proceso en el cual los hermanos Barrueto, propietarios del fundo “El Huachi”, fueron condenados a 6 años y medio de cárcel, debido a los múltiples testimonios que existen respecto a la forma en que actuaron en 1973.

Según dijo el propio Luis Barrueto Bartning a la justicia, después del golpe “fue llamado por el jefe de la Guarnición Militar de Los Ángeles –no recuerda si fue el Coronel Rehren o el Mayor Martínez– para colaborar con el Ejército en tareas de transporte y patrullaje”.

Aunque en el mismo testimonio Barrueto negó haber formado parte de Patria y Libertad, que fue muy fuerte en la provincia de Biobío, donde además estaba estrechamente relacionada con Colonia Dignidad, diversos antecedentes indican que sí era parte de ese grupo y que a ello obedeció su incorporación en apoyo al Ejército.

En dicho contexto, aseveró que se recibió una información sobre la presencia de “elementos extremistas” en el sector Quillaileo, ante lo cual –según su relato– “el Coronel Rehren le dio la orden de ponerse a disposición del Jefe de la Tenencia de Santa Bárbara –entonces el oficial Aravena– con el objeto de ayudar a la identificación de esas personas”. 

Tras ello, relató que él, su hermano, el carabinero Aravena y otros cuatro o cinco policías partieron en dos camionetas hasta el fundo de su familia, donde “colaboró con la identificación de varias personas”. 

Según dijo, no sabe qué pasó con dichas personas, minimizando su rol en los secuestros, algo diametralmente opuesto a los testimonios de las víctimas, todos los cuales señalan que los Barrueto iban armados, encabezando los allanamientos y actuando en forma muy violenta.

Los testimonios 

Jacinta Godoy, por ejemplo, dijo que cuando llegaron a buscar a su esposo, Manuel Salamanca, la noche del 20 de septiembre de 1973, a eso de las 23:30 horas, ella estaba durmiendo junto sus hijos (de entre nueve y dos años) y que despertó con el sonido de las cerraduras de las puertas que eran “reventadas” por los invasores. 

Uno de los Barrueto le preguntó por “El Choco”, como le decían a su esposo, y –según declaró– “las personas que detuvieron a su marido fueron los hermanos Ricardo y Manuel Barrueto, los civiles hermanos Valdivia y el Pelao Domínguez, Sergio Fuentes Valenzuela y Simón Mera, ya fallecido. De los Carabineros, supo que intervinieron Jaime Godoy y Heraldo Pulgar Riquelme”. 

Al reclamar, recibió un culatazo en la frente de parte de Manuel Barrueto, que la dejó inconsciente. Luego de ello se llevaron a su esposo, de quien nunca más volvió a saber.

Mejor suerte tuvo otra víctima, Julio Erices, quien dijo a la justicia que, mientras viajaba en un bus rural, fue detenido por los hermanos Barrueto y otros civiles, quienes subieron y comenzaron a llamar a viva voz a distintas personas, incluyéndolo. Como si fuera un procedimiento policial, los bajaron, los tendieron en el suelo y luego de ello los lanzaron al pick up de una camioneta, custodiados por un carabinero.

“La camioneta era conducida por Manuel Barrueto, en tanto que había un segundo vehículo similar conducido por Ricardo Barrueto donde también iba gente detenida, custodiada solo por otro carabinero. De inmediato fueron llevados a la Tenencia de Santa Bárbara y metieron a los detenidos en un mismo calabozo”, relató Erices, quien explicó que en la noche comenzaron a sacar a los detenidos en grupos, tres en total, “pero nunca más volvieron a la celda”.

“Una vez que quedó libre escuchó a la gente del pueblo decir que se veían cadáveres en el río y que esa gente había sido fusilada en el Puente Quilaco”, consigna la sentencia de primera instancia, agregando que “al momento de su detención los hermanos Barrueto andaban con revólveres, en tanto los hermanos Valdivia, el tal ‘Niebla’ y el Negro Fuentes estaban armados con metralletas”, detalló, coincidiendo con varios otros testimonios del mismo tenor, incluyendo uno que explica los hechos como una venganza en contra de algunos de los campesinos, debido a que los Barrueto los culpaban de la sustracción de 40 cabezas de ganado de su fundo.

Un largo camino judicial

La sentencia de primera instancia del ministro Aldana fue anulada y se designó a una nueva ministra en visita, Raquel Lermanda, que en 2013 terminó subiendo las penas en contra de los hermanos Barrueto, a 10 años y un día, como autores de siete secuestros calificados, cometidos en la comuna de Santa Bárbara.

En una situación inédita, poco vista en cualquier parte de Chile, la Corte de Apelaciones de Concepción demoró seis años en emitir un fallo de segunda instancia y, en este caso, rebajó las penas de ambos a 6 años, al ser considerados por las ministras Carola Rivas y Viviana Iza, junto al abogado integrante Jean Pierre Latsague, como “cómplices” de los secuestros, lo que fue revertido en octubre de 2022 por la Segunda Sala de la Corte Suprema (formada en ese entonces por Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier), la cual restableció la calidad de “autores” de los delitos para los hermanos Barrueto, reponiendo para ellos la pena original, es decir, 10 años y un día. 

En medio de todo este ir y venir judicial, Luis Barrueto Bartning nunca se presentó a cumplir con su condena definitiva y es actualmente buscado por la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI.

Los pactos 

Al respecto, el abogado Francisco Bustos, del estudio jurídico Caucoto, sostiene que el hecho de que aún haya tantos prófugos a estas alturas obedece a “una manifestación todavía de los pactos del silencio, como los pactos de protección”. 

Un ejemplo de ello, señala, es que “hay muchas personas que incluso superando los 80 años pudieron mantenerse prófugas. Pienso, por ejemplo, en Héctor Osses Yáñez, el general de Carabineros en retiro, que era director de asociaciones gremiales de uniformados, que logró estar más de dos años prófugo de la justicia. Por lo tanto, existen redes incluso para este tipo de personas, que apelan a su vejez y a su supuesta falta de autovalía”. 

Respecto de Barrueto, que también es empresario, dijo que “desde luego que la fortuna, las riquezas que tienen, también les ayudan a tratar de burlar la justicia”. 

Sin embargo, agregó que “también hay algunas omisiones del Poder Judicial que colaboran con esto y el llamado que haríamos en ese sentido es a hacerse cargo de un mejor control de las medidas cautelares que existen para evitar estos prófugos, porque lo hemos venido alertando hace bastante tiempo y no se han hecho los cambios que pueden evitar que esto se siga produciendo. Esto es algo que se pudo haber evitado y creo que es lo más terrible, porque no solo hablamos de 50 años de impunidad, sino que existiendo sentencias, la impunidad parece prolongarse”. 

Sobre ello, especificó que “por ejemplo, ahora que se tramitó el pedido de extradición que pidió la justicia italiana por la Operación Cóndor y otros crímenes de ciudadanos con doble nacionalidad, la ministra Ángela Vivanco controlaba muy estrictamente las cautelares. En ese sentido, me parece que es uno de los mejores ejemplos que he visto”. 

También comentó el caso Quemados, detallando que “después de que tuvieron lugar los alegatos ante la Corte Suprema, nosotros pedimos la medida cautelar de prisión preventiva y, en subsidio, el arresto domiciliario. No lo concedieron, lo ganamos en la Corte de Apelaciones y, al poco tiempo, Julio Castañer (uno de los condenados) presentó un contrato de trabajo para solicitar autorización para que el arresto domiciliario le permitiera salir una cierta cantidad de horas al día. Se lo concedieron y nosotros miramos el contrato… y la que aparece contratándolo era la señora, por lo que nos parece que eso no tenía la seriedad suficiente. La Corte nos encontró la razón y finalmente le denegaron el permiso y eso permitió que, cuando saliera la sentencia, él estuviera en arresto domiciliario y eso permitió que entrara a cumplir”. 

Asimismo, opinó que es necesario que “al momento de publicar la sentencia exista un trabajo coordinado previo con la PDI. Por ejemplo, en el caso Paine, que son muchos los condenados, la ministra Marianela Cifuentes hizo un trabajo previo y, de esa manera, ya estaban todos detenidos, salvo uno que estuvo prófugo más tiempo al momento de salir el fallo”. 

Otro ejemplo al respecto es el caso de Francisco Lucero Montenegro, empresario de Paine, que “cuando salió la sentencia, la ministra antes había ordenado a un equipo de Investigaciones que lo siguiera y lo detuvieron en el aeropuerto. Es decir, depende muchas veces de jueces con nombre y apellido”.