PAÍS
Foto: AgenciaUNO
El defensor Anuar Quesille recomendó reglamentar y supervisar estos recintos a través del Ministerio y la Superintendencia de Educación. La diputada Romero instó al Gobierno a priorizar la Sala Cuna Universal. La subsecretaria Lagos afirmó que tienen una extensa agenda sobre educación inicial.
La tarde del martes, la Policía de Investigaciones (PDI) encabezó las primeras diligencias tras la muerte de un lactante en Estación Central. El menor de ocho meses falleció en una guardería ilegal. Al lugar acudió personal de Carabineros, SAMU y Bomberos, quienes constataron el deceso del bebé chileno, hijo de padres dominicanos, por paro cardiorrespiratorio y asfixia.
La guardería, operada por una mujer de 42 años, albergaba a cerca de diez menores. La imputada, que cobraba entre $60,000 y $80,000 por el servicio, fue detenida, pero posteriormente quedó en libertad, citada solo a declarar. Los otros niños fueron entregados a sus padres sin reportarse afectaciones en su salud.
Esta tragedia se suma a otra ocurrida en junio, cuando una niña de tres años murió tras caer desde un octavo piso en Quinta Normal, en otro recinto clandestino.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, reveló que la familia del bebé había solicitado ingreso a un jardín infantil municipal en julio, pero la falta de cupos los llevó a optar por la guardería ilegal. Muñoz destacó que, aunque la comuna administra nueve jardines infantiles con capacidad para más de 820 niños, hay una lista de espera de 1.600.
Anuar Quesille, titular de la Defensoría de la Niñez, expresó su consternación: “Una vez más, lamentamos otra desgracia debido a la falta de fiscalización en guarderías ilegales. Este fenómeno surge ante la escasez de cupos en jardines infantiles estatales”. Quesille criticó la limitada competencia de la Superintendencia de Educación en estos casos y urgió por una regulación que asigne a un órgano estatal la responsabilidad de fiscalizar estos establecimientos.
“Hemos recomendado al Ejecutivo reglamentar y supervisar, a través del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, los recintos que cuidan niños pero no son reconocidos como establecimientos educativos. Si no, seguiremos lamentando tragedias como la de Estación Central”, añadió el defensor.
Por su parte, según consignó El Dínamo, la diputada Natalia Romero (Ind. UDI), miembro de la Comisión de Familia, instó al Gobierno a priorizar el proyecto de ley Sala Cuna Universal. Recordó el caso de Quinta Normal y enfatizó la urgencia de esta legislación, presentada en 2022.
Cabe mencionar que el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal fue aprobado en general por la Sala del Senado, el pasado martes 2 de abril, al recibir 24 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Sin embargo, su contenido ha generado una serie de dudas, por lo que varios legisladores presentaron indicaciones a dicho proyecto, las cuales deberán ser analizadas y discutidas en detalle en las comisiones de Trabajo y de Educación del Senado.
Además, las diputadas Carla Morales (RN) y Karen Medina (Ind) solicitaron formalmente al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y a la Subsecretaría de Educación Parvularia información sobre la seguridad y condiciones de las guarderías y jardines infantiles en el país.
La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, lamentó lo ocurrido en Estación Central y reafirmó el compromiso del Gobierno con el resguardo de los derechos de las niñas y niños.
“Las guarderías clandestinas no son establecimientos educativos y representan un riesgo para los derechos de las niñas y niños, pues no aseguran el cumplimiento de condiciones, espacios y personal idóneo para resguardar su bienestar integral y desarrollo”, sentenció.
La subsecretaria Lagos se reunió con el alcalde Muñoz para abordar la situación de la comuna. Por ello, detalló, “también hemos abierto un espacio de trabajo con las instituciones de la Educación Parvularia Pública, Junji e Integra, para generar modificaciones administrativas y legales que permitan mejorar la gestión de la oferta pública, y así abordar el problema de personas que matriculan a niñas y niños, pero luego no los envían a los establecimientos, lo que no permite liberar y reasignar estos cupos a las familias que lo requieren”.
Lagos recordó que, como Gobierno, “tenemos una extensa agenda legislativa enfocada en mejorar el acceso a la educación inicial”. Destacó que esta semana se aprobó en general el proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Esto, añadió, “busca entregar herramientas normativas para actualizar y regularizar lo que tenemos actualmente, asegurando estándares de calidad y mejorando el acceso al sistema”.
La jefa de la Subsecretaría de Educación Parvularia también resaltó que este año se presentó la “Agenda Sala Cuna para Chile“, que busca facilitar el acceso de madres y padres a salas cuna y jardines infantiles, públicos o privados, que se encuentren certificados.
Así, concluyó, “seguiremos trabajando en estas y otras iniciativas, que ponen en el centro el derecho al bienestar integral y a la educación de las niñas y niños”.
